La salida intempestiva y en pavorosa, la pasada semana, de los haitianos que residían en la provincia de Pedernales, por temor a represalias violentas que promovían dirigentes comunitarios como consecuencia del “crimen que dos haitianos cometieron contra dos esposos dominicanos” es un peligroso acontecimiento que no se puede repetir en ningún otro lugar de la R. Dominicana.
El pretender hacer justicia al margen de la Ley, amparándose en la acción de la muchedumbre incitada bajo los efectos de reacciones emotivas por la acción delincuencial que cometa un extranjero de cualquier nacionalidad es un grave atentando contra la paz, los derechos humanos, la seguridad jurídica y el sosiego político que, sin lugar a dudas, se disfruta en la RD.
Es una lamentable realidad social, a nivel mundial, la constante emigración de los países más carenciados hacia los de mayores desarrollos económicos. El derecho a sobrevivir y a gestionar una mejor calidad de vida es la principal razón que motoriza las incontenibles emigraciones de las zonas rurales a las urbanas y de un país a otro.
En el caso específico de la creciente inmigración legal e ilegal de haitianos hacia nuestro país son múltiples los factores que debemos valorar para ser justos, prudentes y comedidos a los fines de darle un tratamiento adecuado a esta importante problemática económica, social y humana, con lo cual evitaremos que trascienda al plano político, racial, xenófobo y que tenga repercusión internacional que afecten la buena imagen y el pujante turismo que disfruta la RD.
A lo anterior es imprescindible desmitificar y superar el zarandeado mito de la fusión de los dos Estados que cohabitan en la isla. Las realidades de la RD y de Haití convierte la fusión en una falsa preocupación, lo cual es absolutamente imposible por razones históricas, étnicas—culturales, económicas, territoriales, políticas y sociales. Ninguno de los dos pueblos la gestionan y ni siquiera la tienen como remotas expectativas.
La independencia y soberanía de la RD, por razones obvias, no corren peligro por parte de gobierno y pueblo haitianos. La injerencia e intromisión internacional que atentan contra los principios de la autodeterminación y la soberanía nacional provienen de otros litorales, hartos conocidos por el pueblo dominicano.
También es válido reiterar que varios organismos internacionales y gobiernos de poderosos países están al acecho de posibles errores o acciones violatorias de derechos que cometan los dominicanos contra inmigrantes haitianos para fortalecer su aviesa campaña en contra de la RD.
Es justo recordar que los dos pueblos quieren y merecen vivir en paz y que Haití, aun cuando es el país más pobre del hemisferio occidental, sigue siendo el principal mercado de la producción dominicana, en el que, anualmente, vendemos productos por más de mil millones de dólares.
En base a esta reflexión hacemos una vehemente exhortación para que en los medios de comunicación, redes sociales, líderes políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, en especial las comunitarias se manejen con cautela y sensatez ante los conflictos personales y actos delincuenciales que puedan cometer inmigrantes haitianos en nuestro territorio.
Es impropio de un pueblo civilizado sustituir las leyes y aplicar justicia con sus propias manos. Hay que evitar la búsqueda de soluciones bajo los efectos del odio racial y la incitación al abordaje irracional de los conflictos personales que se puedan presentar entre dominicanos y haitianos en una de nuestras comunidades.
El gobierno nacional y los gobiernos municipales, a través de las fuerzas militares, policiales, organismos judiciales y concejos de regidores deben estar atentos y en disposición de actuar con presteza y eficacia ante cualquier conato de situaciones similares a la acontecida en Pedernales, porque ese tipo de comportamiento es totalmente incivilizado, absurdo, peligroso y bochornoso que no se puede repetir en la R. Dominicana.