EL NUEVO DIARIO, LIMA.- La Defensoría del Pueblo de Perú emitió este lunes un comunicado en el que invocó a que el paro de 24 horas convocado en la región Puno para el martes sea «pacífico» y en el que se denuncien a quienes cometan actos de violencia, así como le pidió a la Policía hacer un uso «proporcional» de la fuerza.
Diversas organizaciones sociales de Puno, la región surandina limítrofe con Bolivia, han convocado a un paro regional de 24 horas a partir del martes y anunciado una nueva marcha de protesta hacia Lima en junio próximo para exigir la salida del cargo de la presidenta, Dina Boluarte, debido a las muertes producidas en las movilizaciones de inicios de año.
La Defensoría subrayó que todo ciudadano «tiene derecho a protestar» por asuntos que considere insatisfactorios o perjudiciales para sus intereses, además de que el derecho a la protesta le da a la ciudadanía «la oportunidad de poner en evidencia problemas que los aquejan» e influir en la toma de decisiones de los poderes públicos.
«Este derecho, sin embargo, debe ejercerse en todo momento utilizando medios pacíficos, que en ningún caso afecten derechos de terceros, o generen intranquilidad social, o causen daños a la propiedad pública o privada», apuntó.
En ese sentido, añadió que es responsabilidad de todos los participantes «velar porque la protesta sea pacífica, aislando y denunciando a quienes propician o consuman hechos de violencia».
Con respecto a la intervención de las fuerzas del orden, la Defensoría manifestó que lo deberán hacer garantizando la aplicación de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
De acuerdo a la ley de uso de la fuerza y sus manuales operativos, «su intervención debe ser gradual, pudiendo hacer uso máximo de la fuerza solo en circunstancias excepcionales luego de haber agotado otras formas de control del orden».
Actualmente, Boluarte tiene en curso una investigación preliminar abierta por la Fiscalía de la Nación por las decenas de muertes que se produjeron en las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo últimos, sobre la que tiene que testificar el próximo 6 de junio.
«Voy a acudir al Ministerio Público, voy a contestar cada una de las preguntas que la fiscal me hiciera, no me voy a acoger al derecho de quedarme en silencio, porque la primera persona que quiere sabe qué pasó con los fallecidos (…) es Dina Boluarte», dijo la mandataria a la prensa la semana pasada.
La Fiscalía de la Nación (general) anunció el inicio de las pesquisas preliminares el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
En las pesquisas también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales» en Perú. E
