El origen del problema haitiano en RD

Por Jottin Cury hijo

Se cree que la emigración haitiana hacia territorio dominicano se inició entre 1929 y 1937; en realidad, ese éxodo comenzó a partir de 1916 con el tráfico de personas auspiciado por las tropas de ocupación norteamericanas para resolver el problema de mano de obra agrícola (en estado de semi-esclavitud), puesto que los trabajadores eran confinados en las plantaciones azucareras propiedad de inversionistas estadounidenses instalados en suelo dominicano. Cuando se produjo la desocupación de los norteamericanos en 1924, los gobernadores militares se aseguraron de dejarnos una Constitución que garantizara los intereses económicos de los propietarios de esos ingenios azucareros, a fin de que no faltara la mano de obra barata que servía de sostén a esas industrias.

El artículo 8 de la Carta Sustantiva de 1924 implementó un mecanismo más flexible para la adquisición de la nacionalidad dominicana, que no estaba previsto en la que se encontraba vigente al momento de la invasión, o sea, la de 1908. Los artículos 3, 4 y 5 de ese texto constitucional de 1924 eran lesivos al interés nacional, pues favorecían la permanencia de extranjeros en nuestro territorio y perduró hasta junio de 1929, cuando se retomó una modalidad similar a la que se encontraba vigente en 1908. En 1929 las autoridades haitianas y dominicanas, a solicitud de los Estados Unidos, se reunieron para delimitar la Línea de División Fronteriza entre ambos Estados. Luego de examinar los puntos por los cuales debía pasar la referida línea de demarcación, los haitianos se negaron a firmar el acuerdo a menos que se le reconocieran 5 puntos que reclamaban desde 1911 en base al trazado de un Plano de División Fronteriza elaborado por el cuerpo de ingenieros de la infantería norteamericana.

Las 5 dificultades presentadas por las autoridades haitianas eran las siguientes: 1. determinar la cabeza del río Libón; 2. determinar el curso que después de la estación de tránsito 805, en el camino de Restauración a Bánica, debe seguir la frontera hasta llegar al río Artibonito; 3. el curso que debe seguir la frontera entre San Pedro y el fuerte Cachimán; 4. el curso que debe seguir la frontera entre la cabezada del arroyo Carrizal, rancho de las mujeres y cañada Miguel; 5. el curso que debe seguir la frontera entre Gros Mare y la cabeza del río Pedernales. Como esas 5 dificultades solo perseguían sustraer territorio dominicano para adicionarlo a Haití, las autoridades dominicanas se negaron a aceptarlas hasta 1935, fecha en que Trujillo, para satisfacer una sugerencia de sus protectores, accedió a reconocerlas, lo que significó una rectificación del acuerdo de división fronteriza que se intentó formalizar en 1929.

Cabe destacar que, entre 1929 y 1935, los haitianos incursionaban en actividades ilícitas a través de la frontera, generando desasosiego entre los dominicanos. Trujillo pensó que estas molestias cesarían si accedía a satisfacer las dificultades presentadas por los haitianos en 1929, las cuales eran respaldadas por los Estados Unidos. En esas circunstancias se puso en marcha una política de detención de los nacionales haitianos ilegales en 1937 (desde Samaná hasta Monte Cristi). Esas medidas no se adoptaron en las zonas Sur y Este del país, toda vez que allí operaban ingenios de inversionistas extranjeros. Los ilegales apresados en la zona norte fueron trasladados a Dajabón para ser repatriados por la ciudad de Juana Méndez y, como hubo resistencia de parte de los ilegales extranjeros para ser devueltos a su país, se produjo una confrontación en la que hubo muertos y heridos. ¿Cuántos fueron los muertos, heridos y afectados económicos? Ese data se desconoce hasta el día de hoy, dado que en ningún documento oficial aparecen esas informaciones. A partir de 1938 el Gobierno dominicano implementó un “Plan de dominicanización de la Frontera Norte con Haití”, dirigido por el Padre Jesuita, Antonio de Santa Ana.

