EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El Parlamento español dio hoy un paso más para derogar la prisión permanente revisable, en medio de un amplio debate social, político y jurídico sobre su idoneidad, avivado por los últimos casos de muerte violenta de jóvenes o menores en España, como el de Diana Quer (18 años) y el reciente del niño Gabriel Cruz.
Es la máxima pena de cárcel en España para asesinatos especialmente graves, incluida en una reforma legislativa de 2015, cuando el gobierno del conservador Mariano Rajoy disponía de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, mientras que ahora se encuentra en minoría.
La cámara legislativa decidió en octubre pasado tramitar una propuesta parlamentaria de los nacionalistas vascos del PNV para suprimir esta figura penal.
Hoy, el Congreso rechazó las dos enmiendas presentadas por el gobernante PP (centroderecha) y Ciudadanos (liberales) contra la derogación. También pretendían ampliar su aplicación a más delitos y endurecer el Código Penal especialmente en los casos de reincidencia.
Las enmiendas fueron votadas en contra por la oposición del PSOE (socialistas), Podemos (izquierda), PNV, ERC (izquierda republicana catalana) y la mayoría del Grupo Mixto.
En un debate acalorado, PP y Ciudadanos pidieron a los otros partidos, especialmente al PSOE, posponer la tramitación de la derogación -aunque sin conseguirlo- hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la cuestión.
Esta pena supone el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años de cárcel, dependiendo del tipo del delito y si es por uno o varios, tras lo cual se revisará. Si no se cumplen determinados requisitos para la libertad, el condenado seguirá en prisión.
Sin embargo, como la legislación penitenciaria que regula el sistema de cumplimiento de las condenas no ha sido adaptado a esta figura, la «revisión» se puede producir a los 15 años.
Varias familias de hijos asesinados consiguieron más de 2,5 millones de firmas en los últimos meses a favor de mantener la prisión permanente revisable. Algunos de los padres siguieron hoy el debate en la tribuna de invitados del Parlamento.
Rajoy, que se reunió con ellos, consideró que no es buena noticia «para ningún español» que algunos grupos políticos intenten derogarla.
El PNV, promotor de la propuesta de derogación, argumenta que su constitucionalidad es «dudosa», no es idónea ni proporcional, y su aplicación «erosiona» los principios de reinserción de los encarcelados.
PP y Ciudadanos pidieron hoy «rigor, prudencia y coherencia» a los socialistas, primer partido de la oposición, para «evitar legislar en caliente». Y el PSOE les replicó que «las víctimas no pueden ser utilizadas, ni ellas ni su dolor».
El debate parlamentario se celebró cuatro días después de que se encontrara el cadáver de Gabriel Cruz, desaparecido el 27 de febrero pasado en la provincia española de Almería (sureste), a quien mató, según su propia confesión, la mujer dominicana que era pareja sentimental del padre del niño en ese momento.
