El protocolo de audiencias virtuales tambaleado por fallo constitucional

Por Francisco Cabrera Mata lunes 3 de mayo, 2021

La competencia que ejercita el Consejo del Poder Judicial viene de recibir otra modulación. El 9 de diciembre del 2020, por sentencia TC/0268/20[1], el Tribunal Constitucional evaluó sobre el particular y se le pronunció contra la validez de un acto que adoptara en el 2016. Argumenta, para ello, que si bien dicho Consejo posee atribución para establecer normas de carácter presupuestario, financiero y de gestión administrativa del Sistema de Carrera Judicial y la Carrera Administrativa Judicial, así como también relativas al régimen disciplinario de los jueces y todo lo relativo a la Escuela Nacional de la Judicatura, le está vedado regular y ordenar asuntos propios de las actuaciones procesales, funcionamiento y organización de los tribunales del orden judicial del país.

Se trata de un criterio con peso específico y expansivo. Pues, respecto a quienes no han sido partes en el proceso, estos veredictos son más que una guía de orientación; en esta materia, la figura del precedente vinculante emerge con la particularidad de expandirlas hacia todo y contra todos. Esto, que es propio de la implementación como órganos de cierre de tribunales especializados en la protección de derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, quedó consolidado tras el modelo que asumimos al reformar la Constitución en el 2010, en cuyo artículo 184 agregamos que, además de ser definitivos e irrevocables, tales fallos constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.

Como bien ha expresado ese alto tribunal, sus decisiones no solo son vinculantes por la previsión constitucional que así lo expresa, sino por la función que realiza como órgano de cierre del sistema de justicia constitucional. De manera que, si bajo argumento contrario a lo que dicta la sede habilitada para ello, dicho mandato pudiera ser eludido por los poderes públicos y los órganos del Estado a los que va dirigido su acatamiento, entonces la supremacía no residiría en la Constitución sino en sus destinatarios, produciendo el quiebre de este sistema de justicia[2].

En opinión del profesor Rodríguez Gómez, no solo estamos ante la más trascendente de cuantas disposiciones informan la Constitución, sino que estas decisiones son normas jurídicas que hacen parte del derecho positivo; de suerte que, constituyen fuente directa de derecho con contenido y rango constitucional[3]. Ciertamente, la doctrina desarrollada en esta sede se produce a través de su labor resolutiva, integrando e interpretando, conforme a la ley suprema, la aplicación de las disposiciones normativas que realizan los demás tribunales a los supuestos sometidos a su consideración; en fin, ejerciendo el poder normativo que materializa con la extracción de una norma a partir de un caso concreto[4].

Así, la fuerza de un fallo de esta especie irradia en el ordenamiento jurídico hasta impactar situaciones que descansan en idéntica regla o competencia cuestionada; por tanto, para los casos en los que ha de ser considerada la misma norma, ésta no quedará indemne. De ahí que, el asunto merece la debida consideración y el respeto de todos. No asumirlo de esa forma nos deja irracionalmente atrapados en la idea de ver las decisiones constitucionales especializadas como simples referentes; rasgo propio de las materias en las que las sentencias de los órganos de cierre son asuntos meramente disuasivos hacia el quehacer del operador jurídico.

Ahora bien, no todo el contenido de estas sentencias guarda esa nota característica. La doctrina del precedente atribuye vinculatoriedad a la ratio decidendi; esto es, aquella parte de la decisión que contiene una sucinta exposición del motivo expresado para sustentar lo decidido[5]. Como afirma el constitucionalista Flavio Darío Espinal, parafraseando al jurista Miguel Ángel Fernández: “el precedente es la decisión contenida en una sentencia y la interpretación de la o las normas que le sirven de base directa, la cual debe ser repetida cuando se aplica a un caso análogo o donde se deben considerar las mismas normas”[6].

