Empresarios de Nicaragua piden a Ortega comicios libres tras sanción de EEUU

Por EFE miércoles 12 de diciembre, 2018

EL NUEVO DIARIO, Managua.- El sector empresarial de Nicaragua exigió hoy al presidente Daniel Ortega realizar elecciones “libres, justas y adelantadas”, para superar la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en ocho meses, un día después de que el Congreso de EE.UU. sancionara al Gobierno para exigir esos comicios.

Los empresarios demandaron a Ortega “la realización de elecciones libres, justas, adelantadas y con observación nacional e internacional independiente”, en una carta firmada por los directivos del Cosep, la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense (Amcham), y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

El Congreso de Estados Unidos aprobó este martes la Nica Act, una ley que consiste en una serie de sanciones económicas a Nicaragua, país al que se le limitará su acceso a préstamos internacionales hasta que se celebren elecciones “libres justas y transparentes”.

Los empresarios anunciaron hoy además que en los próximos días solicitarán permiso a la Policía Nacional de realizar una nueva marcha para protestar de forma pacífica contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, dijo que los empresarios expresaron su interés en “que se incluya cambios en la composición de los miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE), no en los miembros solamente”.

El sector privado recalcó que sin un acuerdo político no hay solución de la crisis” y remarcó su “compromiso” con “la recuperación socioeconómica” del país.

La posición empresarial fue emitida luego de que la diáspora anunciara una campaña contra el ron Flor de Caña, como símbolo del rechazo al supuesto “silencio” de los empresarios ante actos de “represión del Gobierno”.

Los empresarios nicaragüenses señalaron a Ortega la necesidad de implementar las reformas electorales acordadas con la Organización de Estados Americanos (OEA), “incluyendo cambios en la composición del Consejo Supremo Electoral”.

También lo llamaron a que “cese la represión”, a la “verdadera tolerancia y reconciliación”, abandonar los “mensajes que promueven el odio y la intolerancia”, y le recordaron que “el diálogo es la forma de resolver los problemas”.

De igual manera pidieron que en Navidad no haya presos por “ejercer sus derechos fundamentales”.

“Está en la voluntad política de su Gobierno que esto se materialice”, resaltó el empresariado.

En la carta, los empresarios recordaron que las muertes, encarcelamiento, violaciones a los derechos humanos, deterioro de la libertad de expresión, exilio y sanciones internacionales, tienen efectos económicos como el desempleo y el deterioro de la calidad de vida, que podrían profundizarse si no decide hacer “cambios que deben ser aceptados por las mayorías”.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujeron las perspectivas de crecimiento en 2018 de un 4,5 a 5 por ciento, antes del estallido social de abril, a un 1 por ciento.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica que según organizaciones humanitarias ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

El Gobierno reconoce 199 víctimas y 273 reos, que denomina “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega rechaza la responsabilidad e insiste en que venció un intento de “golpe de Estado”.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.

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