El Gafi y los activos virtuales

Por Paola Clisante lunes 15 de julio, 2019

El mes pasado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una Nota Interpretativa a su Recomendación número 15 acerca del uso, necesidades y regulación de las Nuevas Tecnologías.

El GAFI es –como hemos señalado en previas entradas- el organismo que, a escala mundial, fija los estándares para la prevención de los delitos en cuestión y, además, a través de sus grupos regionales, da seguimiento al cumplimiento de los países de todo el mundo mediante evaluaciones mutuas.

Como parte de su gestión, el GAFI desarrolló una serie de preceptos en procura de combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM), mundialmente reconocidas como “las Recomendaciones del GAFI”. Estas recomendaciones –publicadas por primera vez en 1990- constituyen un estándar internacional en la materia y, de acuerdo con los objetivos de dicho organismo, son la base para una respuesta coordinada a estas amenazas a la integridad del sistema financiero al tiempo de asegurar la igualdad de condiciones en todas las jurisdicciones competentes.

Entonces, desde el marco regulatorio, lo que se quiere evitar es que los activos virtuales sean utilizados para lavado o cualquier otro delito derivado. Por ello, el GAFI estableció medidas vinculantes y de relevancia para todos los países y para aquellos que interactúan en ese mercado.

Al reconocer la necesidad de contrarrestar adecuadamente los riesgos de lavado y financiamiento del terrorismo que pudieren estar asociados a los activos virtuales, el GAFI consignó 8 aspectos a considerar que, en resumen, versan sobre, por un lado, evaluar y comprender los riesgos LA/FT que surgen de las actividades de estos y, sobre esa base, aplicar un enfoque basado en riesgo para garantizar que las medidas tendentes a prevenir o mitigar el LA/FT sean proporcionales a los riesgos identificados.

Uno de los aspectos mas importantes sobre las nuevas precisiones dictadas por el GAFI es que se manda a que los proveedores de servicios de activos virtuales estén registrados en la jurisdicción en que se creen y, en todo caso, en aquella donde se encuentren establecidos y que, asimismo, sean supervisados por una autoridad competente (por ejemplo: una dirección general o una superintendencia o alguna dependencia de entidades gubernamentales como estas).

Ahora bien, por otro lado, también se manda a los países a que los activos virtuales estén sujetos a una regulación, supervisión y monitoreo adecuados para la prevención del lavado y que se estén implementado efectivamente las recomendaciones de este organismo internacional al respecto, tales como conozca tu cliente, debida diligencia e identificación del beneficiario final. El hándicap aquí es que los activos virtuales gozan de una naturaleza descentralizada (para algunos, semi-descentralizada), es decir, que no son activos emitidos por el gobierno, en tanto que, se complica aún más su regulación, supervisión y fiscalización.

A pesar de los retos que supone, deben ya verse venir iniciativas legislativas que procuren lo propio. Así lo han hecho otras jurisdicciones, honrando el carácter vinculante con las que cuentan las recomendaciones del GAFI para sus Estados miembros.

Los activos virtuales son una realidad latente; la amenaza de su uso indebido es inminente; y la posición del GAFI es clara: debe regularse. Por eso, nuestro próximo paso -como país- debería ser asumir esta urgencia y ponernos donde el patrón nos vea para evitar colocarnos en una mala posición ante el GAFI, pero sobre todo, ante los delincuentes y terroristas ávidos de ambigüedad legislativa y carencia de supervisión.

Por Paola Clisante
@PaolaClisante
www.paolaclisante.com

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