¿Es imprescindible la orden del juez para los registros policiales a los vehículos?

Por Eduardo Canela jueves 17 de septiembre, 2020

Por: Eduardo Canela

Recientemente hemos visto el nacimiento de otra controversia en las redes sociales, esta surge a raíz de un número considerable de videos en los que se presencia como miembros de la policía nacional han estado deteniendo e inspeccionando específicamente los vehículos Honda Civic. Para aquellos que sean ignorantes al tema del porqué dichas revisiones se están realizando mayormente a este tipo de vehículo, es por el hecho de que, conforme vox populi, las personas dedicadas a actividades ilícitas que se circunscriben a clonación de tarjetas de crédito, robos de identidad y otras prácticas, aparentemente acostumbran a comprar este afamado vehículo.

La controversia si bien se centraba en las detenciones de los Honda, luego se transformó a que una parte de la sociedad se ha pronunciado diciendo que la Policía en República Dominicana no puede revisarle el vehículo de un conductor sin una orden judicial. Sin embargo, y conforme al orden jurídico, la intención de este articulo es educar al lector sobre las diferentes vías que tienen las autoridades de la ley que le permiten intervenir un automóvil, aún sin una orden judicial.

Si tan solo nos encerramos en lo que establece la Constitución, solo podrá ser cohibido de su libertad – y por añadidura, revisado su vehículo – una persona a quien se le encuentre en flagrante delito o por una orden judicial (Art. 40, Constitución Dominicana). Este articulado se refiere a las revisiones hechas cuando se trata de: 1) una investigación penal que esté en curso o; 2) sobre la base de un registro delictual preventivo. Estas revisiones se rigen por disposiciones del código procesal penal y en él se determina cual sería el protocolo para ambos casos.

En principio, para ambas revisiones mencionadas anteriormente, la Policía Nacional no necesita una orden judicial para realizar un registro de persona, lugar o cosa, pero requiere, en cambio, cumplir con un protocolo procedimental para su revisión y así proceder a la misma cuando el cuerpo policial presuma razonable y sospeche que el conductor tenga, ocultado en su vehículo, alguna pieza útil en el marco de una investigación.

El policía debe advertir que el registrado oculta objeto relacionados al hecho que se investiga; posteriormente se le solicita a que voluntariamente los muestre y en caso de que la persona no obtempere al llamado de la autoridad actuante, entonces se procede al registro. Culminado este, se procede a levantar acta debidamente llenada, la cual deberá ser firmada por el registrado y en caso de negativa, se hará mención sobre ella. Solo el cumplimiento de estas formalidades hará que este registro y que dicha acta policial tenga validez jurídica y asegura el respeto del debido proceso. (Arts. 175, 176 y 177, Código Procesal Penal Dominicano).

En el hipotético caso en el que el conductor voluntariamente muestre o en el proceso de estar siendo registrado se encuentren evidencias del hecho que se le imputa, se deberá verificar si cae dentro del concepto flagrancia, en cuyo caso, será detenido le orientaran sus derechos constitucionales y legales.

En segundo lugar, existe lo que es el registro colectivo, el cual es una práctica meramente preventiva, instrumentado en el Código Procesal Penal. Cuando el registro sea colectivo y se realice como operativo de prevención, es necesario que la Policía Nacional informe previamente al Ministerio Publico de la realización de dichos registros vehiculares; con estos podrán retener al conductor por plazo no mayor a 6 horas y secuestrar los objetos relacionados al delito que se investiga. Este registro, es muy conflictivo, toda vez, que faculta al agente policial arrestar al conductor por la simple sospecha de que sea autor o cómplice de un delito.

Como pueden ver, los registros realizados por la Policía Nacional son de carácter excepcional y no son empleados para otros fines mas que la prevención o la investigación de algún hecho cometido.

Ahora bien, en materia de tránsito, según el artículo 22 de la Ley no. 63-17, de Movilidad Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, los oficiales de la Dirección General de Seguridad de Transito y Transporte Terrestre (Digesett) – que cabe destacar que es una Dirección que esta bajo la dependencia de la Policía Nacional – podrán detener e inspeccionar cualquier vehículo cuando el mismo estuviere siendo usado en violación a dicha ley. Es decir, que, según el legislador, la policía podrá detener y revisar al conductor y su vehículo, en los casos en que el mismo esté violando la ley de tránsito. Esto aplicaría en los casos en que el conductor, por ejemplo: no tenga placa, no cuente con las revistas visibles exigidas por ley, haya violado una señal de tránsito, este conduciendo embriagado, etc.

En fin, si bien todo registro vehicular deberá hacerse respetando el procedimiento de la ley y garantizando los derechos fundamentales y el debido proceso tal y como establece la Constitución, las formas de registro vehicular que presenta el Código Procesal ciertamente generan dudas a la hora de exigir como requisito una Orden Judicial previo a la realización de una inspección policial.

Desde mi punto de vista, el Estado Dominicano debería considerar a implementar las grabaciones en video de las detenciones realizadas, tal y como hemos visto que se realiza dicha practica en otros países. Como hemos podido presenciar, existen más de dos casos en los cuales ni es requerida la afamada orden judicial y con la mera sospecha del oficial actuante, se pueda apresar a un conductor por la vía.

Con la implementación de esta practica realizada en varios países de la comunidad internacional, garantizaríamos una de dos cosas: 1) Que el agente haya hecho bien al arrestar al conductor dentro de la flagrancia, y; 2) Que en los casos que no haya sido en flagrancia, se hayan respetado los procesos establecidos por ley sin dejar espacio a alguna duda sobre la actuación del cuerpo policial.

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