El pueblo, en especial el de Bávaro, exige que se mida a todos con la misma vara

Por Kelvin Ortiz Faña martes 15 de septiembre, 2020

El presidente Luis Abinader ha reiterado en varias ocasiones que uno de los principales objetivos de su gestión es dotar al país de una justicia verdaderamente independiente.

Discurso que ha hecho renacer en la ciudadania una aspiración ancestral de que en la República Dominicana prevalezca un clima de respeto de los derechos de todos los ciudadanos, sin importar banderías políticas, ni religiosas, así como condición económica o social.

Esa aspiración, natural en cualquier régimen democrático, se ha visto frustrada incesantemente por los gobiernos anteriores, durante los cuales, la razón la han tenido siempre los de cartera más abultada o de mejores relaciones con las instancias de poder, sin importar las leyes, la Constitución, ni las normas más elementales de convivencia armónica.

El imperio de la justicia independiente no debe limitarse, como podrían creer muchos, a los casos de corrupción administrativa de funcionarios de anteriores gobiernos. Debe prevalecer en todos los ámbitos de la sociedad, por ejemplo, hay que actuar con estricto apego a las leyes, en el caso de un aeropuerto que un poderoso grupo económico pretende construir en Bávaro, provincia La Altagracia, en base a una licencia ambiental otorgada  sin tomar en cuenta requisitos esenciales para la construcción de una obra esa naturaleza.

El representante legal de  Abrisa, Luis Miguel Pereyra , afirmó que no se han detenido los trabajos del aeropuerto internacional que ese grupo pretende construir en Bávaro, así lo informó en una entrevista ofrecida al programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión.

Sin embargo, las declaraciones de Pereyra contradicen una versión del propio grupo Abrisa, donde indicaba que habían sido detenidos los trabajos del citado aeropuerto, cuya construcción ha sido objetada por la Corporación de Aeropuertos del Este (CAE).

De su lado los representantes legales de la Asociación Nacional Ambiental (ANA) expresaron que están confiados en que el actual Gobierno revocará la decisión mediante la cual el Ministerio de Medio Ambiente otorgó una licencia ambiental al grupo Abrisa para la construcción del aeropuerto.

Los doctores Bartolomé Pujals y Jaime Rodríguez expresaron que una decisión de esa naturaleza iría en consonancia con la medida adoptada por el Tribunal Superior Administrativo, que anuló la incorporación a la carrera diplomática, sin cumplir con los requisitos de lugar, durante los días finales de la gestión gubernamental anterior.

Las irregularidades cometidas en el otorgamiento de esa licencia, fácilmente comprobables, van desde aprobar al vapor un estudio de impacto ambiental que carece de un estudio de suelo y del ruido que generaría el aeropuerto hasta pasar por alto el plan de desarrollo de la provincia La  Altagracia, elaborado durante tres años con la participación de los sectores mas representativos de la región.

En este caso, la pelota está en la cancha del Ministerio de Medio Ambiente, ante quien la Asamblea Nacional Ambiental ha sometido una solicitud de anulación de la licencia ambiental, fundamentada en las irregularidades antes señaladas y otras muchas.

Este es un caso que viene como anillo al dedo, para que ese funcionario, abogado de profesión y con amplia experiencia en asuntos del Estado, demuestre con hechos la convicción del Gobierno de que de ahora en adelante todos seamos medidos con la misma vara, como dice el refrán popular.

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