El imperio de la ley

Por Juan Tomás Taveras jueves 20 de junio, 2019

“No vive en paz el que no se siente ni está seguro”.

 La crisis de miedo que genera la criminalidad y la inseguridad jurídica que ponen en riesgo la paz social y la institucionalidad hace propicia la ocasión para motivar a la reflexión y que trabajemos por el rescate del Estado dominicano y nuestra patria.

 Los Estados y sus sociedades se organizan basados en una constitución y leyes que conforman su estado de derecho, visualizado en el interés de la población en general, que es alcanzar la felicidad que está sustentada en vivir con calidad, en armonía y paz, y por consiguiente, satisfacer los derechos y libertades que incluyen todas las necesidades básicas, hoy ausentes.

 Al recapacitar sobre la naturaleza de las personas podemos darnos cuenta de que los seres humanos son iguales y libres, o sea, por ley natural la igualdad y la libertad son propias de todos; en esto coinciden tanto filósofos como juristas de la antigüedad y del presente, y de acuerdo a estos estudiosos del ser humano, las personas, por lo único que ceden la igualdad y la libertad es a cambio de la seguridad. Por consiguiente, en busca de esa garantía de seguridad se justifica o surgen los Estados.

 De acuerdo a Thomas Hobbes, no hay paz sin sujeción, pues los seres humanos no podrían vivir en el estado de su naturaleza a causa de la inseguridad. Y es aquí que coinciden todos en la teoría clásica del Estado, que presupone el surgimiento del mismo para garantizar la seguridad. Esto le da poder al Estado.

 John Locke expresa que “el objetivo principal y más importante de las personas para unirse en sociedad y constituir el Estado, es el de vivir los unos entre los otros de manera cómoda, segura, pacífica y disfrutando de sus propiedades”.

 Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu defiende que “la libertad política se justifica por la tranquilidad de espíritu que proviene de la opinión que cada uno tiene de su propia seguridad”.

 Por su parte, Jean-Jacques Rousseau plantea: “Lo que pierde el hombre a través del contrato social es su libertad e igualdad natural, trayendo consigo la libertad civil y de sus propiedades”.

 El constitucionalista español Francisco Javier Pérez Royo concluye que es coincidencia general: “La seguridad es lo que justifica el Estado. Es lo único que puede explicar que los hombres abandonen el estado de naturaleza (de libertad e igualdad) y decidan constituirse políticamente. El sentido del Estado no puede ser otro que el de garantía de seguridad personal”.

 Las constituciones son el contrato social que dan nacimiento a un Estado y es de ahí donde se desprende el estado de derecho de toda sociedad organizada; es lo que da nacimiento al ordenamiento jurídico, lo que presupone el orden y la organización social por la que debe regirse la sociedad de todo Estado o país.

 Nuestro Estado y sus instituciones están en crisis, y el poder judicial garante de la Constitución y las leyes, el cual debe ser el principal soporte del equilibrio con los demás poderes, no funciona, no es independiente y lo peor, está corrompido y empeñado a cúpula del partido de gobierno y sus cómplices del sector privado o poderes fácticos .

 Por todo lo analizado concluimos que la única vía para conquistar la paz social, la seguridad de las personas y sus propiedades es “el imperio de la ley”,  y este objetivo solo podemos lograrlo con un sistema de justicia responsable, independiente, fuerte, ético y eficiente, que sirva de contrapeso y equilibrio en la administración pública y los poderes fácticos.

 La seguridad es asunto de todos y urge una gestión integral para prevenir causas y consecuencias de la conflictividad social, violencia en todas sus manifestaciones, crímenes, delitos, contravenciones o todo tipo de violación a las leyes, al derecho ajeno y al orden social establecido.

 Los actores que conforman el sistema de justicia son: jueces, fiscales y policías; destacamos que este último, “la Policía” es el brazo fuerte de la justicia, por consiguiente no podemos permitir que se siga debilitando nuestra institución policial o destruirla como muchos conspiran, sino por el contrario sanearla, apoyarla y fortalecerla.

 Sin un sistema de justicia independiente, eficiente y ético, y sin su brazo fuerte que es el cuerpo de policía, saneado, bien pagado y modernizado con las herramientas necesarias, como responsables de cumplir y hacer cumplir las leyes, será difícil resguardar el estado de derecho, especialmente las decisiones judiciales.

 Se hace imperativo hacer un llamado al presidente Danilo Medina, y al pueblo para que exija se amplíen las políticas de seguridad pública con planes estratégicos reales y sustentados en la criminología y todas las ciencias forenses relacionadas. Además, para que se mejoren los salarios y la calidad de vida de los policías que como recurso humano es el principal para la garantía de la seguridad ausente.

 Los Estados definidos avanzados cuentan con la garantía de necesidades básicas satisfechas de la mayoría de sus habitantes; si revisamos sus historias casi en su totalidad vivieron etapas de desorden y grandes desigualdades, enormes brechas entre ricos y pobres; lo superaron en un principio, en un corto y mediano plazo, imponiendo “el imperio de la ley” y luego, a largo plazo, sustentado en la educación de calidad hasta formar parte de su cultura.

 *El autor es aspirante presidencial independiente, mayor general retirado PN, periodista, activista social, miembro fundador y vocero de la Asociación de Policías y Militares Activos y Jubilados Dominicanos, APODOM, Pro Dignidad y Derechos. Incluye a todos los veteranos.

 Dios bendiga siempre al pueblo dominicano. «Todo por la Patria».

 

Por: Juan Tomás Taveras

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