La Procuraduría General de la República es la cabeza del Ministerio Público dominicano, que equivale a lo que es el ministerio o la secretaría de justicia en otros Estados y naciones.
En el caso dominicano, por mandato expreso de la Constitución el procurador general de la República es nombrado por el Presidente de la República.
Por mandato expreso de la Constitución también el Ministerio Público es el juez de la querella, es decir, actúa en representación del interés general de la sociedad y es quien asume la querella o la acusación formal contra los que han cometido crímenes y delitos en abierta violación de la ley penal.
Así las cosas, el Ministerio Público asume la encarnación y representación de la acusación penal y en esa condición participa en el proceso judicial.
De modo y manera que el Ministerio Público no es la justicia en sí, sino que interviene como la parte acusadora en el proceso judicial.
La misma Constitución dominicana establece que los tres poderes clásicos que integran la estructura del Estado nuestro –el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial- son independientes, por lo menos en el estricto campo de la normativa constitucional vigente, aunque ello sea nominalmente.
En realidad sabemos que en el contexto de la historia dominicana desde 1844 hasta hoy el verdadero poder independiente ha sido siempre el Poder Ejecutivo, aberrante situación que ha alcanzado niveles extremos en las dictaduras y tiranías que hemos padecido.
Es muy lamentable decirlo que esa aberrante y deplorable situación se ha dado también en la mayoría de los gobiernos civiles que ha tenido el país, aunque naturalmente no con la misma fuerza y extremismo con que esta situación se ha dado en las dictaduras y tiranías que hemos padecido y sufrido como pueblo.
El hecho es que formalmente hablando el Poder Judicial es un poder independiente.
Con la creación del Consejo Nacional de la Magistratura en 1997, figura jurídica introducida en la reforma constitucional de 1994, y la Constitución de 2010 constituyen bases muy importantes en cuanto a la construcción de la independencia del Poder Judicial.
En la construcción de la independencia del Poder Judicial juega un papel importante el comportamiento moral de los jueces, de ahí la necesidad de la evaluación del desempeño de los jueces por parte del Consejo del Poder Judicial.
En la pretensión de corrección que se busca alcanzar con la justicia hay una corrección jurídica y una corrección moral, lo que da cuenta de que el Derecho y la moral son inseparables de acuerdo al doctor Robert Alexy, cumbre mundial de la filosofía del Derecho.
Los jueces tienen que ser por necesidad entes morales.
Al nombrar a personalidades en la Procuraduría General de la República que no son activistas o dirigentes políticos se ha dado un paso importante en la institucionalización del Ministerio Público, pero eso no significa, en modo alguno, que el Ministerio Público ya es un órgano totalmente independiente.
Pero mucho menos se puede decir que ya tenemos una “justicia totalmente independiente”.
En otras palabras, no es correcto decir que por nombrar personas independientes en la Procuraduría General de la República ya tenemos un Ministerio Público independiente pero mucho menos una justicia total y verdaderamente independiente.
Hablar del sistema judicial o del sistema jurisdiccional dominicano en cuanto a las acusaciones penales es hablar de los juzgados de paz, de los tribunales de primera instancia, las cortes de apelación y de la Suprema Corte de Justicia.
¿Es verdaderamente independiente el sistema judicial dominicano en cuanto a las sentencias o las decisiones que emite o toma permanentemente?
Esa verdadera independencia del Poder Judicial no ha llegado aún y no se avizoran visos de que esté por llegar!
Ésta es una sociedad donde cada quien aspira a tener un juez amigo. Imagínense lo que pasa con los grupos de poder y de presión tradicionales!
Aún no tenemos una justicia total y verdaderamente independiente!
De lo que sí puede hablarse con propiedad es que se ha dado un primer paso en cuanto a lograr un Ministerio Público independiente.
Autor: Dr. Víctor Manuel Peña