Los odiosos y tediosos “tapones en horas picos” de las principales ciudades, el caos en el transporte público urbano, las peripecias de los motoristas (motoconcho, delivery y los que “calibran”), las imprudencias y abusos que cometen los grandes autobuses, las “guaguas voladoras” y carros de conchos para montar o desmontar un pasajero, las improvisadas paradas de autobuses y taxis, la extensa lista de accidentes de tránsito con la secuela de la enorme cantidad de heridos y muertos que colocan a la R. Dominicana (RD) en los primeros lugares del ranking de los países con mayor cantidad de siniestralidad en el tránsito vehicular.
A ese montón de indeseados “piropos” agreguemos estos tres: a) Ley de Tránsito (No. 241-67) obsoleta, irrespetada y burlada por los ciudadanos y mal aplicada por las autoridades. b) “Macuteo” e irracionales operativos que montan agentes policiales. Y c) La ausencia de un verdadero régimen de consecuencia para las frecuentes violaciones, abusos e imprudencias que, diariamente, se cometen en el transporte de pasajeros y de carga en la RD.
Esas son las razones por las que hay consenso nacional y sonoros vítores ante la reciente aprobación y promulgación de la Ley No. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Los mandatos de los 360 artículos que contiene esta importante Ley y el conjunto de Reglamentos (unos 30) que, a la mayor brevedad posible, se deben elaborar para su correcta aplicación son las esperanzas que nos motivan a dar las más sinceras y cálidas bienvenidas a la nueva Ley No. 63-17.
Se impone realizar una amplia divulgación y buena socialización de las disposiciones de la Ley No. 63-17 de Tránsito, el respeto a sus disposiciones por parte de los ciudadanos por conciencia o temor al novedoso régimen de consecuencias y multas (empezando por el equivalente a un salario mínimo) que se aplicarán a quienes la irrespeten o violen son positivos augurios para la necesaria modificación de la “cultura de sálvese quien pueda” en el pésimo tránsito vehicular que padecemos los nativos y visitantes de la RD.
Empecemos desde ya a exigir que las autoridades competentes procedan a realizar una buena promoción del conjunto de consecuencias y montos de las diferentes sanciones que se aplicarán a los infractores de las normas establecidas.
Que el gobierno proceda a materializar la fusión de las diversas instituciones estatales que “mal operaban” en todo lo relacionado con la movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial para dar paso al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT) que, en lo adelante, regulará todo el sistema de transportación pública en nuestro país.
Exhortamos a los responsables de los diferentes medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil a “poner sus granitos de arena” para contribuir con la promoción y correcta implementación de los dispositivos y nuevas regulaciones de la Ley No. 63-17.
También es propicia la ocasión para incluir en las enseñanzas de nuestros estudiantes (niños, adolescentes y jóvenes) los principales preceptos de la Ley No. 63-17 como parte de las buenas normas cívicas que rigen a las sociedades modernas, civilizadas y respetuosas de la convivencia armoniosa y pacífica.
En ese contexto, aplaudimos la rápida decisión de la Alcaldía del Ayuntamiento de Santo Domingo Este que ya aprobó su programa municipal de vialidad, el cual está consensuando con los sectores que están llamados a participar en su ejecución, lo cual es parte de las competencias que la Ley No. 176-07 asigna a los gobiernos municipales y es digno de tomar como positivo ejemplo a seguir.
En el Congreso Nacional fue necesario esperar más de diez años para la aprobación de la nueva Ley No. 63-17 y su reciente promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Aunque todavía es perfectible, ha sido muy bien recibida por la generalidad de los dominicanos.
Por lo tanto, apuremos el proceso para elaborar sus respectivos Reglamentos y la pronta constitución del INTRANT que será la principal institución con la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir sus mandatos.
Si así lo hacemos, podríamos superar el caos en el transporte, reducir a su mínima expresión los accidentes en el transporte terrestre y sacar a la RD del ranking de los países con mayor siniestralidad y cantidad de heridos y muertos que generan el irrespeto e inobservancia a las leyes y normas cívicas en el tránsito y la seguridad vial.