¿Es realmente opcional el protocolo de audiencias virtuales?

Por El Nuevo Diario martes 14 de julio, 2020

Por el Lic. Luis Manuel Vílchez Bournigal

El Protocolo de audiencias virtuales contenido en la resolución 007-2020 del Consejo del Poder Judicial (CPJ), no solo surge de un organismo incompetente para establecer un procedimiento virtual para aplicarse en conflictos que surjan entre particulares ante los tribunales, especialmente en los Tribunales de Trabajo, como puede observarse en los Arts. 155 y 156 de la Constitución y en los Arts. 1 y 3 de la misma Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, sino que su particularidad más importante, el ser opcional, viene acompañado de circunstancias que lo pueden modificar haciéndolo obligatorio. Es a través del carácter opcional que el C.P.J. ha querido convencer a la clase jurídica de que se trata de un protocolo bondadoso, pero la realidad es otra, pues al ponerlo en práctica, los abogados se podrían ver en un escenario donde no solo se vulnera su derecho de defensa, sino que además se violente la tutela judicial efectiva y debido proceso consagrado en el Art. 69 de la Constitución.

El Art.7 del Protocolo indica que la aplicabilidad de las audiencias virtuales es facultativa, es decir, si una de las partes no esta de acuerdo con celebrar su audiencia virtualmente, debe celebrarse de forma presencial. Para la virtualidad se requiere la aceptación de ambas partes. Además este protocolo, en su Art. 17, señala que las partes podrán retractarse en cualquier momento de su negativa a participar en una audiencia virtual, pero esta retractación impide que la parte pueda luego retornar a la vía presencial;  igual ocurre cuando se ha elegido desde el principio la virtualidad, no podrá entonces el abogado o parte interesada solicitar que se cambie con el conocimiento de la audiencia a la vía presencial. El protocolo dispone en su Art. 21 que el juez, de oficio o a petición de parte, decide si interrumpe el conocimiento de la audiencia virtual por entender que se esta violando la idoneidad del proceso, es decir, el juez tendría la última palabra. Por ende, ante la negativa del juez, una parte que considere vital volver a la vía presencial estaría imposibilitado de hacerlo.

Estos artículos resultan conflictivos para la mayoría de abogados, no solo para los laboralistas, ya que: A) Muchos de los abogados dominicanos ejercen de manera independiente y otros pertenecen a pequeñas firmas que conocen en un mismo día de varias audiencias, lo que podría provocarle problemas si entre esas audiencias que tienen en ese día una resulta ser virtual; pues no tendría manera de participar a la vez en la audiencia virtual y en las demás audiencias presenciales que tiene. Las audiencias virtuales no tienen asignado un horario distinto a las presenciales, quedando entonces imposibilitado de solicitar que esta audiencia sea conocida de manera presencial debido al inconveniente surgido por las trabas de los artículos ya mencionados. A esto se suma que a pesar de que muchos manejan celulares inteligentes, abogados de cierta edad o de escasos recursos ubicados en lugares remotos, no tendrían la destreza para manejarse en una audiencia virtual. Preocupación que ha compartido el Presidente del Colegio de Abogados. B) De manera presencial un solo abogado puede asistir a varias audiencias, incluso en distintas salas, pues puede moverse de una sala a otra a defender sus casos o dejarle un expediente a un colega para que le asista momentáneamente en lo que termina de alguna otra audiencia que le “choque”; son cuestiones que puede resolver u organizar en cuestión de pocos minutos en los pasillos del tribunal. En cambio, existe una imposibilidad para un solo abogado en asistir a varias audiencias virtuales fijadas en la misma fecha, cuestión que resultaría complicada para una pequeña firma de abogados por igual. Solo una oficina grande podría contar con abogados suficientes para enfrentar un escenario de varias audiencias virtuales y presenciales fijadas el mismo día/hora.  C) La informalidad de los testigos: estos son los medios de prueba por excelencia en materia laboral, sin embargo, muchos de ellos no entienden la importancia de sus declaraciones ante un tribunal; por lo que, sin un abogado estar acompañándolo presencialmente en lo que comienza la audiencia, suelen hasta marcharse por cuestiones de diligencias o trabajos pendientes; en consecuencia, la vía virtual no es la mejor opción para asegurarse de que las personas designadas como testigos participen en audiencia. A esto le podemos sumar el factor económico  y técnico de los mismos, ya que los testigos en la mayoría de los casos son personas de escasos recursos que no poseen los elementos necesarios para poder participar en una audiencia virtual de manera remota. D) Si bien el protocolo establece la existencia de salas que estarán preparadas para que abogados, testigos u otro interesado participe virtualmente en las audiencias, no está claro qué cantidad de salas estarán habilitadas ni la forma en que podrán cumplir con las solicitudes de uso que diariamente se presentarán. El protocolo, para los casos virtuales,  no obliga que los testigos o las personas que participarán en una comparecencia personal de partes se presenten en audiencias virtuales a traves de las salas habilitadas establecidas en su Art. 18, limitando los requisitos para una celebración de medida idónea a que la persona esté en cualquier ubicación con acceso a internet, solo, mirando a la cámara en todo momento  lo que no evita que pueda estar leyendo algún cartelón colocado detrás de la cámara o que le estén haciendo señas. El juez ni la parte contraria tendrían manera para saber lo que esté ocurriendo en esa ubicación. A pesar de que los jueces tienen un poder activo en materia laboral y pueden tomar las declaraciones que les parezcan más apegadas a la realidad, no es menos cierto que con bastante frecuencia los jueces acogen las declaraciones de testigos profesionales en casos de demandas fabricadas.

La parte más preocupante de este protocolo reside en el párrafo II del Art.7, al indicar que durante la situación actual se impone la virtualidad, es decir un juez podrá establecer una audiencia virtual por encima de la voluntad de las partes. Este artículo se presta a abusos, por no señalar siquiera hasta cuándo esta situación se mantendría. De los Tres Poderes, el Judicial ha sido el que más lento se ha reintegrado a las actividades presenciales; ningún organismo de salud internacional está seguro de cuando se controlará el coronavirus; no obstante el protocolo le da la última palabra a los jueces de decidir  hasta cuando continuarán manejando  la virtualidad como la vía principal de conocer las demandas y no como una excepción a la regla. El Poder Judicial está en la necesidad de tomar medidas para iniciar el conocimiento de las audiencias presenciales y hacerse acompañar de la herramienta virtual para casos excepcionales, una vez el protocolo se ajuste a las disposiciones legales y constitucionales que ha inobservado desde su aprobación por el C.P.J.

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