El Precedente Judicial Dominicano, Fantasma o Realidad

Por Erick S Rosario

Un tribunal que no se obliga a sí mismo con sus decisiones, o mejor dicho que ante casos similares emite criterios disímiles, devenga en irresponsable y lacera los derechos de cada uno de los que van en procura y sed de justicia a estos. El ideal ante esta problemática es un sistema en el que se establezca la característica vinculante que ofrece el modelo Common Law, y la obligatoriedad o por lo menos menor permisibilidad a la variación de criterios.

El objetivo primordial de todo ordenamiento jurídico es garantizar la seguridad jurídica de todo aquel que a este acude, la esencia de este principio es brindar la previsibilidad de las decisiones jurídicas, creando criterios de interpretativos firmes y uniformes. El “precedente”, en palabras del jurista Michele Tarufo, el “verdadero precedente”, de hecho, está constituido, o puede estar constituido, por una decisión que, con posterioridad, es considerada como una regla que se aplica también a casos subsiguientes, por lo regular este es el mecanismo con la más alta estima lo referente a la previsibilidad, un mecanismo esencial para la consecución del principio de seguridad jurídica y a la vez predictibilidad necesaria para el orden legal y su materialización a través de la jurisprudencia, utilizada tanto en sistemas “Civil Law” como en “Common Law”. No obstante, el vocablo “precedente”, con el pasar del tiempo ha adquirido un significado genérico y se ha arraigado en la psiquis de eminentes doctrinarios, juristas y estudiosos del derecho, al referirse a cualquier decisión de un tribunal, especialmente los denominados “Altas Cortes”, que de alguna manera sirven como medios ponderables en casos ulteriores.

Con la puesta en vigencia de la Ley 76-02 que establece el Código Procesal Penal, en la República Dominicana se empieza a hablar de un nacimiento seudo-precedente al menos en los tribunales penales, como fuente jurídica, pues esta ley establece entre las causales de casación en la antes mencionada materia, “la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia”, bajo la imposición de este normal legal es claro que nace en el país una especie de precedente o al menos persuasivo en materia penal, a pesar de que en la práctica y por principios de organización judicial (independencia judicial), no se materializaba este quimera.

La inserción y concreción en el ordenamiento jurídico del precedente, con todo lo que implica su significado, nace en la Constitución de la República Dominicana del año 2010, cuando le aplica la facultad de emitir sentencias que constituyen precedentes vinculantes al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, aun así los demás tribunales del país seguían con el desorden jurisprudencial, estableciendo criterios distintos a similares situaciones fácticas y jurídicas. Vulneraciones al principio de seguridad jurídica que un ordenamiento desarrollado o en desarrollo y modernización como se encontraba en aquel momento no podía permitir, no había una previsibilidad de ningún tribunal y en la realidad la discrecionalidad y arbitrariedad imperaban.

Luego de todo lo antes argumentado, es curioso que el nacimiento y la puesta en vigencia del precedente judicial en la República Dominicana es en año 2013, a través de un acto del único tribunal constitucionalmente habilitado para dictar precedentes vinculantes. A través del criterio establecido en la sentencia emanada del Tribunal Constitucional en fecha 4 de junio del año 2013, marcada con el No. 94/13, en la Ratio Decidendi (razón de la decisión) que es lo que constituye y de donde se deduce el precedente de una sentencia establece que “Aunque el criterio jurisprudencial por ante el Poder Judicial no es vinculante, el mismo debe considerarse como el criterio establecido en una o varias sentencias emitidas con anterioridad al caso en el cual se invoque el mismo.

Para que ese cambio pueda ser alegado ante un tribunal judicial, es necesario que la cuestión decidida en el mismo guarde similitud con el caso de que se trate, en lo que concierne, particularmente, al problema jurídico planteado, cuestiones constitucionales, hechos del caso, norma juzgada o tema de derecho”. Luego de este razonamiento del T.C., deja de ser una teoría y más bien pasa a ser parte de la realidad jurídica de nuestro país, es un conocimiento tal vez básico que debería habitar en la mente de todo profesional del derecho, en especial aquel que se gana el pan postulando y defendiendo posiciones e intereses en los tribunales de la República.

El precedente judicial en la República Dominicana ya no es ese alegato fantasmal que exponían erróneamente los juristas de finales del siglo XX y principios de la primera década del siglo XXI, es una realidad, un medio y una fuente que con seguridad se convertirá en parte importante del estudio de los estudiantes de derecho y no solo de estos sino también de los abogados en ejercicio.

Por  Erick S. Rosario García

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