Aquí de nuevo para contarles mi opinión sobre lo que se ha convertido la seguridad ciudadana, un mito difícil de entender en un país que se ha gastado millones de pesos gobierno tras gobierno ofreciendo una suerte de protección oficial que de nada sirve a los dominicanos.
Toda forma de atracos callejeros afectan a la población de tal manera que sólo la suerte puede salvar a los transeúntes de cualquier atraco cuando salen a las calles a resolver problemas diarios para cualquier persona.
El Presidente de la República, Luis Abinader ha ofrecido mediante discurso público identificar por chalecos numerados a los motoristas, otros jefes de Estado han hecho la misma promesa para quedan en nada.
Ojalá esta sea otra realidad de una promesa gubernamental.
En cuanto a los robos a mano armada son una rutina, negocios, residencias e individuos en común son objetos de atracos con armas de fuegos que legales e ilegales abundan en el territorio nacional.
Todavía los secuestros no forman parte del común de la delincuencia local pero en cualquier momento se posicionan dentro de la sociedad lo que traerá más intranquilidad a la gente y a las autoridades que les toque enfrentarlos.
Ante una perspectiva así hay que andar con tiempo para evitar males peores dentro de las tácticas delincuenciales, aprobando un nuevo Código Penal pero más que eso demostrando el gobierno que sería capaz de llevar seguridad pública a sus ciudadanos.
Todo tipo de delito tiene que ser erradicado por el sistema de justicia en todas sus vertientes sin embargo eso no pasa.
Agreguemos que entre delitos secuenciados y probados contra la población están los de accionar policial que actúan con falta de protocolo y profesionalidad sin que esto mejore en lo más mínimo.
El más reciente y peor ejemplo es la muerte de dos jóvenes por parte de una patrulla que aparentemente los buscaba unos delincuentes para eliminarlos físicamente por una posible orden superior que nunca será identificada.
Esto así porque parece ser que existen decisiones superiores que los subalternos tienen que cumplir en la Policía Nacional o cualquier otra institución castrense que sólo implica a los que las deben ejecutar.
En este caso la patrulla asesina pagaran solos el delito de matar a inocentes, quedando el mal sabor de que la seguridad ciudadana que debe estar en manos de los agentes del orden, está a cargo de elementos que actúan de acuerdo a las circunstancias y no por un protocolo de protección a los civiles.
Por Marino Ramírez Grullón