El Pacto Fiscal un desafío que aún espera…
«Ningún viento será bueno para quien no sabe a qué puerto se encamina»
Séneca
Todas las decisiones que tomemos tienen un costo, ya sea político, económico, social, de oportunidad, entre otros, y toda decisión implica dejar de escoger una opción y también significa que somos responsables, no sólo de aquello que decidimos, sino que también de aquello que no elegimos, siempre será la mejor opción aquella que beneficie a la mayoría y la que tendría un mayor impacto positivo sobre estas. Los caminos que tomamos construyen nuestro presente y nuestro futuro, por ello en cada bifurcación del camino es bueno detenernos a pensar, y asegurarnos de que aquello que elijamos nos lleve a dónde debemos ir y que esa decisión este por encima de cualquier costo que esta conlleve. Estamos frente a una situación crítica, el impacto de la Covid-19 en nuestra economía ha sido catastrófico, tenemos una considerable disminución de empleos, un incremento de la pobreza, una caída fuerte de los ingresos tributarios, un enorme déficit fiscal, una inflación vertiginosa, una reducción del PIB a un nivel preocupante y aumento de la deuda pública, la más alta de nuestra historia. Para hacer frente a la parálisis de la economía y la consecuente caída de los ingresos fiscales, el Estado emitió en el mercado internacional de capitales un total de bonos soberanos ascendente a la suma de US$3,800M. La vorágine en la que nos ha sumergido el brote de COVID-19 nos ha traído dos grandes dificultades que se están desarrollando simultáneamente: la crisis sanitaria y la desenfrenada crisis económica, por lo que la pregunta que nos surge es ¿hacia donde nos dirigimos con una contracción de la economía de -7.6?
La operación de los bonos soberanos, realizada el 17 de septiembre de 2020, se hizo en tres tramos, dos de ellos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano, con diferentes rendimientos y plazos. El primer bono se emitió por un monto de US$1,800 M a un plazo de 12 años, con un rendimiento de 4.875% anual, el segundo, por un monto de US$1,700 M, a un plazo de 40 años y a una tasa de 6.25% anual y la tercera emisión, en pesos dominicanos, pero equivalente a 300 millones de dólares (RD$ 17,500 M), vence en el año 2026, y tiene un rendimiento de 10 %. En adición a esto en marzo del presente año se introdujo al Congreso un proyecto de ley para la creación de un fideicomiso para la recapitalización del Banco Central, que emitiría instrumentos de ofertas públicas durante un periodo de 20 años y hasta un monto de RD$648.64 mil millones y recientemente la Cámara de Diputados aprobó un préstamo por US$300M para el Programa de Apoyo a la emergencia de la pandemia. Como puede verse el endeudamiento del país es bastante considerable, limita el margen fiscal y la capacidad del país para llevar adelante políticas redistributivas y alcanzar la estabilidad económica.
El incremento de la deuda pública consolidada representa uno de los mayores desafíos que enfrenta la economía del país, puesto que el aumento ha sido considerable desde el 2019 a la fecha, en el 2019 año prepandemia, la deuda pública consolidada representaba el 47.3% del producto interno bruto (PIB) del país, es decir, US$42,077.2 millones, al día de hoy entre la paralización de la economía, el aumento del gasto social y la variación del tipo de cambio dispararon la deuda pública a un 70.5% del PIB, para un total de US$58,873.3 millones adeudados, según datos oficiales. Sobre este punto independientemente de que la deuda pública tiene comprometido el 70.5% del PIB, nos surge la pregunta, ¿tenemos capacidad de pago para honrar nuestros compromisos y a la vez encarrilar el país hacia su recuperación económica? ¿Podemos pagarla sin emitir más deuda? no hay dudas de que tenemos mucha dificultad e incertidumbre en el presente, puesto el déficit fiscal se está monetizando y generando mucha presión cambiaria, lo que amenaza con agravar la espiral de la inflación. Las vías que se proyectan para el crecimiento del PIB son pocas, una de ella es la recuperación de la confianza de los agentes económicos, que se concluya la inoculación de la población y mejorar la eficiencia y la recuperación del turismo.
