El reparto de cualquier naturaleza desde las instancias públicas en medio de una campaña electoral resulta inaceptable, porque altera las reglas básicas de la equidad en una competencia.
Las acciones del Plan Social de la Presidencia en estas circunstancias deben parar. Y nos referimos a la distribución de efectos electrónicos con fines electorales. Es imprudente e injusto.
Las quejas de la oposición sobre esta práctica y la sugerencia de la Junta Central Electoral (JCE) resultan más que razonables. La intención se hace demasiado evidente para justificar las bondades del Gobierno.
Las competencias de cualquier naturaleza requieren respeto a las reglas y estas acciones populistas y electoreras las alteran.