EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Los homicidios fruto de la violencia delictiva se incrementaron en la República Dominicana durante el año 2021, de acuerdo al especialista en políticas públicas y seguridad ciudadana, Daniel Pou, quien entiende también que el encierro provocado por la pandemia del covid-19 recrudeció la delincuencia en el país.
“Ha habido un recrudecimiento de la violencia. Indicadores como los de la violencia delictiva en lo que llevamos las cifras hasta el mes de junio, se han incrementado en un 3 por cada 100 mil habitantes. Tradicionalmente la delincuencia delictiva andaba en 29 homicidios por cada 100 mil habitantes y está en 32, o sea, ha subido tres puntos y la violencia sistema que, por lo general ha andado por 76 puntos por cada 100 mil habitantes, en unos dos puntos. Eso quiere decir que en términos promedio los homicidios se incrementaron un punto por cada 100 mil habitantes”, apuntó Pou mediante contacto telefónico.
Con respecto a otros delitos de figura penal, el experto calificó de “lamentable” que el Observatorio del Ministerio de Interior y Policía, “la única fuente objetiva que tenemos”, haya perdido la secuencia, por lo que no se tienen estadísticas concretas al respecto.
Asimismo, destacó que maneja encuestas donde se refleja que ha aumentado la percepción en los ciudadanos sobre los atracos en el país.
Añadió que esos tipos de delitos, aunque no generan homicidio son “irregularidades y de mucho impacto social”.
“Esas son encuestas que se han hecho en tres puntos de la ciudad y varios lugares del interior”, apuntó antes de precisar que estos estudios fueron encargados por organismos internacionales.
El también politólogo estimó que el encierro provocado por la pandemia redobló la violencia delictiva en la República Dominicana, la cual aseguró, se había mantenido estable en los últimos cinco años.
Sonados crímenes con participación de policías
El año estuvo marcado por sonados crímenes que involucraron a agentes de la Policía Nacional y otros cometidos por particulares, que hasta la fecha no han sido esclarecidos.
Uno de los casos más sonados y que consternó por completo a la sociedad dominicana fue la muerte de la pareja de esposos Joel Díaz y Elisa Muñoz Marte, ocurrido en Villa Altagracia el 30 de marzo, cuando regresaban de una actividad cristiana.
La acción fue cometida por miembros de la Policía en un confuso incidente, cuando mandaron a detener un vehículo con características similares a otro en el que presuntamente delincuentes se desplazaban luego de cometer varios atracos en Bonao, de acuerdo a la versión policial.
En la escena también resultó herido Carlos Alberto Rodríguez Lamais, mientras que Carlos José Pérez salió ileso de la balacera.
Por el crimen, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia dictó un año de prisión preventiva contra el coronel César Maríñez Lora, quien era el jefe de la Policía en ese municipio, así como al teniente Victorino Reyes Navarro, sargento Domingo Perdomo Reyes; los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, y los rasos Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís, integrantes de la patrulla actuante.
Otro caso que también generó un gran pesar en el país fue el de la arquitecta Leslie Rosado, quien perdió la vida a manos del cabo policial Jenli Disla Batista, el 2 de octubre en Boca Chica, en medio de un incidente igualmente confuso.
Según la versión de Disla Batista, el hecho se produjo cuando la ahora occisa supuestamente chocó su motocicleta con la yipeta que conducía y emprendió la huida, dándole este seguimiento hasta dispararle y cegarle la vida.
A este listado de incidentes violentos, cometidos por agentes policiales, también se agrega la muerte de Robinson Méndez Mancebo, en un hecho que tuvo lugar el 27 de septiembre en el municipio de Padre Las Casas, provincia de Azua.
Pérez Mancebo murió en el Hospital Regional Taiwán, el 19 de Marzo luego de ser baleado en el pecho por un oficial de la Policía, mientras se encontraba en una fiesta donde se presentó la patrulla para tratar de concluirla.
El informe policial preliminar explicaba que el joven, de 27 años, había recibido el disparo cuando trató de enfrentar a la patrulla con un arma ilegal que portaba, pero un video demostró que en ningún momento la víctima exhibió dicha arma.
De igual manera, agentes de la Policía le quitaron la vida al abogado Ray Castillo durante un incidente ocurrido la madrugada del 8 de agosto, en San José de Ocoa.
Castillo falleció de un disparo por parte de uno de los agentes que integraban una patrulla policial y con los que previamente sostuvo una discusión, según pudo observarse en un video.
Más de otra decena de homicidios también fueron cometidos por miembros del órgano policial durante este año, pero no tuvieron la misma repercusión mediática.
Otros hechos
El pasado 19 de septiembre fueron hallados calcinados los cuerpos de dentro de una jeepeta, en un hecho ocurrido en la carretera Mella, próximo a la comunidad de Cayacoa, de San Pedro de Macorís.
El vehículo presentaba varios impactos de bala en la puerta delantera del lado del chofer, por lo que se presume que fueron acribillados antes de ser incendiado.
Los occisos fueron identificados por sus familiares como Germán Manuel Rosario Paulino y los hermanos Juan Carlos Aracena de la Cruz, alias Muso, y Ángel Aracena de la Cruz, alias Pin, nativos de San Francisco de Macorís. La Policía aún no ha esclarecido las circunstancias y autores del hecho.