No hay dudas de que el volumen de la operaciones y las tasas a las que se colocaron incrementarán la presión en las finanzas públicas, creando un mayor déficit fiscal, y que al menos de que el Gobierno logre incrementar los impuestos y profundice en la racionalización del gasto público el panorama es bastante sombrío y a esto tenemos que agregar que la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings otorgó a Rep. Dominicana una calificación negativa de -BB, lo cual significa que tenemos una capacidad mínima para honrar nuestros compromisos y que somos vulnerable a los cambios adversos en las condiciones financieras y económicas, esta realidad amerita movilizar recursos internos para financiar el desarrollo, reducir la dependencia externa, y establecer un clima macroeconómico estable, que para lograrlo, una de las vías principales es indudablemente con la reforma fiscal. Se requiere de un nuevo pacto fiscal que consolide las reformas en proceso, reduzca la evasión, aumente la eficiencia y equidad de la estructura tributaria y consolide en el Código Tributario los regímenes de incentivos, y además elevar la presión tributaria para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
En adición es necesario racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos, y privatizar algunos cuyos servicios son inoperantes, como por ejemplo la recogida de basura, en el país se producen diariamente 16 mil toneladas de desechos sólidos y la mayoría de las veces se vierten a cielo abierto, esto contribuye a un aumento del gasto en salud por el alto peso específico de las enfermedades asociadas a deficiencias de higiene y sanidad en el perfil de salud, lo que provoca una importante presión de la demanda de servicios de atención en salud. Otro servicio público que amerita regulación es el servicio de agua potable en los sectores privilegiados, debido al despilfarro de este valioso recurso, mientras a otros sectores marginados no les llega el preciado líquido. , no podemos olvidar que el agua es el único recursos indispensable para la vida humana, por lo que debemos hacer lo imposible por redistribuirlo correctamente, ese es nuestro petróleo, puesto se prevé que con el cambio climático el abastecimiento de agua será insuficiente a nivel mundial y sin ese recurso se paralizan todas las actividades productivas, la agricultura, las de generación eléctrica, la ganadería, la industria, entre otros y se propagan las enfermedades y crece el gasto en salud.
Hemos visto que la necesidad de un pacto fiscal es incuestionable, puesto la sostenibilidad de la deuda no se puede desvincular tanto de la capacidad de generación divisas y como de la recaudación. Ahora la pregunta que nos hacemos ¿es este es el momento oportuno para hacerlo en contraposición de aquellos que alegan que es más conveniente esperar que la recuperación económica muestre más firmeza y sostenibilidad? Indudablemente que este es el momento, puesto si asumimos que este no es el tiempo oportuno ¿Qué margen de maniobra tendrá el gobierno para atacar las brechas estructurales y las consecuencias de esta emergencia cuando se logre aplanar la curva de contagios y se eliminen las ayudas transitorias? es de suponer que las exigencias económicas cobrarán mayor notoriedad, por lo que la salida es aumentar los ingresos, puesto sin ingresos no hay producción, no hay empleo, aumenta la pobreza y el dinero no se mueve y así sucesivamente, es un círculo vicioso, que cuando se llega es difícil salir y como dice el Lee Lacocca uno de los más famosos ejecutivos de la industria del automóvil del siglo XX ´´una decisión correcta es incorrecta cuando se toma demasiado tarde´´ este es el gran reto que tiene el presidente Abinader si quiere casarse con la gloria, la regla número uno del manual de gestión de crisis es el siguiente: ´´cuando te encuentres en un hoyo, primero, deja de cavar para que no se haga más profundo´´
La República Dominicana tiene una deficiente estructura fiscal, caracterizada por una irregular distribución de la presión tributaria, con una calidad cuestionable del gasto público, una economía con alta proporción de informalidad, y con un alto gasto tributario resultante de los ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial, consistente en de exenciones, deducciones, créditos o pagos diferidos para el beneficio de determinadas actividades económicas, sectores, zonas o contribuyentes, lo cual representa un altísimo costo a nuestra economía. Estos incentivos fiscales representan un grave problema estructural para el país porque dejaron de ser medidas provisionales originadas con la finalidad de que determinados sectores se afianzaran en su actividad productiva y se convirtieron en medidas permanentes, o lo que es lo mismo en un privilegio fiscal. y esto adquiere un mayor nivel de inequidad porque es beneficiar a una “elite” económica empresarial, en detrimento de los que si verdaderamente los precisan y una porción alta de la población se queda sin posibilidad de ser atendidas.
