EL NUEVO DIARIO, LA PAZ.- El Gobierno boliviano advirtió hoy de que no aceptará presiones en la pugna por los beneficios del gas entre dos regiones, que mantiene desde hace días paralizada a Sucre, la capital del país, por protestas contra el Ejecutivo.
«No vamos a aceptar presiones de nadie», subrayó el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en una comparecencia ante los medios en el Palacio de Gobierno en La Paz.
El conflicto enfrenta a las regiones sureñas de Chuquicasa, donde está la capital, y Santa Cruz, el mayor y más próspero departamento del país, por la ubicación de un importante yacimiento de gas y el reparto de beneficios que genera.
García Linera recalcó que los límites entre ambos departamentos fueron fijados por ley hace más de un siglo y «no pueden tocarse», porque «los límites territoriales son sagrados».
La ubicación de las reservas de gas, en una región u otra en una zona limítrofe entre ambas, está pendiente de un informe ordenado por el Tribunal Constitucional, recordó el vicepresidente.
La autoridad defendió que antes de la llegada al poder de su Gobierno la región de Chuquisaca recibía unos cinco millones de dólares anuales por beneficios de campos de gas, mientras que ahora percibe cerca cien millones, «un 2.000 % más», por las inversiones del Ejecutivo en el sector energético en este departamento.
Al respecto, comentó que estas inversiones suman unos 800 millones de dólares en doce años de Gobierno de Evo Morales y están previstos otros 1.200 millones para el próximo cuatrienio.
El vicepresidente lamentó las protestas, porque a juicio del Gobierno no existe «motivo real para estas movilizaciones».
Las protestas promovidas por organizaciones cívicas mantienen desde hace más de una semana prácticamente paralizada la región, con bloqueos en calles de la capital y cortes de carreteras que comunican con el resto del país, incluida la que da servicio al aeropuerto.
García Linera se refirió a esta cuestión en una comparecencia con motivo del Día del Periodista Boliviano, acompañado de miembros del Gobierno y del Parlamento de Bolivia.
El campo de gas de Incahuasi tiene reservas de alrededor de 2,2 trillones de pies cúbicos (TCFs) y representa un aporte de entre 4,3 a 4,6 millones de dólares mensuales.
Un informe técnico de 2016 fijó que el campo está en Santa Cruz, pero Chuquisaca reclama que la zona en disputa depende de un municipio de su departamento.
El pago de beneficios fue paralizado en diciembre del año pasado por el Tribunal Constitucional boliviano, que pidió un nuevo estudio sobre los límites.