Otro escándalo que tampoco fue esclarecido por la Policía fue la muerte de un hombre y una mujer en el parqueo de una plaza comercial del residencial Carmen Renata III, en Pantoja, Santo Domingo Oeste.
El hecho quedó captado en video y se observa cuando varios individuos a bordo de un carro blanco, se desmontaron y le dispararon prácticamente a quemarropa a las víctimas.
Los fallecidos fueron identificados como Wilson Leoncio Bergal, de 46 años, y Yanet Valdez Javier, de 41 años.
Destitución director PN
Con apenas un año y dos meses en el cargo, el presidente Luis Abinader destituyó el 17 de octubre al director de la Policía Nacional, Edward Sánchez González.
Esta destitución se produjo en medio del revuelo causado en la sociedad por la muerte de la arquitecta Leslie Rosado y ante una ola de robos y atracos que afectaba a todo el país.
Programa “Mi País Seguro”
Con la finalidad de reducir la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana, el 4 de junio pasado el Gobierno puso en marcha en el sector Cristo Rey, del Distrito Nacional, el plan piloto de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, el cual, entre otros aspectos, incluye desarmar a la población civil e identificar a los motoristas mediante chalecos con un número individual.
Este programa luego fue extendido a la Puya de Arroyo Hondo, La Zurza y Ensanche La Fe, en la Capital, así como a San Francisco de Macorís y finalmente a Santiago de los Caballeros.
Esta iniciativa fue valorada por Pou, destacando que los lugares donde se ha puesto en marcha, de acuerdo a la información que maneja, los delitos han disminuido.
“Se han implementado programas sociales en lugares donde se han hecho las intervenciones, eso es positivo, incluso se ha concitado la participación del ciudadano, eso también es positivo, porque ningún plan de seguridad sin la participación del ciudadano en el eje de la prevención puede ser exitoso”, significó.
No obstante, entiende que estos programas son muy jóvenes, por lo que se debe esperar los resultados que arrojen cuando los mismos se empiecen a sistematizar.
“Pero he visto gente entusiasmada y eso me ha agradado. Cuando el ciudadano entiende que debe formar parte de las políticas de prevención yo creo que eso es ya un territorio ganado que antes no se había podido lograr”, consideró Pou.
Sobre el informe de la Comisión Reforma Policial
Con el fin de crear una Policía acorde a los nuevos tiempos y capaz de contrarrestar los crímenes que se cometen diariamente en el país, Abinader dispuso la reforma a este cuerpo del orden.
Así, el pasado 13 de diciembre y tras ocho meses de ejecución, el Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional presentó el informe final al mandatario, en el cual identificaron una serie de problemas que, según explicaron, “ameritan de una intervención urgente para facilitar de forma inmediata algunos cambios fundamentales en términos normativos y procedimentales”.
El jefe de Estado explicó que esa intervención es “con el propósito de fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional, haciéndola plenamente compatible con el moderno marco constitucional de la República Dominicana”.
Sobre este informe, Pou estimó que el mismo es “robusto” y que se elaboró con “mucha objetividad”.
“Este informe parte de un diagnóstico que realizó la Organización para el Crimen y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC) y coincide con otros diagnósticos que hace, incluso, diez años se hicieron”, puntualizó.
Sostuvo que, si se aplican las propuestas presentadas por el informe y se hace un trabajo tesonero, logrando profundizar un proceso de renovación en la Policía, en dos o tres años se verían “las primeras luces” de ese proceso.
Agregó que las propuestas de dicho informe representan “el primer abordaje” para ir transformando a la Policía en “lo que debe ser”.
Ministerio Público y Policía
Durante este 2021, en varias ocasiones comandantes departamentales de la PN se quejaron de que, muchas veces arrestan a los delincuentes luego de cometer sus fechorías, pero que por no aplicarse el debido proceso cuando llegaban a los tribunales, éstos recobraban su libertad y volvían a su cotidianidad.
Con respecto a este tema, Pou dijo que la causa radica en que muchas veces el ciudadano abandona el escenario dejando de asistir a las audiencias, y esto provoca que tengan que liberar al imputado.
“Pero también hay una situación y es que al ciudadano se le presentan situaciones muy dificultosas. Muchas veces el ciudadano victimizado tiene que buscar un abogado que lo represente porque el Ministerio Público no hace el papel que le corresponde”, manifestó.
En ese sentido, sostiene que al Ministerio Público “hay que brindarle un presupuesto para que pueda contratar la cantidad de abogados que necesita para hacer los peritajes”.
Subrayó que otro de los problemas que presenta el órgano judicial, es que en el país no hay un laboratorio de criminalística de última generación, lo que imposibilita el adecuado trabajo.
“Aquí lo que tenemos son algunas pequeñas técnicas de recolección de huellas dactilares, pero eso no es suficiente, tenemos que tener una política criminal, porque es que sin las políticas usted no va a tener claro cómo asumir los casos, cómo llevarlos, cómo establecer los protocolos”, concluyó.