¿Por qué es importante una reforma fiscal? En primer lugar, para unificar las leyes y normas tributarias que están dispersas y que crean dificultades y confusión y porque es necesario revertir las distorsiones nocivas para la economía, el país necesita avanzar hacia una estructura fiscal más depurada y transparente, que distribuya de manera más justa y equilibrada la presión tributaria; que garantice mejor calidad de gasto público y que sancione las evasiones. La estructura tributaria adolece de mecanismos para controlar la evasión, si se mide en términos de que el 60% de la población no paga impuestos, además tiene normas que hay que enmendar, que aclaro que desconozco si están en discusión en la reforma, por mencionar algunas, tenemos la propina obligatoria, establecida en el artículo 228 del Código de Trabajo, que establece que es obligatorio agregar al consumidor un 10% por concepto de propina, no obstante con este impuesto afectamos al contribuyente y la ventaja es para el empleador, en el entendido que les ahorra los costos laborales, dado que los salarios son mínimos y este ingreso del trabajador no es factible de ser considerado dentro de sus derechos adquiridos en la empresa. Es una arbitrariedad que además de un 18% de ITBIS se le cargue al cliente con un 10% adicional que además es improcedente.
Otro impuesto ilógico es el de la telefonía, los usuarios de las telecomunicaciones pagan además del 18% del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS), un 10% del impuesto selectivo al consumo (ISC) y un 2% de contribución al desarrollo del sector. Es inadmisible que los usuarios de las telecomunicaciones paguen el ISC, cuando el uso del teléfono es de primera necesidad y realmente ese impuesto grava la importación de bienes tales como, cigarrillos, bebidas alcohólicas, artículos de lujo, juegos de casino y apuestas, entre otros, y no conforme con eso le gravan un 2% adicional de apoyo al sector que es el más consolidado del país. De igual modo, las entidades exentas de pagos de ITBIS como las de asistencia social, caridad, beneficencia y los centros sociales, ameritan ser reguladas porque pueden ser vías para la evasión por algunos desaprensivos. Existen otras formas de generar ingresos que no son los impuestos convencionales como lo son los impuestos saludables, siendo cada vez más los países que se suman a la implementación de estos impuestos, definidos como aquellos productos susceptibles de gravamen por el contenido de azúcar añadida, en ese impuesto se cumplen una doble función aumentar los ingresos y promover la salud en la población, al tiempo de que bajaría el gasto en salud al disminuir el consumo de productos proclives a desarrollar enfermedades, como la obesidad, la diabetes, el cáncer y enfermedades cardiovasculares. Otro impuesto que es importante implementar es el llamado impuesto verde o ambientales que son aquellos destinados a gravar los comportamientos nocivos para la salud del planeta, y que parten de un sencillo principio ´´quien contamina, paga´´ además que son esenciales para frenar el cambio climático.
Hay otro impuesto que amerita ser revisado con carácter de urgencia por su repercusión y que provoca una espiral de aumentos generalizados y son los precios de los combustibles. Existen tres impuestos aplicables a los combustibles, un impuesto fijo por galón establecido en la Ley 112-00, del 16 de noviembre de 2000, adicionalmente, el impuesto ad Valorem, que en la actualidad es de un 16% del precio de paridad de importación, más un impuesto de RD$2.00 por cada galón para supuestamente ser usado en la rehabilitación de las vías, a esto se le suman los márgenes de comercialización para cubrir las tareas de distribución, transporte y detalle. La única alternativa a revisar en la estructura de costos de los combustibles serían algunos componentes que se incluyen en el precio de “paridad de importación”, donde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) hace ajustes de forma administrativa y sobre los que hay poca información. Es en esa estructura de costos es donde el gobierno puede ponderar alternativas que conlleven a una relativa reducción de los precios de los combustibles, y que siempre estará sujeto a la variación de precios en el mercado internacional.
Entendemos que no es difícil estar de acuerdo con una reforma fiscal, no obstante, la pregunta que nos surge es ¿Cómo alcanzar y hacer efectivos los acuerdos para mejorar el funcionamiento del Estado y más específicamente la política fiscal, si la forma en cómo se recaudan los impuestos es percibida por la mayoría de la población como inequitativa y complaciente con algunos sectores? Llegar a disciplinar la política fiscal es tarea complicada, si bien es cierto que la búsqueda de consensos sobre el régimen fiscal, ayudaría a lograr los objetivos, no es menos cierto que las probabilidades de éxito van a depender ante todo de cómo se responde a las presiones políticas y sociales, de la manera en que cala en la población, del modo en que se use los recursos del estado, de la percepción de la ciudadanía de que una parte estará destinado a proveer a los ciudadanos de servicios básicos, como los de salud y educación y en la creación de infraestructuras que faciliten el desarrollo del sector productivo. Aspiramos que cuando las autoridades lo definan, los actores convocados sean regidos por los principios de fortalecer la clase humilde con una política de gasto público progresivo, de no menoscabar los ingresos de la clase media, ni de la clase trabajadora, cargándola de más impuestos, porque lamentablemente seria desaparecerla y que se encamine a gravar los de ingresos y patrimonios altos y perseguir la evasión.
