El lavado de activos y su ligereza punitiva (Primera parte)

Por Miguel Valdemar Díaz

Es posible afirmar que en los últimos años los casos que han sido sometidos y sancionados por el tipo penal de lavado de activos han incrementado de manera considerable. Esto se debe en gran medida a la promulgación en el 2017 de la ley 155-17 que trae una reforma sustancial para la sanción y prevención de este tipo penal. Por igual a esto se suma la Unidad de Análisis Financiero (UAF) la cual como ente regulador de las transacciones a partir del 2017 intensificó sus actividades cotidianas entre ellas, realizar con mayor rigor los levantamientos estadísticos de las transacciones u operaciones sospechosas que se realizan en el país.

El Informe Estadístico 2021 de la UAF recoge como en el año 2018 se reportaron de parte del sector financiero alrededor de 4,493 operaciones sospechosas mientras que para el 2020, año en que el mundo fue azotado por la pandemia del covid-19, se reportaron 6,453 operaciones sospechosas. Por igual, en el 2021 se destaca que este año “la proporción de reporte de operaciones sospechosas recibidos por parte del sector no financiero (2.03%) con la del año anterior (1.71%) mostró un ligero aumento en términos porcentuales de 0.32%… atribuido a una mayor integración del sector referido al sistema de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo”.

A esto podemos sumar el hecho de los constantes y sonados casos de corrupción y las denominadas operaciones de persecución que ha interpuesto la Procuraduría General de la República, algunos de ellos los casos “Pulpo”, “Coral”, “Falcón” y “FM”. Situación que ha generado que la mayoría de personas se encuentren ansiosas y temerosas respecto de este tipo penal, el cual conforme a la corriente actual amenaza con penas privativas de libertad de alta cuantía y el decomiso de los bienes adquiridos, de los cuales se imputa haber sido objeto del lavado de activos.

Para enfocarme de manera cabal en la razón que me empuja a redactar este artículo, es de primer orden abordar a vuelo de pájaro las características particulares de este tipo penal.

El lavado de activos ha sido definido casi de manera unánime como el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma licita, es importante que esta última parte la tengan bien pendiente. La maniobra consiste en transformar el dinero obtenido de forma ilegal en valores patrimoniales con el propósito de aparentar que se trata de una ganancia legal o legitima. De ahí que el lavado de activos se ha definido como toda operación, comercial o financiera tendente a legalizar los recursos, bienes y servicios provenientes de actividades delictivas.

El termino lavar surge 1920 en los Estados Unidos cuando Al capone, Lucky Luciano, Bugsy Moran y Meyer Lansqui, literalmente crearon empresas (lavanderías) para ocultar el dinero sucio en Chicago (proveniente del contrabando de alcohol, actividad que fue convertida en ilícita, debido a la prohibición de la venta y comercio de esta sustancia).

La mayoría de instrumentos normativos como referencias doctrinales coinciden en establecer que el lavado de activos se realiza en tres importantes etapas siendo estas: 1) la colocación que es cuando ingresa el dinero en el sistema formal; 2) la estratificación que es cuando se realizan múltiples operaciones para alejar el dinero de su origen y mezclarlo  con dinero legitimo; 3) la de integración que es cuando los bienes se convierten en bienes de apariencia legitima o licita, este último eslabón podríamos decir que es el fin de toda operación de lavado de activos.

Teniendo como punto de partida los elementos formales que constituyen el tipo penal de lavado de activos, sumando a esto, el hecho de que hoy día para las autoridades tanto administrativas, persecutoras como judiciales, todos los bienes que se vinculan a una persona tanto física, como jurídica, al momento de una persecución penal por un delito que cabe dentro de los relevantes penalmente en el sentido de la precedencia, se quiere partir de que los bienes son producto del  ilícito de  “lavado de activos”, lo que como mostraremos más adelante, no necesariamente es así.

Debido a las creencias erradas existentes con respecto a este ilícito se han generado ideas como que: 1) el lavado de activos solo sanciona y persigue a los bienes; 2) que el lavado de activos es un instrumento solo sirve para atacar las ganancias del delito; 3) que para configurar este tipo penal no se requiere de la comisión de un delito precedente. Tales afirmaciones y posturas son las esbozadas por los la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa adscritas a la Procuraduría General de la República. Lo que ha generado una multiplicación del error, que ha llegado no solo a los medios de comunicación, sino que además se ha confundido a los tribunales llegando a entender que las posturas anteriores son las correctas.

Es oportuno reconocer que el blanqueo de capitales, como también se llama a esa conducta, es concebido como un delito pluriofensivo que atenta contra la estabilidad económica de un país y la libre competencia, esto así al colocar en una posición de desventaja a los competidores formales y fieles al derecho, quienes pueden verse opacados por los lavadores de activos, quienes podrían sacar del mercado a quienes lícitamente y con esfuerzo emprenden una actividad comercial. Sin embargo, los ideales legítimos que justifican la persecución y sanción del lavado de activos no pueden ser óbices para realizar prácticas fuera del marco normativo, tendentes a satisfacer ideales populistas o particulares de las autoridades de turno o de los deseos en los que se muevan las mazas en un momento determinado.

Últimamente se ha visto como se discute en procesos judiciales algo que no debería ser objeto de debate y es la común frase que dice: “tener dinero no es un delito”.  Algo tan simple, pero fundamental ha sido el día a día de las discusiones en los procesos judiciales del momento. Ha existido de parte del Ministerio Público y los Jueces una confusión grave en torno al contenido del lavado de activos, la extinción de dominio y las ganancias obtenidas por la comisión de un delito. Aunque estas tres situaciones conllevarían con probabilidad a resultados penalmente relevantes, no es menos cierto, que cada una conlleva a consecuencias jurídicas diferentes.

En fin, antes de culminar con esta primera parte de este tema, la cual representa una simple contextualización de lo que representa este tipo penal, es preciso destacar que es necesario de parte de la comunidad jurídica prestar mucha atención a lo que ha estado ocurriendo en los distintos procesos que ha presentado el Ministerio Público y por igual, como los jueces en los distintos distritos judiciales han estado dictando sus sentencias al respecto, esto así, debido a que en una próxima entrega pretendo mostrar algunas críticas a decisiones judiciales que han distorsionado este tipo penal, haciendo ver incluso a la tan discutida ley de extinción de dominio como una herramienta sencilla y menos invasiva a los derechos de propiedad y las garantías constitucionalmente protegidas para un proceso judicial.

 

Por: Miguel Diaz Salazar

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