Luego, a falta de regatear a lo que citamos en el primer párrafo ser la base del fallo a que corresponde, tal decisión nos debe llevar a profunda reflexión sobre la cotidianidad judicial que viene descansando en medidas de índoles procesales que ha tomado el CPJ; tal sería el caso de la Resolución que regula el protocolo para la celebración de audiencias virtuales[7]. En esta regla se fijan pautas que, cuando no se traducen en el procedimiento a seguir, inciden en éste hasta hacerlo variar; toda una serie de elementos transformacionales paridos en una competencia que desborda aquella apuntada en la TC/0268/20 y, también, de la que trata una sentencia previa, marcada como TC/0446/18[8].

Además, si el debido proceso es derecho fundamental, regularlo ha de ser reserva de ley. Por eso, en esas circunstancias, no haber descontinuado el uso del protocolo para la celebración de audiencias virtuales y el consecuente sometimiento de ciudadanos al cumplimiento de trámites fundados en este instrumento, pone al desnudo el nulo nivel de compromiso para con el ordenamiento que anidamos usuarios y operadores; eso, en cualquier idioma, es más que perturbador. Pues, el resultado de toda actividad jurídica labrada al margen de un precedente queda condenado al más severo de los controles, el de constitucionalidad, y traduce la resistencia oficial en conducta impropia de un Estado de derecho; la nobleza obliga.

No en vano, razonando sobre la suerte de sus fallos, el mismo TC ha sostenido que el cumplimiento de un mandato dispuesto en un precedente no está sujeto a interpretación[9]; en eso, una vez acreditado el desconocimiento, no ha vacilado en anular el acto producido bajo ese contexto. Es que, la sumisión al precedente no significa otra cosa que la exigencia de aplicar a los casos particulares las normas generales que resultan contenidas en los mismos[10]. De modo que, desde cualquier ángulo, ignorar una decisión que lleva este carácter implica desacatar un precepto supremo y, con ello, agregar compleja fisura a todo lo que hemos diseñado sobre la justicia constitucional. De no entenderlo así, entonces, debemos revisar para qué asumimos tal diseño.

[1]Tribunal Constitucional. TC/0268/20, de fecha 9 de diciembre del año 2020. Disponible en: tc-0268-20-tc-01-2017-0014.pdf (windows.net)

[2] Tribunal Constitucional. SENTENCIA TC/360/17, de fecha  (30) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017. Disponible en:  tc-0360-17.pdf (windows.net)

[3] RODRIGUEZ GOMEZ, Cristóbal. En: Constitución Comentada. 2da ed. Santo Domingo: FINJUS, 2013, pp 371-403

[4]Tribunal Constitucional. TC/0150/17, de fecha 5 de abril de 2017. Disponible en: tc-0150-17.pdf (windows.net)

[5]ZÚÑIGA URBINA, Francisco. Sentencias del Tribunal Constitucional y el poder judicial. El valor del precedente. Estudios Constitucionales., Sentencias del Tribunal Constitucional y el poder judicial. El valor del precedente. Estudios Constitucionales 2006, 4 (julio), p.161. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82040207> 

[6]ESPINAL JACOBO, Flavio Darío: “La fuerza vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional” (online). Publicado originalmente en la Revista de Ciencias Jurídicas, Volumen I, Núm. I, septiembre 2013. Disponible en https://fdelegal.com/v2/la-fuerza-vinculante-de-las-decisiones-del-tribunal-constitucional-2/

[7] Resolución núm. 007/2020, del 2 de junio de 2020, del Consejo del Poder Judicial.

[8] Tribunal Constitucional. TC/0446/18, de fecha 13 de noviembre del año 2018. Disponible en: tc-0446-18.pdf (windows.net)

[9]Tribunal Constitucional. TC/0122/21, de fecha 20 de enero del año 2021. Disponible en: tc-0122-21-tc-04-2020-0070.pdf (windows.net)

[10]SODERO, Eduardo. Sobre el cambio de los precedentes. Isonomía. 2004, n.21. Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182004000200008&lng=es&nrm=iso

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