EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El experto en Seguridad Social, Arismendy Díaz Santana, consideró necesario evaluar a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), a fin de introducir los correctivos necesarios para hacer más eficientes a esas entidades y si es necesario, eliminar a aquellas que no cumplan la misión para la que fueron creadas.
En ese orden consideró que la administración del riesgo de salud en la República Dominicana aún se encuentra en una fase intermedia; más avanzada que la aplicada por las antiguas igualas médicas privadas, pero por debajo del nivel necesario para garantizar el acceso al cuidado de la salud como un derecho humano incondicional, con mayor cobertura y calidad y sin copagos ilegales.
No obstante, Díaz Santana criticó que una vez más el Colegio Médico Dominicano (CMD), argumente que las ARS deben desaparecer porque son intermediarias, preguntándose que si esa fuera una razón válida, ¿Por qué los médicos aceptan, con tanta complacencia, a los visitadores a médicos, intermediarios de los grandes laboratorios farmacéuticos?
A continuación señaló que los aceptan porque reciben compensaciones y gratificaciones por prescribir los medicamentos más caros.
Explicó que las ARS se crearon para en representación de millones de afiliados, contratar a las Proveedoras de Servicios de Salud (PSS) por volumen, con tarifas más razonables y sostenibles que las que pagan los pacientes sin seguro.
En tal sentido precisó, que las ARS no son simples intermediarias ya que además de esta función negociadora: 1) deben organizar y articular a las PSS por niveles de atención para optimizar los servicios y recursos disponibles; 2) identificar y monitorear los factores de riesgos que afectan el costo, la calidad y oportunidad de la atención, y 3) detectar los excesos y fraudes de las PSS, para preservar la sostenibilidad financiera del Plan Básico de Salud (PBS).
Afirmó que eso es lo que más molesta, porque las PSS detestan cualquier tipo de control.
Asimismo se preguntó que si no existieran las ARS, ¿Quién negociaría las tarifas con las PSS? ¿Quién le pagaría a las PSS? ¿Quién detectaría y evitaría la sobre facturación, los abusos, excesos y fraudes? ¿Cuáles serían las oportunidades de un afiliado aislado, sin conocimiento médico, reclamando sus derechos a una PSS?.
Afirmó que la importancia de las ARS para asumir las funciones señaladas resulta más que obvia y lo que se debe hacer es demandar que se cumplan.
Sostuvo que esas funciones limitan la libertad de los médicos para prescribir, sin control ni protocolos, los servicios que él mismo vende y/o de los que recibe una compensación, tanto de los centros de diagnósticos, como de las grandes corporaciones farmacéuticas, asegurando que ese es el verdadero trasfondo del rechazo.
Arismendy Díaz Santana manifestó que si las ARS desaparecieran, millones de afiliados dispersos, desinformados y desorientados, quedarían sin representación contractual, despejándole el camino a las PSS para cobrar tarifas más altas, sin entregar facturas y sin pagar impuestos, por lo que el costo de los servicios crecería más rápidamente, sin que ello mejore la calidad de la atención, ni la salud de la gente.
Dijo que al aumentar el costo, el cuidado de la salud se tornaría más excluyente, estratificado y unilateral, alejando la posibilidad de alcanzar una seguridad social para todos y advirtió que si el sistema funcione sin este contrapeso, se corre el riesgo de volver a otro Instituto Dominicano de Seguros Sociales politizado, todopoderoso, clientelista, burocrático e ineficiente, totalmente manipulable por los gremios profesionales.
Al mismo tiempo, Díaz Santana criticó que algunas ARS hayan desnaturalizado su rol y utilicen su influencia con fines lucrativos, concibiendo al afiliado como sólo un número.
Consideró que las principales fallas de las ARS se concentran en tres malas prácticas: a) defensa insuficiente de sus afiliados ante el alza de los copagos; b) retrasos en los pagos a las PSS entre 35 y 45 días; y c) lentitud en las glosas y en los trámites administrativos y las auditorías.
Empero destacó que según las encuestas Gallup sobre las ARS privadas: 1) existe un alto nivel de satisfacción de los afiliados; 2) la mayoría estaría dispuesta a recomendarlas; 3) el nivel de información y orientación a los afiliados es insuficiente; y 4) su aceptación muestra un ligero descenso en los últimos tres años.
Afirmó que es cierto que el lucro desmedido desnaturaliza la función social que la Ley 87-01 le asigna a las ARS, pero aclaró que para evitar esos riesgos, excesos y distorsiones, la Ley creó al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA).
Sostuvo que la mayor responsabilidad de las distorsiones recae en esas instituciones, que son las llamadas a regular, supervisar y sancionar a las ARS, así como en los representantes de los afiliados ante el CNSS.
