El presidente Luis Rodolfo Abinader nombró mediante decreto una Comisión para perseguir los delitos de corrupción tendiente a recuperar los bienes del Estado, lo que evidencia, es a todas luces fuera de todo canon legal.
Lo recomendable es, llamar a una licitación pública, conforme a la Ley No.340-2006, ya qué, es la compra de un servicio y el gobierno no es un colmado ni una compraventa, donde todo el que va se le compra o se le vende sin ningún perfil ni requisito a tomar en cuenta.
Esa Comisión, carece de toda legalidad y sin sustento juridico alguno ¿Quién le digo a Luis Abinader y su consultor jurídico, el doctor Antoliano Peralta Romero que por decreto puede nombrar una Comisión para comprar servicios al Estado?.
Lo prudente es, además, luego de una licitación con todos los rigores que establece la Ley de compras y contrataciones No.340-2006, hacer un contrato, sea quien o quienes resulten licitante o ganador conforme a los principios de transparencia y publicidad…
Así se actúa, cumpliendo con el mandato legal; el Estado no es un colmado, ni una parsela de un gobierno. De hacerse así se estaría incurriendo en corrupción para combatir una presunta corrupción O sea, prostituir la persecución de la corrupción.
Yá, hay quienes están usando Spiker, para que mediante cavildeo, les asignen de dedo en esa «Comisión» a sabiendas que es ilegal e incurriendo en el delito de concusion de funcionarios públicos.
Si analizamos la historia de las firmas de abogados que han sido contratadas para representar al Estado, los resultados han sido infructuosamente beneficioso, de nada ha servido…
Sin embargo, ésto solo ha servido para que ésas firmas de abogados obtengan sumas de millones en pesos y en consecuencia el Estado tener Doble pérdidas; lo que se perdió por el acto de corrupción y en segundo lugar, perderá lo que se ganan las firmas de abogados contratadas por clientelismo, amiguismo y compadreos políticos.
Por Leandro Ortiz de la Rosa abogado y periodista.