EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El Gobierno de Puerto Rico inició el proceso para aumentar el salario mínimo que comenzará con los empleados públicos mientras se negocia con la patronal su implantación en la empresa privada.
El secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, dijo hoy que la firma por parte del gobernador, Ricardo Rosselló, el jueves, de una orden ejecutiva para aumentar el salario mínimo entre los empleados públicos y en los contratos gubernamentales de construcción es un primer paso que se negocia llegue al sector privado.
Saavedra señaló que encabeza un grupo de trabajo encargado por Rosselló para negociar con la patronal que la medida se establezca también en las empresas privadas, iniciativa que llega en uno de los peores momentos de una crisis económica que se prolonga desde hace una década agudizada por la imposibilidad de pagar la deuda pública.
El funcionario indicó que la subida salarial no es algo extraordinario y que es una opción por la que se han decantado varios estados de EE.UU. que como recordó "no han esperado al Gobierno federal".
Saavedra resaltó que por ello durante el próximo verano el alza debe ser efectivo en Puerto Rico entre los empleados públicos y en los contratos gubernamentales del sector de la construcción.
No dio detalles de en qué situación están los contactos con la patronal para que la medida afecte también a los empleados de las empresas privadas y se limitó a señalar que el asunto esta en proceso de negociación.
La orden ejecutiva establece que para el próximo 1 de julio el salario mínimo de los empleados de las agencias del Gobierno central aumentará de 7,25 dólares la hora a 8,25 dólares.
Prevé también que todo contratista del Gobierno en la industria de la construcción tendrá que emitir una certificación para equiparar el salario mínimo de sus empleados al de los servidores públicos.
Algunos economistas cuestionaron la iniciativa del Gobierno, ya que coincide con los graves problemas por los que atraviesan las arcas públicas, sin apenas liquidez para cuadrar el próximo presupuesto que la Junta de Supervisión, entidad aprobada por el Congreso en Washington para atender el problema de la deuda, exige sea austero.
El prestigioso economista José Alamada dijo a Efe sobre la iniciativa que se trata de una decisión "improvisada e inconsistente", ya que se ha llevado a cabo sin un análisis riguroso.
"Es una propuesta confusa", indicó, tras apuntar que en cualquier alza salarial se debe de considerar cuál es el aumento del coste de vida previsto, algo que en ningún caso se ha hecho en la subida anunciada por el gobernador.
Alameda sostuvo que es además sorprendente que se opte por un aumento de salarios cuando esto tendrá un impacto en el presupuesto, justo en el momento en que la Junta de Supervisión exige recortes que hagan posible pagar a los acreedores de la deuda pública, que ronda los 70.000 millones de dólares.
Alameda resaltó también que la medida puede suponer una presión para el resto del mercado laboral, ya que quienes se encuentren por encima -pero cerca- del salario mínimo también exigirán ahora una subida, lo que puede crear nuevos problemas para el Gobierno.
El también economista Vicente Feliciano sostuvo que el dinero que se tendrá que dedicar a la subida salarial se sacará de partidas que estaban dirigidos a otros sectores como el de la salud.
Feliciano subrayó que anunciar una subida salarial a la vez que se presenta un plan fiscal, que debe incluir fuertes recortes, a la Junta de Supervisión es una iniciativa que llega a destiempo.
Rosselló firmará otra orden ejecutiva para crear un Comité Multisectorial para el aumento del salario mínimo en Puerto Rico.
Ese grupo estará dirigido por el secretario del Trabajo e incluirá al secretario de Desarrollo Económico y Comercio, la presidenta de la Junta de Planificación, un miembro de la Coalición del Sector Privado, un miembro del movimiento sindical, un economista y una persona nombrada por el gobernador.
El comité tendrá la encomienda de analizar y preparar un informe que deberán entregar en 90 días luego de la firma de esta orden ejecutiva, estableciendo recomendaciones dirigidas a la promulgación de legislación dirigida a aumentar el salario mínimo en Puerto Rico para el sector privado.
