El peso de la cotización sobre los períodos a sumar para la pensión por antigüedad en el sistema de reparto

Por Francisco Cabrera Mata lunes 22 de febrero, 2021

La pensión es de la esencia del derecho universal y constitucional a la seguridad social[1]. Sustituye la pérdida del salario, entre otros eventos, ante desvinculación por causa de vejez o cesantía por edad avanzada. Desde la entrada en vigencia de la Ley 87-01, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, este diseño, que hasta ese movimiento era dominado por el modelo de reparto, agregó el de capitalización individual; el primero lleva el rasgo de la solidaridad y el segundo la naturaleza de mercado.

En ese contexto de reforma, las pensiones del antiguo régimen quedaron vigentes hasta agotar el disfrute de sus beneficios. Esto así, a fin de no dejar en la orfandad a los pensionados, afiliados en proceso de retiro y a la población que frente al nuevo esquema permanecería en los sistemas de pensiones establecidos a la fecha[2]. De esta manera, con cargo al Estado quedaron algunos remanentes del sistema de reparto. Sobreviven, por igual, las asignaciones de pensiones directas que ofrecen instituciones estatales con independencia financiera y que podían continuar en dicho modelo o bajo regímenes especiales.

Bastará conjugar edad y  antigüedad para identificar cuándo la pensión de estas personas interviene por vejez o edad avanzada. En esto descansa lo relevante de tales parámetros. A esos fines, referente obligado es el artículo 1 de la ley 379-81, de Jubilaciones y Pensiones Civiles del Estado Dominicano para Funcionarios y Empleados públicos. Pues, de acuerdo a este texto, aplica para todo afiliado al Sistema de Reparto que haya prestado servicios en el Estado durante 20 años o más y cumplido al menos 60 años; claro está, estos presupuestos podrían variar respecto a ciertos sectores, no así el fundamento del esquema de reparto.

En este modelo, la generación joven financia las pensiones de aquella que le precedió y, en el futuro, su retiro estará financiado por una más joven que le sucederá. De ahí que, el periodo de trabajo sujeto a cotización, lo que en el régimen general de la Seguridad Social implica el comienzo del trabajo, no sea un gesto desprovisto de valor. Nos coloca ante una de las formas posibles a fin de dar contenido el párrafo del artículo señalado, cual prevé que para el beneficiario que haya trabajado en diversas dependencias u organismos públicos, el tiempo de servicio se computará sumando los años trabajados en cada tramo. En la capitalización individual, por su lado, importa el número de cuotas acumuladas.

El texto referido no distingue tipo de contratación, permanente o por cierto tiempo; por tanto, presentes los rasgos de una prestación de servicio remunerado con cargo al Estado, caso de la contribución al sistema de pensiones, dicho tiempo no puede ser inocuo. A juicio del Tribunal Constitucional Español, al debatir acerca del trato que reciben los trabajadores a tiempo parcial con respecto a los trabajadores a tiempo completo, si la obligación de cotizar y con ello su repercusión contributiva en el sistema de previsión social, se mantiene desde el principio y durante toda la vida laboral, desconocer ese tiempo al momento de fijar la cuantía de la jubilación, resulta contrario a la igualdad y a los principios de la Seguridad Social[3].

Ciertamente, las contribuciones de las personas activas orientadas a financiar el pago de pensiones de los pasivos, que se supone en su momento jugaron el primero de los roles[4], no son un saludo a la bandera del invasor. Por eso, aun en los regímenes especializados, un descuento de esa naturaleza aplicado sobre la remuneración que recibe en cualquier modalidad de servicio público el médico o el militar, por solo citar dos casos, compromete el período laborado con la antigüedad; excluirlo sería irracional y discriminatorio. Pese a que cuente como requisito de formación, en seguridad social, el servidor que así aporta se proyecta para ser beneficiario de esa cosecha.

Otras variables como disfrutar salario de navidad y vacaciones también cuentan, pero el peso del factor contribución al sistema resulta innegable. Veamos, si en cada nivel se entrega una cantidad determinada de esfuerzo y lealtad, hasta ser el equilibrio financiero del régimen, cómo negar a un médico residente o a un cadete que el tiempo de residencia o academia le sea sumado a la antigüedad que más tarde definiría su derecho a la pensión. Por los derechos en juego, la especialidad de un régimen no puede ser salvoconducto para huir del imperio de la Constitución. Asumir lo contrario le resta irracionalmente a la optimización de un derecho fundamental y encamina el acto hacia una infracción constitucional

En esto, con el peso jurídico que ello representa, el Tribunal Constitucional censura cualquier interpretación restrictiva de la ley que implique desconocer el principio de favorabilidad establecido en el artículo 74.4 Constitucional, cual se expresa en el sentido de que la Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad. Es decir, ninguna ley puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales[5].

Incluso, si excluir determinada contratación se sustentare en alguna regla interna, no sobra señalar que el propio TC, cuando ha tenido la oportunidad de decidir sobre el orden de jerarquía de un reglamento que fija plan de retiro y pensiones, frente al bloque de leyes en materia de salud y la Constitución, advierte que éste es secundario, subalterno, inferior y complementario de las leyes, por tanto, debe estar subordinado a éstas[6]. Por eso, una mirada condicionada a valores y principios constitucionales, de cara a la antigüedad comentada, resguarda todo contrato de servicio remunerado que, entre otros factores,  por lo menos haya estado sujeto a cotización. No contabilizaremos las cuotas, pero sí su sentido.

[1] Artículos 7 y 60 de la Constitución; 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[2] Sobresalen las Leyes 1896, sobre Seguros Sociales, y 379/81, de Jubilaciones y Pensiones Civiles del Estado Dominicano para los Funcionarios y Empleados públicos.

[3] Pleno del Tribunal Constitucional Español, sentencia del 3 de julio del año 2019. Disponible en: 2019-688STC.pdf (tribunalconstitucional.es)

[4] MORATÓ, Ana Inés; MUSTO, Ana. El impacto de la tasa de dependencia y la antiguedad en los rendimientos de los regímenes jubilatorios. 2010. Disponible en: M-CD4143.pdf (udelar.edu.uy)

[5] SENTENCIA TC/0323/17, 20 de junio del año (2017.  Disponible en: tc-0323-17.pdf (windows.net)

[6] SENTENCIA TC/0114/18, 21 de mayo del año2018. Disponible en: tc-0114-18.pdf (windows.net)

 

 

Por Francisco Cabrera Mata

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