El “peaje sombra” y otras verdades 

Por Fernando Peña

El llamado “peaje sombra” que se le llama así por la cantidad de dinero que el Estado dominicano debía pagar a la compañía ante por el bajo flujo de vehículos que circulaban por la vía respecto a lo estimado (ingreso mínimo garantizado).

El referido “peaje sombra” tiene su origen en el gobierno del expresidente Leonel Fernández para el año 1999 mientras con la convocatoria a la licitación.

En 2001, Hipólito Mejía como presidente adjudicó la obra bajo la gestión de Miguel Vargas, al frente de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC).

El peaje de la Autovía de Samaná o “peaje sombra” se le ha señalado por el elevado gasto que representaba para el Estado.

El contrato que firmó el expresidente Hipólito Mejía, el original, era rentable y técnicamente correcto y fue aprobado por el congreso. Así lo establecen expertos y especialistas.

El problema vino a partir de adendum en 2007 que aumentaron 109 millones de dólares al proyecto con el mismo flujo vehicular de 4,500 unidades en promedio diario como mínimo.

 A partir de ahí fue que se hizo insostenible financieramente.

 El expresidente Hipólito Mejía le dio continuidad al proyecto original que licito y aprobó en 1998 y 1999 el expresidente Leonel Fernández, el cual era factible financieramente y correcto.

Para el 2002 el Congreso Nacional la aprobó y en 2005 comenzó su ejecución, siendo nueva vez presidente Leonel Fernández.

Oficialmente empezó a operar el 12 de diciembre del año 2008 por igual en gestión de Leonel Fernández. Desde entonces llamado “peaje sombra”.

Este es un argumento irrefutable, que bajo premisas e intereses politiqueros no se puede desvirtuar.

Observemos que se firmó el contrato por el monto de US$125,516,542 en fecha 18 de julio del 2001 entre Vargas Maldonado, secretario de Obras Públicas de entonces y el representante de la concesionaria, Luis Fernando Jaramillo Correa. Pero se abrieron cláusula para puertas a la garantía del llamado “peaje sombra”, con el objetivo de “mantener el equilibrio económico del proyecto”, según constan en las actas aprobada y firmadas en agosto de 2005 y enero de 2006 por el exsecretario de Obras Públicas, Manuel de Jesús (Freddy) Pérez, durante el mandato de Leonel Fernández.

El contrato no nació viciado, era rentable y técnicamente correcto, además aprobado por el congreso.

Se han citados entre las supuestas irregularidades, la adenda, que se hizo en 2007, que tiene que ver con la compensación por cantidad de flujo de vehículos y el pago de ITBIS, así como el porcentaje a pagar y la inclusión de otras dos compañías luego de aprobado por el Congreso.

Las cosas hay que ponerla en el tiempo, la hora y el justo espacio.

Las culpas, si las hubo, que se pongan donde tienen que ir.

Por Fernando Peña

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