“El medio es el mensaje”, fue la célebre frase del sociólogo de la comunicación Herbert Marshall Mcluhan, en su libro Understanding Media: The Extensions of Man; en la cual se focaliza parte de su estudio para explicar cómo los medios de comunicación masivos condicionan la percepción de la realidad y la información que reciben los receptores. Para los fines de este artículo, receptores somos aquellos a los que nos quieren ver las caras de “inocentes” en la llamada lucha contra la corrupción.

Y es que, la lucha contra la corrupción, la PEPCA la ha decidido librar en la opinión pública, en las redes sociales y en algunos programas denominados de “investigación”.  Para los tribunales solo quedan las numerosas cajas en las que la PEPCA coloca las etiquetas en las que se lee la palabra “pruebas”, pero al momento de ser ponderadas por los jueces – casi en su totalidad- terminan con el descargo de los alegados imputados por “falta probatoria” en los ya famosos casos blindados.

Pero estas breves palabras no tratarán de resolver el misterio de que realmente contienen esas cajas que siempre carga el PEPCA cuando las cámaras enfocan, sino más bien, una especie de pellizco al lector, para que vea un poco más allá de la curva.

La semana pasada, vimos como un caso de connotaciones jurídicas interesantes vuelve al foco mediático: el de la acción de nulidad de un documento emitido por la Unidad Antifraude de la Contraloría de la República Dominicana que hoy impugna el abogado Ángel Lockward, quien debe tener el récord nacional de más ruedas de prensa realizadas desde una oficina de abogados.

Sobre dicho caso, el canal 37 CDN emitió unos cortes de lo acontecido en la ultima audiencia celebrada por el Tribunal Superior Administrativo el 3 de marzo del 2023, en la cual se ve al Magistrado Wilson Camacho reclamándole a los jueces haber acumulado pedimentos que ellos hicieran, y a la vez, informan que a requerimiento de la Contraloría y de la PEPCA, la audiencia fue aplazada por novena vez para el día 17 de marzo del 2023.

Es en ese plano que el pasado domingo 12 de marzo del 2023 salió al aire un trabajo investigativo, también por el canal 37 CDN, denominado “Millonarios en papeles” – el mismo programa que en el mes de agosto del 2022, en menos de 48 horas de una cuestionada filtración de documentos de investigación privados y exclusivos de la PEPCA, ya tenía un programa listo para el aire, con entrevistas, visitas al campo y hasta tomas aéreas-.

El programa se centra en la entrevista a Teófilo Mota, quien, conforme a sus propias palabras, fue alegadamente engañado por su abogado Juan Polanco Céspedes y alguno de sus familiares, incluyendo a su primo Rómulo Mota, quienes debían de pagarle a él y sus hermanos una cantidad de la cual a la fecha solo han recibido la suma de Dos millones Doscientos Mil Pesos Dominicanos (RD$2,200,000.00). Para justificar la falta de pago, Teófilo Mota alega no haber firmado ningún documento, y que “puede haberlo firmado, pero porque su abogado así se lo sugirió – luego dice que lo secuestraron, no forzosamente sino de manera voluntaria, y así fue como firmó, llegando a requerirle a la entrevistadora auxilio para poder salir, pero eso se lo vamos a atribuir a la adrenalina que a veces causan las cámaras de televisión-.

El reportaje crea más dudas que respuestas. Si la narrativa se trataba de que el Estado pago terrenos inexistentes o que no se debían pagar, ¿por qué la queja de Teófilo Mota es de que a él y a sus hermanos solo les han pagado Dos millones Doscientos Mil pesos dominicanos (¿RD$2,200,000.00) y su primo Rómulo Mota y su abogado Juan Polanco Céspedes “son los que saben dónde está el resto”? ¿Cómo puede Teófilo Mota, quien dice no haber firmado nada – en adición al secuestro voluntario, indicó no saber leer, por lo que puede haber firmado algo sin saber lo que era- recibir sumas millonarias por un total de RD2,200,000.00? ¿Si no vendió, que hizo con ese dinero? ¿Lo devolvió? ¿Por qué le exige a su primo Rómulo Mota y a su abogado, a quienes denominó “los pagadores del dinero”, que le paguen a él y a sus hermanos el resto del dinero si nunca vendieron ni firmaron?

La realidad de las cosas es que el verdadero objetivo del programa del pasado domingo se evidenció en los últimos 10 minutos del mismo, en los cuales el abogado de los miembros de la Unidad Antifraude de la Contraloría, Osiris Disla Inoa, unidad del gobierno que trabaja de la mano con la PEPCA, hace unas insinuaciones peligrosas y por la ligereza y contradicción en que las hace, lucen ser infundadas.

En primer lugar, conforme se ha ventilado en los medios, las nueve solicitudes de aplazamiento en dicha demanda han sido solicitadas por la Contraloría y/o el PEPCA. Sin embargo, el Lic. Disla Inoa infiere que el Tribunal Superior Administrativo ya debió haberlas declarado inadmisibles, y nosotros nos preguntamos, ¿Cómo puede declararse inadmisible una acción en justicia que continúa aplazada a requerimiento de la propia Contraloría y de la PEPCA?

La alegación más alevosa de todas -acentuada por efectos de sonido y color por parte del equipo de producción del programa- es la de que los jueces que conforman el Tribunal Superior Administrativo actúan en contubernio con el abogado Ángel Lockward. Luce que la intención del programa no es más que enviar un mensaje amenazante, y por demás peligroso, a los jueces de ese tribunal, actuación ya reprochada públicamente por la Procuradora General de la República Miriam German.

O puede ser, que ya la propia Contraloría, y por qué no la PEPCA, se han anticipado a la ilegalidad de dicho informe y prevén el mismo desenlace de todos sus casos blindados.

¿Quién fue el culpable de la derrota del equipo dominicano en el Clásico?

Por Delvis Durán