Exponer el término “poder municipal” requiere, por supuesto, hablar de transformación histórica y de los momentos estelares que ha jugado la municipalidad en los Estados Democráticos de Derecho. Desde luego, el municipalismo es un fenómeno que, a fin de comprenderlo, requiere retrotraerse a épocas de antaño, en la cual surge. Es que, al decir del gran Alexis de Tocqueville (2002) “es el hombre quien hace los reinos y crea las repúblicas; el municipio parece salir directamente de las manos de Dios”. Ello se traduce en aproximarse al estudio de la municipalidad como una de las organizaciones básicas de la humanidad, uno de los presupuestos organizativos que son una constante en la historia de los pueblos.
Como es sabido, el municipio no es más que una administración política relativa al territorio; el autogobierno de aquellos que viven o están en un determinado lugar. Dichas administraciones tienen como objetivo encargarse, de manera específica, de las necesidades especiales de cada lugar, y con ello conseguir ser eficientes en las soluciones que anhelan los ciudadanos. Al tratarse de una forma de autogobierno cercana a la persona, es esta institución la encargada de dar respuesta a necesidades “desconocidas” por el gobierno central, las que son particulares de cada territorio o de cada persona. Reconociendo así el poder municipal como un poder originario con un ámbito de funciones propias y exclusivas, que no encuentra su legitimación en una delegación estatal. Puesto que el Estado transfiere el poder de decisión a los órganos municipales, los cuales son administrados por autoridades elegidas por el pueblo y sometida al control de legalidad.
Ahora bien, la realidad nos ha demostrado que la teoría es corrompida por el ser humano, la fuerte tradición jurídico – política del Poder Ejecutivo, históricamente, han ido en desmedro de la autoridad municipal. Observamos como constantemente los municipios se ven imposibilitados económicamente a obrar dentro del marco de sus competencias. Vemos como quehaceres y responsabilidades del poder municipal como la prestación de servicios públicos, la seguridad ciudadana, la ordenación del tránsito, la recolección de desechos, la defensoría de espacios públicos, la regulación de la publicidad exterior son realizadas por el Gobierno Central y crean una terrible confusión en torno a las competencias municipales.
De manera que, si realmente existe una voluntad política en ánimos de promover la libertad de sus ciudadanos, dicha realidad se verá reflejada en el apoyo que recibirán los municipios. Apoyo este que no únicamente es económico, debe también reflejarse en términos institucionales y de voluntad política. Es tarea de TODOS el generar las condiciones para que las políticas y programas públicos estén diseñados desde su génesis con la participación de los gobiernos locales y que apunten a fortalecer sus capacidades, para así fomentar mayor efectividad en las respuestas que necesitan los ciudadanos.
Escrito por José Anibal Sanz Melo