EL NUEVO DIARIO, BUCAR EST.- El Gobierno socialdemócrata de Rumanía derogó oficialmente hoy, en una reunión extraordinaria, el polémico decreto ley que despenalizaba algunos casos de corrupción y cuya adopción desató la mayor oleada de protestas en el país balcánico desde la caída del comunismo en 1989.
"El decreto de derogación ha sido publicado en el Boletín Oficial", informó en un comunicado el Ejecutivo.
El primer ministro, Sorin Grindeanu, anunció ayer que el Gobierno retiraba la medida porque no quería "dividir Rumanía en dos" y prometió trabajar con la oposición para redactar un proyecto de ley que cuente con el máximo consenso posible.
En el comunicado del Gobierno se indica que Grindeanu ha pedido al Ministerio de Justicia que ponga en marcha un debate público con todos los partidos políticos y la sociedad civil sobre una nueva normativa.
El primer ministro también ha solicitado que se elabore ese proyecto de ley en conformidad con el Tribunal Constitucional y las directivas europeas para que luego sea debatido en el Parlamento.
Frente a la sede del Gobierno se han reunido ya más de mil personas -cifra que se espera que aumente en las próximas horas- que piden la dimisión del Gobierno, pese a la retirada de la polémica medida.
"Queremos que dejen de aprobar cualquier ley que les beneficie, no nos conformamos con la retirada del decreto", dijo a Efe Ciprian Todita, un informático de 34 años.
Pese a la derogación, hay convocada para esta noche una nueva manifestación por sexto día consecutivo que puede convertirse en la más multitudinaria hasta ahora, superando las 330.000 personas que salieron anoche a las calles de las principales ciudades del país al grito de "ladrones" y "traidores".
Decenas de estudiantes de Cluj-Napoca, la segunda ciudad más grande de Rumanía, llegaron hoy a la capital para unirse a las protestas.
El martes pasado el Gobierno aprobó por vía de urgencia un decreto ley que despenalizaba los casos de corrupción si causaban pérdidas al Estado por debajo de 44.000 euros.
Esta modificación penal iba a acompañada de un indulto a 2.700 presos por delitos menores, también por corrupción, y que el Ejecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas.
La oposición, el presidente del país, Klaus Iohannis, la magistratura, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Europea y países como Alemania y Francia criticaron duramente el decreto.
El Partido Socialdemócrata (PSD) venció de forma holgada en los comicios del pasado diciembre con el 45 % de los votos, pero el polémico decreto no estaba incluido en su programa electoral.
Uno de los beneficiados de la polémica medida habría sido el líder del PSD, Liviu Dragnea, que no hubiera respondido ante un tribunal por un caso de corrupción con un daño para el Estado valorado en 24.000 euros. EFE
