En RD la justicia no es igual para todos

Por Ramón Cabral jueves 24 de septiembre, 2020

Dice Wikipedia que la justicia (del latín iustitĭa, que, a su vez, viene de ius —derecho— y significa en su acepción propia «lo justo») tiene varias acepciones en el Diccionario de la lengua española.1​ Es un valor determinado como bien común por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de estos.

Aquí cabe señalar que la Igualdad jurídica es el principio que reconoce que todas las personas (e instituciones, agrego yo) deben ser tratadas de la misma manera por la ley (principio de isonomía), y que estén sujetas a las mismas leyes de justicia (debido proceso), reconoce la equiparación igualitaria de todos los ciudadanos en derechos civiles y políticos,1​ por lo tanto, la ley debe garantizar que ningún individuo o grupo de individuos sea privilegiado o discriminado por el estado sin distinción de raza, sexo, orientación sexual, género, origen nacional, color, origen étnico, religión u otras características ya sean personales o colectivas sin parcialidad.

Es un principio propio del liberalismo y la democracia. Hay un viejo dicho que dice “todos son iguales ante la ley”, El autor Anatole France dijo en 1894: “En su majestuosa igualdad, la ley prohíbe a los ricos y pobres dormir bajo puentes, mendigar en las calles y robar panes”.2​ La creencia en la igualdad ante la ley se llama igualitarismo legal. El principio de igualdad ante la ley es incompatible y deja de existir con sistemas legales como la esclavitud, la servidumbre, el colonialismo, la monarquía y la teocracia, Igualdad ante la ley, es el conjunto de derechos y garantías del ordenamiento jurídico. El contenido de las leyes sea igual para todos, o desigual si así corresponde, sobre la fase o en función de la justicia. Igualdad ante la ley, es deben interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, sin incurrir en discriminación, este principio solo implica la no discriminación por parte del estado como una limitación de su poder y no aplica a personas o empresas privadas ya que implicaría una violación de derechos y libertades individuales como los de libre Asociación, expresión o de propiedad.

Todo lo anterior está más claro que el agua, sin embargo, en la República Dominicana “la justicia” no ha sido igual para todas las personas e instituciones, porque las acciones judiciales han dependido (casi siempre) del sentir del Poder Ejecutivo, o sea, acorde y en correspondencia directa con los intereses políticos de los sectores que tengan los resortes del poder en sus manos.

Los miembros del llamado Ministerio Público históricamente han sido nombrados por decreto del presidente de la República y los jueces han sido escogidos por su apego directo o indirecto con los intereses políticos en el poder. Por lo tanto, todos al obrar, de una u otra forma, no han hecho jamás una verdadera justicia, tal y como siempre ha espera nuestra sociedad.

El sistema judicial dominicano en la mayoría de los casos ha sido “one side”, de un solo lado y podríamos mencionar decenas de miles de casos, de acciones y de sentencias judiciales para favorecer los deseos y, sobre todo, los intereses del sector político en el poder.

Recordemos que en las elecciones presidenciales de 2012 se produjo un acuerdo electoral secreto entre el señor Miguel Vargas Maldonado (presidente del Partido Revolucionario Dominicano) y el señor Danilo Medina (candidato del Partido de la Liberación Dominicana), donde el primero mandó a votar a sus seguidores por el segundo, a cambio de que le garantizaran poder quedarse con el PRD.

Así mismo ocurrió, todas las sentencias de los tribunales al servicio del PLD solo favorecieron y garantizaron que Vargas Maldonado se quedara con el PRD a pesar de tener una pequeña minoría en dicha organización. La mayoría se vio compelida a formar el Partido Revolucionario Moderno y los hechos y el triunfo del PRM pronto se encargaron de demostrar que esa justicia era “one side” a favor de los intereses del PLD.

Y por esa justicia ser “one side” (de un solo lado) se ha descuidado de casi todos los cientos de miles de casos que han ocurrido en todos los estamentos sociales y en toda la geografía nacional, lo que se ha convertido en uno de los factores determinantes para el deterioro y descomposición que hoy presente nuestra sociedad en sentido general.

Los valores morales y las inconductas de los ciudadanos están directamente relacionadas con la debilidad de las instituciones del estado que deben guiar y proteger la conducta ciudadana, lo cual es reflejo del deterioro del modelo político, y a eso me refiero cuando hablo de superar la quiebra de valores morales y las debilidades del sistema político

Desde hace mucho tiempo todas las instituciones serias de nuestro país han añorado por el adecentamiento y sana administración de la justicia dominicana, para que esta pueda obrar como tal, para que nos enderecemos como nación.

Pero las preocupaciones sobre la justicia dominicana no solo han sido locales, porque otras instituciones internacionales han manifestado críticamente que en el país la influencia política y económica indebida en las decisiones de los juzgados civiles y penales sigue siendo un problema por las demoras prolongadas en las ventilaciones de los casos y por la influencia de los gobernantes

en las decisiones judiciales fue generalizada.

Históricamente la ciudadanía se ha quedado esperando la eficiencia de nuestro llamado sistema judicial para que se pueda enfrentar la corrupción, el tráfico de influencias o el crimen organizado trasnacional.

La debilidad del sistema judicial mantiene indefensa a la sociedad dominicana en casos como la violencia en general y los feminicidios.

La debilidad y la deficiencia de nuestras autoridades judiciales es reflejo del modelo de los gobiernos que hemos tenido, que, en vez de contribuir al avance del sistema de justicia, haciéndolo más independiente y más fuerte, especialmente al Ministerio Público, lo ha politizarlo y deteriorarlo.

El país necesita fortalecer sus instituciones, especialmente las encargadas de perseguir el delito y la violencia para que podamos salir a camino.

Para poder salir a camino necesitamos un sistema judicial dominicano independiente en todos los órdenes y en todos los sentidos, para que podamos acabar con la impunidad y con la corrupción que tanto daños nos ha causado.

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