Estudios comprueban que las dominicanas siguen siendo víctimas de trata para fines de explotación sexual

Por Emilia Santos Frías

La República Dominica es un espacio de tránsito para los flujos migratorios y actualmente  alberga a migrantes, de distintas nacionalidades, entre ellas, personas haitianas, venezolanas, chinas, cubanas, colombianas, entre otras. Se cree que el 15 por ciento de la población nacional, está involucrada en migración.

En ese sentido, se estima que el delito de trata y tráfico ilícito de personas persiste y crece cada día, aún con la persecución de las redes de tratantes y la repatriación de las víctimas. La desigualdad estructural de género, la pobreza y la violencia, siguen siendo de las principales causas que llevan a entrar en ese mundo de abusos. Las redes de tratantes siguen estando dentro y en el entorno familiar.   Integrada por personas conocidas por las víctimas en su comunidad y vínculo familiar.

Desde el año 2010 a la fecha, nuestro país ha producido decenas de investigaciones acerca de la trata y tráfico de personas en el país, realizadas por agencias internacionales, asociaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, entre ellas: la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM), el Comité Interinstitucional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), y la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA), entre otras entidades del Estado, así como,  en el exterior.

La mayoría de estas pesquisas concluyen que las mujeres dominicanas son tratadas para fines de explotación sexual. Además, reconfirman que los factores estructurales económicos, sociales; la desigualdad y los privilegios, así como, el sexismo, racismo y marginación, persisten como, causantes del delito de trata y tráfico de personas.

La fase de la trata, delito contra la persona que implica el traslado regular e irregular; inicia con el reclutamiento o caza; la manipulación o captura, con engaño o abuso. Así como, el viaje y el trámite; explotación en el destino, detención de los infractores y rescate de las personas abusadas. Sin embargo,  termina con la fuga de los tratantes, cuando debería finalizar con el retorno y la rehabilitación de las personas que fueron martirizadas, las que deben regresar a su vida a disfrutar de sus derechos fundamentales como lo hacían antes de haber sido tratadas.

Lo cierto es que, es necesario hacer más esfuerzos para reducir el fenómeno trasnacional de la trata. Además, luchar por la dignidad y la justicia de las personas afectadas; crear programas efectivos, de prevención y recuperación, para eliminar el mote que tiene nuestro país de “punto caliente de trata”.

Reforzar la regulación para visa y documentación; crear oportunidades laborales en el país, que desde 1990 es considerado como un país de origen, tránsito y destino para tráfico y trata de persona, donde las niñas, los niños y adolescentes (NNA), así como, las mujeres  son las principales víctimas, tanto dentro como fuera del país.

Se cree que esta población vulnerable: los NNA y las mujeres, son víctimas de trata comúnmente en el Caribe, Europa, Estados Unidos, Asia, Medio Oriente y otro países, para introducirlos en la industria del sexo,  trabajo doméstico, la construcción, labores agrícola, la venta, mendicidad, servidumbre, narcotráfico, proxenetismo y trabajo forzoso.

Por eso, entre los retos que tiene el país para combatir esta problemática,  está la creación y difusión de campañas de sensibilización, acerca de los riesgos, centradas en la prevención, tal como plantea el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Persona 2017-2020. Además, identificar y dar seguimiento a la problemática de la trata, para propiciar que las víctimas denuncien el delito y colaboren con las autoridades para conseguir la penalización de las redes de facinerosos.

De igual forma, es menester, que las instituciones, agencias y asociaciones de la sociedad  civil, trabajen en coordinación para combatir la problemática. Mientras se capacita  y sensibiliza a funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y del sector privado.

Fortalecer la cooperación interinstitucional entre los países e impulsar proyectos de empleo. Reforzar las políticas migratorias  para que sean identificadas por quienes trabajan el tema, para prevenir, perseguir y proteger a las víctimas.

Del mismo modo, plantear acciones para investigar, y penalizar el delito; crear mecanismos de protección a víctimas, mediante  tratamiento digno, seguro y no discriminatorio. También, crear más casas de acogida y hogares especializados, para que puedan rehabilitarse, sin miedo, con esperanza y con motivación. Así como, un programa nacional de retorno asistido y aplicar la ley con severidad, para castigar a los perpetradores.

Estas y otras aseveraciones y recomendaciones, están expuestas en el estudio: La Vida antes y después de la Trata, Enfoques Innovadores para el Estudio de la Trata dentro y fuera de República Dominicana, 2019, de la autoría de Nina Sorensen, editado por el Instituto Nacional de  Migración (INM).

Hasta pronto.

Por Emilia Santos Frías

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