Hasta el momento, la ciudadanía no percibe que haya un uso racional de los recursos, se tiene una percepción de dispendio de los recursos públicos, es hasta lesivo el gasto del estado en publicidad, pagos desorbitantes a medios para promoción del gobierno, en definitiva, el pueblo no siente austeridad, es bochornoso ver como se montan tristes espectáculos, desafiando la inteligencia del dominicano con presentaciones innecesarias, con preguntas preconcebidas, con un auditorio sin experticia, por igual es penoso que se montara un espectáculo tan costoso para presentar una campana turística que termino siendo un plagio, así como inconcebible y más grave aún es la publicidad innecesaria que paga el DICON, por igual es ofensivo que se repartan RD$100M a los artistas cuando no se ha reconocido la labor de los médicos y enfermeras que ponen en riesgo su vida por salvar a los enfermos, de igual modo es una agravio para la población que en medio de esta crisis económica la cámara de diputados otorgara el día de las madres a todos los congresistas un bono de RD$300,000, eso revela que nuestra inconciencia no tiene límites. Definitivamente el gasto público debe ser ajustado, y es necesario desmontar de forma gradual, las ayudas sociales provisionales para que no se constituyan en permanentes que al final resultan terriblemente insuficientes, ineficaces e ineficientes, su cuantía es muy pequeña y desincentivan de forma muy importante a aquellos que tienen las mismas condiciones y quizás peores y no las reciben. Categóricamente estas ayudas generan una trampa de pobreza.
Mientras tanto, los encargados de formular políticas necesitarán comprender en mayor profundidad estas cuestiones, así como las repercusiones, económicas y distributivas que este pacto conlleva y de parte del gobierno esperamos obtener una comunicación formal sobre estos aspectos a través de una rueda de prensa para que se puedan atender y dilucidar todas las inquietudes de los medios y que el país pueda entender los alcances y se pueda expresar en libertad y aportar a la consolidación de este proyecto, este es un asunto que por su relevancia debe ser puesto al conocimiento del país, en el entendido de que un pacto fiscal resulta ser una política pública, pues tiene el objetivo de hacer que los agentes económicos, contribuyentes físicos y población consumidora se sometan a sus disposiciones y para que tenga éxitos y un carácter socialmente relevante debe ser participativo y abierto a todos los que estén en condiciones de aportar en la etapa de elaboración, esto impulsaría la cooperación de la ciudadanía , al tiempo de evitar futuras desavenencias y discordias movidas por insatisfacciones justificadas que amenazarían su puesta en vigencia.
Otro factor importante que es relevante mencionar que toda vez que se pretende aumentar las recaudaciones para cubrir déficits fiscales, fruto del alto porcentaje de corrupción que reina en la clase política de nuestro país, si no están acompañados de una firme a decisión de pasar juicio a todos aquellos que han burlado al pueblo dominicano y han desfalcado el Estado, todo habrá sido en vano porque es llenarle las arcas para que procedan a vaciarlas nuevamente y no tendrá sentido seguir afectando al contribuyente, con más impuestos ,quienes terminan siendo los payasos del circo. La corrupción ha permeado la sociedad a un nivel tal que no existe un recodo del engranaje político que no esté impregnado por ese flagelo y lo que le ha costado al país en términos económicos desborda toda imaginación, por lo que la anunciada reforma tributaria que se presentará próximamente al Congreso debe aspirar a recuperar los fondos sustraídos en contra del erario público y que han desangrado el presupuesto nacional destinado para la salud, la educación y el desarrollo. El país está esperando justicia, hay que dar escarmientos y presentar logros concretos, de lo contrario y haciendo alusión al slogan de PRM ´´EL Cambio Va´´ habremos cambiado de partido y de color, pero es más de lo mismo. El pueblo clama justicia y todavía no vemos avances ni resultados.
´´La decisión es un riesgo arraigado en el coraje de ser libres´´
Paul Tillich
Por Jacoba Hasbún