EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Representantes de las cúpulas empresarial e industrial, calificaron como correcta la decisión del presidente Danilo Medina, de designar mediante decreto a una comisión integrada por notables para investigar todo lo relativo al proceso de licitación y adjudicación del contrato para la construcción de la Central Termoeléctrica en Punta Catalina, a cargo de la firma brasileña Odebrechet, objeto de cuestionamientos por el pago supuesto sobornos.
Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Rafael Campo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, dijeron además, esperar que el proceso investigativo que hará esa comisión, al igual que el realizado por el Ministerio Público, llegará hasta las últimas consecuencias a fin de aclarar todo lo que tiene que ver con la ejecución de esa mega obra, como ese complejo energético.
Campo de Moya, consideró que con la conformación de esa comisión investigadora a cargo de personas de mucho prestigio, el presidente Danilo Medina, demuestra una vez más su interés de que en su gobierno las cosas se manejen con total transparencia.
Argumentó en este sentido, que dicha iniciativa debería ser respaldada por los distintos sectores que conforman sociedad civil, ya que el único objetivo que se busca es establecer si hubo o no transparencia en el proceso de adjudicación de la obra a la empresa Odebrechet, objeto de cuestionamientos en la República Dominicana y otros países.
Mientras que el expresidente del Conep, Rafael Campo, considera acertada la decisión del Poder Ejecutivo de conformar una comisión presidida por monseñor Agripino Núñez Collado, para investigar todo lo relativo al proyecto eléctrico de Punta Catalina.
También dijo confiar en que los resultados de esas investigaciones, al igual que las realizadas por la Procuraduría General de la República, sean llevadas hasta las últimas consecuencias y que si se comprueba hubo dolo los responsables sean traducidos a la justicia.
De su lado, Antonio Taveras Guzmán, estimó que el presidente Medina hizo lo correcto al designar una comisión que se encargue de investigar sobre todo el proceso que concluyó con la adjudicación del contrato a la firma brasileña Odebrechet.
Estimó que el país requiere que las autoridades dejen debidamente esclarecido todo lo relativo a la contratación de esa mega obra y que está siendo cuestionada por representantes de la sociedad civil y partidos de oposición.
No obstante, dijo valorar la importancia que tiene la iniciativa presidencial de crear la comisión de notables para realizar dicha investigación que confía cumplirá a cabalidad con su rol.
¨El hecho de nombrar una comisión, el Presidente de la República demuestra interés en que sea debidamente aclarado todo lo relativo al proceso de licitación y adjudicación del contrato a Odebrechet para la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, pero esperamos que se llegue hasta las últimas consecuencias y si se establece culpabilidad a los responsables se le aplique todo el peso de la Ley ¨enfatizó Taveras Guzmán.
El pasado martes, el presidente Danilo Medina designó el pasado martes mediante decreto 619-2017, dicha comisión cuya misión es investigar el proceso de licitación y adjudicación de las plantas termoeléctricas Punta Catalina, a la constructora brasileña Odebrecht, empresa que ha sido cuestionada por diferentes sectores por el presunto pago de US$92 millones en sobornos a funcionarios dominicano en el período 2001 y 2014.
El rol de esa comisión nada tiene que ver con la investigación que realizara la Procuraduría General de la República, precisó al respecto el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.
La referida comisión está integrada por monseñor Agripino Núñez Collado, en representación de la Iglesia Católica; Jorge Alberto Reynoso, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); José Luis Corripio Estrada, empresario privado; Gabriel del Río Doñé, Servio Tulio Castaños, de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), entre otros.
De conformidad al decreto presidencial, los comisionados tendrán la potestad de solicitar e investigar toda la documentación disponible, así como para entrevistar a todos los funcionarios que participaron en los procesos. Para ello podrá auxiliarse de todos los técnicos y especialistas que requieran para llevar a cabo su labor.
La disposición del presidente Medina establece que la comisión deberá rendir un informe al país a la mayor brevedad posible sobre los resultados de su investigación y poner a disposición del Ministerio Público, cualquier información relevante que pudiera obtener que comprometa la responsabilidad penal de cualquier funcionario o persona particular.También podrá contratar cualquier tipo de asistencia profesional y técnica que necesite para llevar a cabo su investigación.
Por Abrahan Montero
