El “golpe blando” fue una de las metodologías implementadas por la derecha Latinoamericana para lograr el cometido de llegar al poder. El camino hacia las urnas lo allanan los medios masivos de comunicación mediante la práctica de la criminalización del adversario, la difamación, la divulgación de falsedades disfrazadas de “verdad”, y la utilización de las redes sociales detrás de las cuales se esconde el ejército trol que hace su parte en esta embestida.
La manipulación de la sociedad para que ésta emprenda manifestaciones y protestas violentas, se ejerce desde las portadas de los principales medios del establishment, mientras los voceros oficiales del poder refuerzan la argucia con insistencia, provocando la ofuscación social. Se trata de golpe encubierto o golpe no tradicional y se traduce en el uso de un conjunto de técnicas conspirativas no frontales con el fin de desestabilizar un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. La denominación de “golpe blando” se le atribuye al politólogo y ex agente de la CIA, Gene Sharp.
América Latina ha padecido esta alternativa de golpe durante los últimos años; y ejemplo de ello es el encarcelamiento de Lula Da Silva en Brasil y la persecución mediático-judicial sobre la actual Senadora y ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Para comprobar este modus operandi solo basta con revisar las portadas de los medios hegemónicos, ejemplos gráficos del ataque permanente que han sufrido diversos líderes de izquierda de la región. Las operaciones mediáticas en las que gobiernos de corte popular fueron acusados de toda clase de crímenes, han sido una constante.
Y las posteriores desmentidas de dichos hechos no han surtido efecto, debido a que la “verdad” que se pretendió instalar, ya se había enquistado en grandes sectores de la sociedad. Esta perversa maniobra tiene su antecedente en la Alemania nazi. Fue precisamente el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, quien acuñó por primera vez el “miente, miente, que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá”.
Sin embargo, a la derecha de América Latina no le es suficiente la práctica del golpe blando, ya que en algunos casos no le ha dado el resultado esperado. De modo ahora ha decidido implementar lo que se ha dado en llamar “Lawfare”, cuya traducción es “Guerra Jurídica”: Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación de los grupos mediáticos del poder, y condena decidida de antemano.
Los aspectos fundamentales del Lawfare son:
1) El rol del Poder Judicial: El PJ se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Se persiguen objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Lo hacen a través de “expertos”, que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar “contaminado” por la política.
2) Ajuste estructural y lucha anti-corrupción: El proceso de recorte del Estado y lo público impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales y organismos bilaterales estadounidenses desde principios de los ’80 en América Latina, incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la “ineficiencia del Estado”. Se sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos” (léase: militantes, gente con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos (apolíticos). La persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público. A su vez, la corrupción va ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, igualando a los problemas económicos.
Ese fenómeno de la guerra jurídica en sí, tiene un costo elevado, y es el retroceso en los procesos de fortalecimiento institucional de los países de América Latina. La injerencia parcializada de la justicia en los asuntos políticos supone la anulación del Estado de Derecho, debido precisamente a su consciente politización. La Guerra Judicial hace tambalear la democracia, y le abre las puertas a un totalitarismo cuyos efectos ya se materializan en Brasil, Argentina y Ecuador.
Por Felix Nova