Establecer un techo presupuestario

Por El Nuevo Diario

Consideramos que es necesario dar una mayor atención a los temas del endeudamiento externo y del presupuesto de la Nación. Vemos con preocupación, que aparentemente cada año, el déficit fiscal se tiene que financiar, incrementando la deuda del país con los acreedores del exterior y creemos firmemente que se debe evitar la situación que se le presentó al país en los años de 1983-84 que tuvimos que recurrir al Fondo Monetario Internacional y en consecuencia, se originaron disturbios a nivel nacional y se perdieron vidas de ciudadanos de nuestro país.

Por lo tanto, sugerimos explorar la posibilidad de considerar mecanismos de diálogo que permitan analizar los pros y contra en establecer un techo presupuestario de gastos. En ese sentido, se sugiere abrir una amplia discusión con todos los sectores involucrados, para evaluar la conveniencia de establecer un techo presupuestario de gastos por medio de una Enmienda Constitucional. Dentro de ese contexto, los temas más relevantes a considerar son los siguientes:

Establecer un nuevo régimen fiscal dentro del ámbito del presupuesto y de la seguridad social; b) Establecer un plazo de duración, por ejemplo 10 o 20 ejercicios financieros; c) Establecer límites individualizados, para los gastos primarios de cada uno de los tres Poderes de la Nación;

 

  1. d) Adoptar criterios anuales de ajustes al presupuesto, por ejemplo, al valor del límite referente al ejercicio inmediatamente anterior, corregido por la variación del Índice de Precios al Consumidor; e) Identificar, las excepciones que no se incluyan en la base del cálculo y en los límites establecidos como por ejemplo, gastos no recurrentes de la Junta Central Electoral por la realización de elecciones y gastos debido a la pandemia del 2020, entre otros. Y

 

  1. f) Fortalecer, el Sistema de acompañamiento de la ejecución del presupuesto de parte del Ministerio de Finanzas, de tal forma que permita al Poder Ejecutivo manejar recursos, entre renglones de gastos, sin sobrepasar el techo previamente estipulado.

 

Considerando, la cuantía que el gasto público alcanzará en los próximos años, y más aún en un contexto de estrechez fiscal con elevados aumentos en los niveles de endeudamientos y de crecientes demandas ciudadanas, se convierte en un imperativo ineludible la necesidad de iniciar un proceso de monitoreo, que permitan identificar y adoptar todas aquellas medidas que ayuden a mejorar la eficacia con que el Estado administra sus recursos.

 

Por otro lado, se deberá identificar las modificaciones necesarias en la ejecución de las diversas cuentas, pero además, dar por terminados o reducir aquellos programas que no están mostrando resultados. En principio, esto es responsabilidad tanto del presente gobierno que tiene que adoptar la iniciativa en materia de gasto público, como también del Congreso, que es el que debe aprobar los presupuestos y sus iniciativas. Del mismo modo, se deberá  adoptar una política de austeridad eliminando el barrilito y los fondos destinados a acciones de carácter sociales.

 

No obstante, es un signo de preocupación que el parámetro más usual con que los legisladores suelen juzgar, el presupuesto presentado por el gobierno, sea sencillamente el alza que se presenta en cada partida y cada asignación particular. Cuando los recursos se están usando en forma poco eficiente, un aumento del gasto no producirá una mejora e incluso puede ser indeseable en la medida que ello aumentará el despilfarro.

 

Cuando el debate apunte a mejorar la calidad del gasto, se tendrá que considerar no solo su cuantía, si ese fuere el caso, el país estaría avanzando en la dirección correcta. Para que esto sea posible, además de llevar a cabo un monitoreo en tiempo real, que permita aumentar y mejorar la eficiencia del gasto y el logro de ese objetivo es indispensable, que tanto el Ejecutivo, como sobre todo el Congreso, muestren disposición para ceñirse a dichas recomendaciones y no utilizar subterfugios y con ello aumentar sus gastos personales bajos falsas justificaciones.

 

Como en cada período anual, la Dirección de Presupuesto debe informar sobre los resultados de la ejecución de los programas gubernamentales del último año. A este respecto, se debe tratar de un proceso de evaluación de una muestra de la oferta programática total del Estado, aunque no supere el 10% del gasto público anual, podría ser un mecanismo importante y preocupante de alertas respecto a la manera en que se están administrando los recursos de los contribuyentes. Si algo el gobierno debe tener bien claro, es que la política fiscal no puede continuar reflejando déficits del orden del 9,3% para el 2020 y 4,8% para el 2021 ya que esos porcentajes reflejan que la política fiscal es insostenible. Finalmente, con el objeto de mantener la transparencia y rendición de cuentas, se requiere que el órgano auditor o sea, la Cámara de Cuentas deberá presentar una lista de las instituciones que serán auditadas anualmente.

Autor: Guillermo A. Rivera R.

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