El financiamiento público de la actividad política es promover democracia

Por Francisco Cabrera Mata martes 27 de octubre, 2020

Responder con sentido humano a las situaciones emergentes que genera la desafortunada circunstancia que vivimos, es un tema de todos. En se sentido, debemos ver con los ojos de la comprensión, el desprendimiento y la solidaridad las medidas que a tales fines anuncie el Gobierno central. No obstante, creemos que la sensación de entusiasmo generalizado que se expresa por la posible reducción de los fondos públicos que reciben los partidos políticos, hasta escuchar de un amplio sector de la población que la práctica sea eliminada, nos debe llamar a profunda reflexión.

Es posible que el deteriorado concepto de la democracia que nos ha tocado conocer, haga pensar que el dinero orientado al desarrollo institucional y al fortalecimiento de los derechos camina hacia la malversación y dispendio de recursos. Es el caso del financiamiento público en provecho de partidos políticos. Ciertamente, la falta de control y fiscalización en la calidad de esta inversión, así como la dinámica aplicada para definir la participación en la distribución, genera desconfianza que tarde o temprano pasa factura. Incluso, quienes decidan defender públicamente este tipo de financiamiento, corren el riesgo de la descalificación; hacerlo requiere de una combinación de carácter y competencia.

Es que en los regímenes electorales que apuntan a fortalecer la democracia, la transparencia en la administración de fondos por parte de los partidos y la democracia interna de éstos, constituyen elementos esenciales de las garantías debidas a sus miembros y al electorado. Por eso, garantizar la igualdad entre afiliados, el origen y manejo sano de los fondos que sirven de soporte a las actividades de las organizaciones políticas, no ha sido abandonado a la buena voluntad de la cúpula partidaria. Nuestra ley vigente sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos es muestra de ello, aunque no sea una obra perfecta, conviene asumirla con fe y esperanza.

La democracia cuesta y así lo enseña el costo operativo de las instituciones que convergen en ella. El financiamiento público de las actividades políticas, por ejemplo, que es lo que interesa al presente comentario, no es invento nuestro, es una práctica que predomina en la región y que nosotros incorporamos a partir de la ley 275-7 que, de acuerdo a como publicara el Listín Diario el pasado lunes 19, respondió a preocupaciones e iniciativas del Doctor José Francisco Peña Gómez[1]. Esta ley ha sido impactada hasta quedar derogada, pero el financiamiento público a favor de los partidos se reedita en el orden que le ha sucedido, casi hasta revivirla.

Propicio el espacio para citar, bajo riesgo de que el tiempo transcurrido le reste precisión al dato, que para el año 2011, Pablo Gutiérrez y Daniel Zovatto, hablando sobre los modelos de financiación, en evento organizado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEAS, por sus siglas en inglés), en tarea conjunta con la Organización de Estados Americanos, resaltaban a Venezuela y Bolivia como países de la región que habían adoptado el diseño de no participar en el financiamiento público a favor de los partidos políticos. En tanto que miraban hacia Chile, El Salvador, Honduras y Nicaragua, para ejemplarizar con naciones de la misma área geográfica que limitan la asistencia a los procesos electorales[2]. Esta fuente revela que la práctica tiene sus opositores, pero se trata de una tendencia que marcha y se consolida.

De acuerdo a la citada fuente, esta práctica del financiamiento público se inspira en los propósitos de transparentar el flujo económico, equilibrar las condiciones de la competencia, hacer menos vulnerables a los partidos de las presiones de grupos privados o garantizarles a éstos que no serán chantajeados por los partidos. En fin, se busca blindar a partidos y candidatos de los dineros provenientes de fuentes ilícitas y fomentar la rendición de cuentas[3].

Si bien los partidos políticos llevan sobre sus hombros complejas y delicadas obligaciones que nos podrían parecer tareas de pendiente cumplimiento, tales organizaciones son titulares de derechos que en el ejercicio de sus atribuciones las autoridades deben respetar, promover, proteger y garantizar. No son simples destinatarios de órdenes, mandatos y críticas. De ahí que debemos valorar en extremo toda práctica que tienda a disminuirlos o que redunde en perjuicio de su necesario fortalecimiento.

Como hemos adelantado, el sacrificio nos compete a todos y la circunstancia generada por la pandemia demanda de austeridad, pero mirar con ilimitada simpatía que le sea restado fondo al financiamiento de la actividad política, hasta pedir que desaparezca ese diseño institucional, nos dice que hemos construido una idea muy frágil de la democracia y de sus instituciones. Parece que no sólo la JCE debe trabajar en su imagen, los partidos políticos tiene por delante una obra similar. De esta agenda, la ciudadanía, guste o no de asambleas electorales, debe estar sentada en asiento de primera clase para percibir tales ventajas.

Este compromiso de los actores que intervienen en el sistema electoral, es impostergable. La puesta en escena de las competencias de la JCE sobre los partidos y la de los poderes públicos llamados a fiscalizar y supervisar a los demás poderes y órganos extra poder del Estado, debe producir los frutos que permitan apreciar las bondades de las nuevas leyes que inciden en el régimen electoral. Por eso, a nuestro juicio, cuidar del financiamiento público a favor de los partidos políticos, es cuidar de la democracia. Asumir con entereza los desafíos de poner en ejecución las leyes orgánicas 33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y 15-19, sobre régimen electoral, se traduce en una inexcusable obligación.

 

Por Francisco Cabrera Mata*

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