El inadecuado e irresponsable manejo de la frontera dominico-haitiana ha agravado la situación sanitaria de ambas naciones, puesto que la reciente medida adoptada por el Gobierno para abrir cinco días a la semana los mercados binacionales, lejos de reforzar los mecanismos para prevenir el COVID-19, contribuirá a incrementarlo. Mientras que en otros países la situación generada por la pandemia se ha ido controlando y estabilizando, en el nuestro, por el contrario, sigue aumentando progresivamente el número de contagios. Las razones son numerosas, pero la ausencia de controles fronterizos constituye una de las principales causas de este injustificado incremento que preocupa a la inmensa mayoría de la población.
Resulta inútil vacunar a un significativo número de dominicanos para alcanzar la denominada inmunidad de rebaño a la que se aspira para controlar los daños ocasionados por esta enfermedad, si no se ejerce un riguroso control sobre todos lo puntos de entrada y salida de extranjeros. No me refiero únicamente a la frontera con el vecino país, sino también a los puertos y aeropuertos por los que diariamente penetran personas y mercancías a nuestro territorio. Ahora bien, las particulares circunstancias de vecindad con Haití y la ausencia de vacunación de su población nos obligan a enfatizar en este aspecto por la obligada convivencia entre los habitantes de ambos países.
En días pasados el Listín Diario publicó una información sobre la dramática situación de nacionales haitianos que en pocos días alcanzaron la cifra de 400 muertes ocasionadas por el COVID-19. La noticia señala que falleció el presidente de la Corte de Casación, René Sylvestre, y que el exmandatario Jean Bertrand Aristide también se habría contagiado de coronavirus de conformidad con fuentes oficiales citadas por medios haitianos. Esta situación de extrema gravedad motivó que las autoridades haitianas decretaran un estado de emergencia y toque de queda para controlar los contagios. Sin embargo, el mayor inconveniente es que el proceso de vacunación todavía no se ha iniciado en el vecino país y se ignora cuándo llegarán las primeras dosis que enviaría la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En vista de las precarias circunstancias sanitarias de la población haitiana, en la que aparentemente se han detectado ya las variantes brasileña y británica, las autoridades dominicanas debieron adoptar medidas restrictivas al comercio para proteger a su población. Si bien es verdad que la economía es fundamental para el bienestar general, no menos cierto es que la salud debe privilegiarse ante cualquier otra decisión de índole económica. El Gobierno dominicano se ha visto obligado a aumentar la deuda externa para enfrentar numerosas adversidades, entre las cuales se encuentra vacunar a toda su población. En Haití, como medio para atenuar la crisis, el sector farmacéutico privado sería autorizado a importar vacunas debido la imposibilidad de sus autoridades para proveérselas a sus habitantes.
Se trata de una situación difícil para el pueblo dominicano que no puede asumir el costo económico que supone la vacunación de una población foránea. La solidaridad de la Comunidad Internacional debió hacer acto de presencia hace tiempo para ayudar a esa nación que ha sido declarada como un Estado fallido por sus inmensas limitaciones de diversa naturaleza. No podemos costear el proceso de vacunación de ese país, así como tampoco debemos padecer las consecuencias de su histórica desgracia cuyas causas son múltiples y diversas. La imprevisión y desdeño hacia la pandemia que se manifestó con su resistencia para adoptar medidas de prevención como el uso de mascarillas, distanciamiento social y otras medidas de higiene está arrojando un devastador resultado que podría arrastrarnos a una desdicha más severa que la padecida hasta ahora.
Más grave todavía es la ignorancia de un vasto sector de su población que tiene el convencimiento de que es inmune a los efectos de una pandemia que no termina por convencerle de sus mortales consecuencias. La directora de la Organización Panamericana de la Salud dio la voz de alerta sobre el alto índice de infectados, razón por la cual ha indicado que no hay tiempo que perder. La ayuda no termina de llegar a ese desventurado país que ha sido abandonado a su suerte por una mal llamada Comunidad Internacional que nunca ha realizado un esfuerzo serio y sostenido para mitigar el hambre, desempleo y sus múltiples carencias. Ese abandono no tiene otro propósito que endosarle el problema a la República Dominicana.
Como bien fue señalado en un trabajo difundido en las redes sociales recientemente, el pueblo haitiano está arrastrando al dominicano al mismísimo infierno al adicionarle una carga que no puede soportar ni tampoco tiene la obligación de asumir. Los responsables de esta desgracia son los Estados Unidos, Francia, Canadá y otras naciones que debieron asumir su responsabilidad histórica ante los infortunios de una nación que fue destruida por su ilimitada codicia. La voracidad y afán de lucro del capitalismo salvaje practicado tanto por los empresarios criollos como por las naciones desarrolladas terminará más temprano que tarde por destruir el orden prevaleciente. Lo más lamentable es que en el transcurso de este proceso se arruinarán extensas zonas del planeta producto de un egoísmo y una avaricia desenfrenados.
POR JOTTIN CURY
*El autor es abogado y experto constitucional.