En política no hay muertos 

Por Fernando Peña

Aquí en República Dominicana, hasta los muertos pueden resucitar, siempre que el finado en cuestión quiera, le sonría un poco la suerte y sepa, además, buscarla.

Algunos dirigentes hasta comentaristas de TV y radio se vuelven después de haber sido, unos descargados por la justicia, otros sin cumplir sus penas.

Expresidente que se le ha enjuiciado públicamente, como Leonel Fernández, y algunos de sus excolaboradores, ex funcionarios, le llegaron hacer juicios públicos en parques y plaza pública, llegaba a Nueva York y lo recibían con consigna de corruptos entre otros improperios.

Incluso, se le llegó a instrumentar expediente, donde Yeni Berenice archivó querella por corrupción contra él, depositada por Guillermo Moreno

 Y la actual procuradora Mirian German se inhibió de conocer el caso Víctor Díaz Rúa,  unos de los principales colaboradores de Leonel, extesorero del PLD

Hoy Leonel Fernández es un líder, con todas las posibilidades de volver a la presidencia de la Republica.

Recordemos el caso del ex presidente Joaquín Balaguer, que, en los doce años llenó de muertos y cárceles de presos políticos, exiliado, y el PRD en 1978 le ganó la presidencia junto al pueblo y fuerzas democráticas. Y Balaguer siguió tan campante, volvió a ganar la presidencia de la Republica y metió preso al expresidente Salvador Jorge Blanco y sus colaboradores.

O sea, que cuidadito con creerse que Leonel, Danilo y otros, son muertos políticos, y que no resurgirán hasta llegar nueva vez al solio presidencial.

Que nadie piense en defunciones en términos políticos, ni para Danilo, ni para Leonel, ni para Hipólito ni para cualquier otro u otra dirigente del espectro político dominicano.

En América Latina y otros países han resurgido los sometimientos y hasta han encarcelado expresidentes y ellos están gravitando en las lides políticas con amplias posibilidades de volver a dirigir los destinos de sus naciones.

Los expresidentes detenidos

Los casos de Alberto Fujimori y Lula Da Silva fueron, probablemente, los más destacados en la región latinoamericana en los más recientes años.

Fujimori, de 81 años, fue condenado a 25 años de prisión en 2009 por ser el autor indirecto de dos masacres del grupo paramilitar Colina en 1991 y 1992.

La justicia peruana halló culpable a Alberto Fujimori por haber estado relacionado con el asesinato de nueve estudiantes y de un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como la Cantuta, y por la muerte de 15 habitantes de la zona Barrios Altos, de Lima, a quienes se les acusó de tener nexos con grupos guerrilleros que nunca fueron probados.

Lula Da Silva, entre tanto, fue condenado por delitos de corrupción y blanqueo de capitales en dos casos. Jueces en su país comprobaron que el exmandatario y líder del PT recibió un apartamento y aceptó unas mejoras a una vivienda que frecuentaba en el estado de Sao Paulo, por valores cercanos a un millón de reales o USD 236.000, ofrecidos por las constructoras Odebrecht y OAS, a cambio de contratos con la estatal Petrobras.

El exmandatario fue condenado a 12 años de cárcel por recibir el apartamento y a 17 años por aceptar las mejoras a la residencia que figura a nombre de su amigo y empresario, Fernando Bittar.

El expresidente permaneció en prisión desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019. Recuperó su libertad al verse beneficiado por una decisión del Tribunal Supremo que consideró que un condenado no puede cumplir una sentencia hasta que sean agotados todos los recursos judiciales.

El exmandatario argentino Carlos Menem, de 90 años, fue puesto bajo arresto domiciliario durante cinco meses en 2001, luego de ser acusado de contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

En marzo del año pasado, Menem fue condenado a una pena de tres años y nueve meses de prisión por un delito de peculado que debido a su fuero de senador no se hizo efectiva. Incluso con una eventual pérdida de investidura, el expresidente argentino podría cumplir su condena bajo prisión domiciliaria debido a su avanzada edad.

Ollanta Humala, expresidente de Perú, fue recluido de forma preventiva en julio de 2017, en el penal Barbadillo en su país, luego de haberse entregado voluntariamente, acusado por presunto lavado de activos en detrimento del Estado y de asociación ilícita para delinquir en el caso Lava Jato del Perú, también relacionado con la empresa brasileña Odebrecht.

 El 26 de abril de 2018, por resolución del Tribunal Constitucional del Perú, pudo asumir su proceso en libertad.

Ricardo Martinelli, entre tanto, permaneció un año entre 2018 y 2019 bajo medida de prisión preventiva mientras se le investiga por su posible participación en un caso de escucha ilegales a cerca de 150 personas en el país centroamericano.

A los anteriores casos se suman otros dos que, por sus desenlaces, son recordados en la región. Uno es el del expresidente Rafael Correa que fue condenado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de su país a ocho años de cárcel el marco de la investigación por el Caso Sobornos donde se comprobó la entrega de aportes económicos por parte de contratistas estatales al partido de Gobierno, Alianza País, durante 2012 y 2016. El exmandatario se encuentra fuera del alcance de la justicia de su país al residir en Bélgica.

El último y más trágico caso es el del expresidente peruano Alan García, que falleció a los 69 años luego de dispararse en la cabeza cuando agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad llegaron a detenerlo en su vivienda del barrio limeño de Miraflores.

La orden de arresto contra el fallecido expresidente sucedió días después de que el portal de investigación peruano IDL Reporteros denunciara que Luis Nava, secretario de Presidencia durante el segundo período de García (2006 – 2011), habría recibido USD 4 millones en sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

En política no hay muertos…

 

Por Fernando Peña

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