Conviene apuntar que este sacerdote jesuita escribió una obra titulada “Misión Fronteriza”, en la cual se puede leer lo siguiente: “Trujillo observó, con mirada vigilante, que en la línea fronteriza se iba perdiendo la fisonomía nacional. La presencia invasora de gentes haitianas con lenguaje extraño, moneda extranjera, costumbres exóticas, ritos religiosos del vudú y protestantes, minaban poco a poco este baluarte nacional de la Patria y lo convertían en una peligrosa cabeza de puente”. Se observa, pues, la preocupación del dictador ante la innegable realidad que constituía la constante penetración de nacionales haitianos en aquel entonces. Pero los responsables principales de esta dolorosa realidad fueron las autoridades norteamericanas, que desde 1916 se dedicaron a trasladar hacia este lado de la isla trabajadores indocumentados para sus ingenios.

Se firmó posteriormente un acta en la sede de la Unión Panamericana (actual OEA) para resolver los problemas generados por esos acontecimientos, junto a los representantes de los Gobiernos de Estados Unidos, Cuba y México que fungían como garantes del cumplimiento de ese convenio (a solicitud de Haití). Ese documento histórico se conoce como “El acuerdo de Washington de 1938”, el cual se encuentra todavía vigente y que inexplicablemente dejó de aplicarse después de la desaparición física de Trujillo. A partir de 1961 entramos en un período de democracia, en el que se suceden diversos gobernantes: Balaguer, Guzmán, Jorge Blanco, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader. Pero fue en 1993, durante en el Gobierno de Balaguer, que se redactó una Ley de Migración que finalmente fue aprobada 11 años después, o sea, en el 2004 con la nomenclatura de Ley No. 285/04. En la parte final de la misma se incorporaron los artículos 150, 151, 152 y 153 como prerrequisitos impuestos al país para ser aceptado en el DR/CAFTA, en los que se indica que los trabajadores que intervienen en la elaboración de los bienes y servicios deben encontrarse legalmente en el territorio del país receptor. Este acuerdo se aprobó poco antes de la Ley No. 285/04.

El apoyo del PRSC para que el PLD ganara las elecciones en 1996 contemplaba, entre otros puntos, la aprobación de la nueva Ley de Migración que no se pudo sancionar durante el mandato de Balaguer. Durante el período del PLD se redactó una nueva normativa sobre migración, distinta a la preparada en el período de Balaguer, la cual fue publicada en el Gobierno de Hipólito Mejía el 15 de agosto de 2004. Su reglamento quedó pendiente de elaboración. Un grupo de ciudadanos, ajenos a los intereses nacionales, entendieron que la nueva norma sobre migración era de corte trujillista y pensaron corregir en su reglamento algunos puntos que no fueron incluidos. Finalmente, el referido reglamento salió a la luz el 19 de octubre de 2011, esto es, 7 años después de la ley. Así las cosas, se produjo un limbo jurídico todos esos años, en vista de que en ese ínterin no era posible la aplicación de la norma de 2004, así como tampoco la anterior que era de la época de la dictadura.

Esta indefinición propició la penetración de numerosos ilegales haitianos que, ante una incertidumbre tan prolongada y unas autoridades inhibidas por la presión del poder extranjero, se aprovecharon de la situación imperante. Nada de lo sucedido es producto del azar, sino de la conspiración internacional de la que ha sido objeto el país para que asimile esa población foránea que huye de su propio territorio por las condiciones inhóspitas del mismo. En consecuencia, durante mucho tiempo tuvimos ley sin reglamento, y eso no fue casual. El objetivo de esa manipulación, a través de instituciones débiles y fácilmente permeables, fue ganar tiempo con la finalidad de introducir gradualmente indocumentados en el suelo patrio. Los organismos internacionales se han arrogado atribuciones propias de los poderes públicos, imponiendo criterios sobre aspectos que son del dominio reservado del Estado. En fin, esa intervención foránea ha sido desde el inicio la causa determinante en perjuicio del supremo interés nacional. Sólo la unidad del pueblo podrá servir de catalizador para presionar en la dirección correcta que garantice la defensa de los mejores intereses nacionales.

POR JOTTIN CURY HIJO

*El autor es abogado y experto constitucional.

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