El Plan País Seguro: ¿Ficción o realidad?

Por Víctor Manuel Peña

En el mismo mes de agosto de 2020 el gobierno del PRM anunció con bombos y platillos su plan de seguridad pública y ciudadana denominado Plan País Seguro.

Cada gobierno ha tenido su propio plan de seguridad pública y ciudadana.

El Ministerio de Interior y Policía tiene la misión de definir, aplicar y supervisar la ejecución del plan de seguridad pública y ciudadana.

La seguridad pública y ciudadana tiene que ser garantizada por el Estado de cada nación.

En un Estado democrático y de derecho tiene que haber seguridad pública y ciudadana.

La seguridad pública y ciudadana es un bien público de gran importancia para el presente y el futuro de cualquier país.

Un país sin seguridad pública ni ciudadana no puede funcionar de manera adecuada ni avanzar hacia fases superiores de desarrollo en lo económico, en lo institucional y en lo político en sentido general.  Tampoco podrá lograrse el progreso, el bienestar y la tranquilidad plenos.

Una piedra angular para que funcione un plan de seguridad pública y ciudadana es que el gobierno como administrador del Estado debe crear una base y aplicar políticas públicas que garanticen la solución sostenida de los problemas nacionales.

En una sociedad con graves y profundos problemas de desempleo, de desigualdad, de inflación y de pobreza extrema crecen y se agigantan los asuntos propios de la delincuencia común.

Asediados por esos problemas, muchos ciudadanos, generalmente pobres y muy pobres, deciden enrolarse en los canales de la delincuencia común y atentar y violar el orden legal establecido.

Es un abierto atentado al Estado de derecho.

Y en un Estado de derecho es totalmente inaceptable que unos se apropien de parte de los bienes legítimos de otros vía el ejercicio de la violencia propia de la delincuencia, lo que implica una flagrante y funesta violación del orden legal y del Estado de derecho.

Esa degenerada redistribución de las riquezas vía la delincuencia común y el narcotráfico viola flagrantemente el orden constitucional y legal.

Hablar de narcotráfico y de puntos de drogas fijos en los barrios no solo malogra la seguridad en los barrios y en el país, sino que destruye la salud de la gente y su presente y su futuro.

Un plan de seguridad pública y ciudadana tiene dos alas: el ala de la prevención y el ala de la represión o de la coerción.

El ala de la prevención no solo es función del Ministerio de Interior y Policía, sino que en ella tiene que participar por necesidad la Procuraduría General de la República.

El ala represiva o de coerción, es decir, la persecución tiene que ser ejercida por una institución que como la Policía Nacional hay la necesidad nacional de transformarla, modernizarla, profesionalizarla y actualizarla totalmente.

La persecución tampoco debe ser ejercida solo por la Policía Nacional, por lo que el Ministerio Público debe intervenir también en esa fase.

Y no hay manera de que un plan de seguridad pública y ciudadana funcione sin presupuesto.

Recientemente el ministro de Interior y Policía declaró algo totalmente inaudito y que ha revelado por línea de consecuencia el fracaso del Plan País Seguro: “No hay presupuesto, es decir, no hay recursos para combatir la delincuencia”.

O sea que la delincuencia común campea por sus fueros porque no hay presupuesto para combatirla.

O sea que estamos vendidos al diablo o al demonio porque no hay manera de garantizar la seguridad pública y ciudadana.

Y en efecto dondequiera hemos estado viendo y viviendo flagrantes violaciones a los derechos humanos.  Verbigracia: el agresor o violador de Baní, el asesinato simultáneo de tres personas en Yamasá incluyendo dos esposos y la que había sido mujer del asesino, los frecuentes asaltos a ciudadanos en diferentes puntos de la geografía nacional incluyendo el Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y provincia Santo Domingo).

El tiempo en este gobierno se está yendo o consumiendo en prometer obras en todos los puntos de la geografía nacional, en anunciar fideicomisos y celebrar con bombos y platillos las alianzas público-privadas, alentar precipitadas reformas a la Constitución pensando en la reelección, mantener un discurso sobre Haití mientras en la frontera siguen pasando las mismas vainas de siempre y así sucesivamente.

Los frutos financieros de los fideicomisos y de las alianzas público-privadas serán muy desastrosos y funestos para el Estado y para el país.

La poca experiencia en el manejo del Estado le hace creer al gobierno del PRM la vana y fugaz ilusión de que se la está comiendo con los fideicomisos y las alianzas público-privadas.

¡Y la verdad monda y lironda es que hay mucha gente en este gobierno del PRM, incluyendo licenciados en Economía, que no sabe con precisión en qué consiste la figura del fideicomiso y cuáles son sus implicaciones financieras!

Lo cierto es que agosto de 2024 tendremos un Estado dominicano más endeudado que un andullo por los préstamos directos recibidos del exterior, por los bonos soberanos colocados en los mercados financieros internacionales y por los endeudamientos logrados a través de los fideicomisos, aparte de la deuda pública colocada en el mercado de valores local por parte del Ministerio de Hacienda, lo cual aumenta y agrava el problema de la deuda pública solo por ese concepto.  A esto hay que agregar la deuda pública del Banco Central colocada también en el mercado de valores interno mediante la emisión de certificados de participación o de emisión, notas y letras. Todo eso aumenta enormemente la deuda pública del Banco Central por las altas tasas de interés que paga dicho banco.

Así, el cambio prometido por el PRM se ha carbonizado en un mero eslogan de campaña electoral o como dijo uno de sus más connotados dirigentes: “el cambio prometido por el PRM es pura propaganda política”.

También el Plan País Seguro no rebasa el marco de la mera propaganda oficial, por lo que ha pasado a ser más ficción que realidad.

Autor: Dr. Víctor Manuel Peña

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