La Constitución dominicana contempla dentro de sus derechos fundamentales la Tutela judicial efectiva y debido proceso, indicando que toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley.
Sin embargo, cabe mencionar que conforme el tiempo ha evolucionado así lo ha hecho el sistema de justicia en la República Dominicana, en muchos aspectos de manera positiva, pero en muchos otros ha afectado de manera directa los plazos, los procesos y los usuarios, tales como: Tardías fijaciones de audiencia, respuesta fuera de plazo, poco manejo de procesos por parte de muchos servidores judiciales, entre otros.
La situación anteriormente expresada ha causado quejas tanto por parte de los usuarios como de los mismos servidores judiciales, tal es el caso del Magistrado Napoleón Estévez que se refirió al respecto apuntando como ha ido decayendo el servicio judicial, lo complejo que se han convertido ciertos procesos, puntualizando de que habían métodos que aunque eran rudimentarios resultaban más efectivos, posición compartida por el magistrado Samuel Arias y Pilar Jiménez Ortiz quien indicó sentir que las cosas se están saliendo de control.
En tal sentido, el sistema de justicia se vio en la obligación de acelerar algunos procesos que no estaban previstos iniciar por el momento, mas sin embargo ha sido tiempo suficiente desde que fue aplicado el servicio judicial automatizado para poder ver ciertas mejoras a nivel de la dilación en el tiempo de respuesta, situación que a la fecha no ha mejorado, generando esto una alta tasa de desconfianza y seguridad en los usuarios del sistema.
Lo anteriormente expresado pone en riesgo el acceso a la justicia pues se altera el debido proceso y la justicia pierde efectividad y ya no está dada en tiempo oportuno como lo establece nuestra carta magna.
Noel R. Báez Paredes
Docente / Consultor Jurídico