El lenguaje de la protesta en el marco de los derechos fundamentales

Por Francisco Cabrera Mata lunes 22 de marzo, 2021

Por Francisco Cabrera Mata

En el orden social, la protesta supone un derecho que hace posible el ejercicio de otros derechos. Es mecanismo de actuación mediante el cual las personas se valen de vías directas para exigir sus derechos, justo cuando estiman ineficaces las demás herramientas de participación. Una forma de visibilizar a los sectores sociales discriminados[1] y que se manifiesta por los diversos modos del lenguaje con que cuenta el ser humano para externar su grito de dolor ante la insatisfacción. Si se quiere, algo así como “autotutela” que, en cualquiera de sus manifestaciones, expone un derecho reconocido por la Constitución y los tratados sobre derechos humanos suscritos por la República.

Como libertad de expresión, consiste en el derecho de las personas a manifestar y difundir libremente el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, a través del medio y la forma escogidos por quien se expresa, con la garantía de no ser molestado por ello[2]. Así, la prerrogativa protege tanto el contenido de la expresión como su tono; es decir, resulta de expresiones socialmente aceptadas y de aquellas que son inusuales. Claro está, por no ser un derecho absoluto, los textos suelen enmarcarla dentro del uso de las vías pacíficas que, para algunos, se siente cuando en la dinámica no se pone en riesgo la libertad o la vida de las personas[3].

En eso, el desnudo se ha convertido en expresión que por contravenir a la moral dominante suele lograr el impacto inicialmente buscado por todo manifestante, la visibilidad; esto lo hace recurrente y, en el contexto de arremeter contra un tabú, lo dota de singular éxito. Sobre el particular, nada que criticar en una sociedad en la que vestir exhibiendo las nalgas es un derecho. Por demás, como gesto de desasosiego, lo que está mostrando quien se desnuda en público no es otra cosa que su más extrema vulnerabilidad; no es un acto de exhibicionismo porque no existe el placer de sentirse admirado, sino el propósito de subvertir la costumbre y volver visible lo oculto; no el cuerpo, sino el argumento de la protesta[4].

Ahora bien, como derecho subjetivo de ejercicio colectivo, la protesta podría afectar los intereses de otros ciudadanos y el orden general, cuya salvaguarda compete al poder público; sin embargo, en los espacios públicos solo puede ser limitada ante una razón que lo justifique. Así, apresar al manifestante y desplazarlo del lugar como si se tratara de alguien que irrumpe ilícitamente, se asemeja a suprimir los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. De modo que, negar su ejercicio pacífico sería silenciar derechos vitales en el marco de un Estado social y democrático de derecho; pues, tal censura constituiría un mayor riesgo para la calidad de la democracia que permitirlo[5].

A juicio de la Corte Constitucional de Colombia, citada por nuestro TC, a fin de evitar posibles arbitrariedades y no impedir el desarrollo de una actividad de esta naturaleza, la intervención debe estar dirigida exclusivamente a eludir amenazas graves e inminentes, puesto que el ámbito irreductible de protección del derecho a la manifestación es a través de la presión en la calle, en forma pacífica y sin armas; por tanto, el Estado no podrá tomar medidas que directa o indirectamente anulen dicho ejercicio.

Para esto, la doctrina y la jurisprudencia internacionales coinciden en la defensa de lo que se llama la “doctrina del foro público”, por lo cual se dice que las calles, plazas y avenidas son lugares que tradicionalmente han sido usados para las protestas y merecen por tanto una protección especial[6].   No guardar la debida tolerancia al ejercicio de tales derechos es propio de regímenes represivos. Si la gente tiene un reclamo importante que hacer, entre otros, por que no se le aseguró una fuente de trabajo alternativa o no recibe el pago oportuno de la compensación por desvinculación, entonces, de ningún modo basta con que un día torne audible su voz[7].

En esas circunstancias, la democracia invita a cuidar al que el poder público le niega derechos; la persona que reclama un derecho no busca un privilegio. En pluma del juez norteamericano William J. Brennan, citado por Gargarella, los principios protectores de la crítica merecen un refuerzo mayor si el grupo de los críticos está compuesto por personas que no tienen fácil acceso a la televisión o a la radio y que no tenían la capacidad económica para expresar sus ideas en los periódicos; es decir, gente con un acceso muy limitado a los funcionarios públicos y al resto de la comunidad política.

Parafraseando al jurista Fernando Poviña, al evocar al también juez norteamericano Louis D. Brandeis, si el gobierno se vuelve un infractor a la ley creará un desprecio por ella e invitará a la anarquía[8]. En efecto, desvincular servidores públicos sin mayor motivo que desocupar la plaza para incorporar a uno de los “míos” y sin medir lo que dicho acto representa en materia presupuestaria y de seguridad social, no es menos bochornoso. Peor todavía, al no responder en provecho del desvinculado de cuanto manda el ordenamiento, presenta a la administración como modelo de lo que no debemos hacer y constituye caldo de cultivo para la protesta.

Es que, con esta odiosa e inveterada práctica, la pobreza solo cambia de hogar. Además, como suele no preocupar a la autoridad de turno, máxime si el afectado no es de los “suyos”, revela que según la temporada unos dominicanos lo son más que otros y que para construir liderazgo la clase que alcanza el poder no conoce método distinto al “toma lo tuyo”. Luego, al ofrecer a esa arraigada costumbre lo que merece, entre exhibir partes íntimas del cuerpo, destruir cristales o encender neumáticos en la vía, me quedo con lo primero; no por morbosidad, sino porque la desnudez lo que deja sin ropa es a la miseria humana que gravita en el hombre cuando detenta autoridad.

 

[1] CORTEZ-MORALES, Edgar. Protestar es un derecho, reprimir es un delito. 2014. Disponible en: Protestar+es+un+derecho,+reprimir+es+un+delito.pdf (iteso.mx)

[2] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-434/11, de fecha 23 de mayo del 2011. Disponible en: T-434-11 Corte Constitucional de Colombia

[3] DE MEDELLÍN, Personería. Protesta social: entre derecho y delito. Revista Kavilando, 2010, vol. 2, no 2, p. 133-144.  Disponible en: 327-Texto del artículo-1121-1-10-20191207.pdf

[4] COLLAZOS, Oscar. EL DESNUDO PÚBLICO Y LA PROTESTA. Publicada el 02 de septiembre 2004.Disponible en: EL DESNUDO PÚBLICO Y LA PROTESTA – Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 – eltiempo.com

[5] Tribunal Constitucional. SENTENCIA TC/0092/18, de fecha 27 de abril del año 2018. Disponible en: tc-0092-18.pdf (windows.net)

[6] GARGARELLA, Roberto. El derecho a la protesta social. Derecho y humanidades, 2006, no 12.  Disponible en: 16204-1-46063-1-10-20110915.pdf

[7] GARGARELLA, Roberto. Carta abierta sobre la intolerancia: apuntes sobre derecho y protesta. Siglo XXI Editores, 2019.  Disponible en: Carta abierta sobre la intolerancia: Apuntes sobre derecho y protesta – Roberto Gargarella – Google Libros

[8] POVIÑA, Fernando. “Regla de exclusión probatoria”. Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina,  2013, págs. 109.

Comenta

Apple Store Google Play
Continuar