El fideicomiso Punta Catalina

Por Víctor Manuel Peña

El muy polémico contrato sobre el fideicomiso Central Termoeléctrica Punta Catalina ha sido enviado al Congreso Nacional en el interés del gobierno del PRM de convertir dicho contrato en ley.

Tenemos que comenzar diciendo que Punta Catalina es un bien enteramente público y que como tal tiene que ser administrado siempre por el Estado dominicano.

En el contrato sobre el fideicomiso Punta Catalina se establece una estructura en la que el Comité Técnico, integrado por cinco miembros, todos del sector privado, vale decir, un Comité Técnico enteramente privado para administrar un bien totalmente público como Punta Catalina.

Y de paso en caso de aprobarse ese endemoniado contrato de fideicomiso sería por treinta años.

¿Puede ser constitucional un contrato de fideicomiso que convierte en privado un bien público?

Obviamente que no porque ese bien de Punta Catalina, totalmente público, no ha sido vendido ni va a ser vendido al sector privado, pero lo que se dispone en ese contrato de fideicomiso es peor que si esa empresa pública, como es Punta Catalina, hubiese sido vendida al sector privado.

El Comité Técnico tiene tanto poder que sustituye al Estado en sus prerrogativas, aunque formalmente se diga que el Estado es fideicomitente y fideicomisario al mismo tiempo.

Los bienes aportados por el Estado, incluyendo los bienes de Punta Catalina, serán administrados por el Comité Técnico.

En la figura del fideicomiso los bienes que constituyen el fondo fideicomitido deben ser administrados por una persona moral o jurídica llamada agente fiduciario o simplemente fiduciario o fiduciaria.

En el caso del contrato de fideicomiso Punta Catalina aparece como agente fiduciario la Fiduciaria BanReservas.

Pero el Comité Técnico es una especie de superestructura que está colocado por encima de la Fiduciaria BanReservas y que puede disponer sobre esta fiduciaria o agente fiduciario.

Eso significa que el Comité Técnico puede decidir colocar a un banco privado como agente fiduciario en sustitución de Fiduciaria BanReservas.

Como el contrato de fideicomiso Punta Catalina viola la Constitución dicho contrato no puede ni debe ser convertido en ley.

Lo primero que debió haber hecho el gobierno del PRM era realizar sendas auditorías financiera y técnica a la Termoeléctrica Punta Catalina.

Y a partir de la evaluación de los resultados de las auditorías haber decidido qué hacer para hacer más eficiente y productivo ese bien público, pero sin negar nunca el carácter de bien público que tiene Punta Catalina.

Y había mucha tela que cortar en materia de corruptela pública.

Pero decidieron irse por el camino equivocado contradiciendo su propio discurso de campaña.

El cambio prometido por el PRM se ha carbonizado y no ha pasado de ser un mero eslogan de campaña político-electoral.

Otra cosa es que el fideicomiso es un camino totalmente abierto a los endeudamientos usando como activo de crédito el patrimonio o el fondo fideicomitido.

El patrimonio fideicomitido, es decir, los activos de crédito pueden ser usados para emprender el proceso de titularización, es decir, la emisión de instrumentos financieros de oferta pública a partir de los activos de crédito o el patrimonio o fondo fideicomitido.

Por esa vía Punta Catalina aumentaría sus niveles de deuda pública porque a través de los títulos emitidos se estaría endeudando con los bonistas o adquirientes colectivos e individuales.

Hay que subrayar que el fideicomiso es una figura jurídico-financiera utilizada para propulsar el desarrollo del mercado hipotecario y del mercado de valores y de capitales.

El Partido Fuerza del Pueblo ha planteado que el contrato de fideicomiso Punta Catalina que ya está en el Senado debe ir a vistas públicas a los fines de que el mismo sea discutido ampliamente por los diferentes sectores del país.

Mi opinión personal es que después de llevar a cabo esas vistas públicas, dicho contrato de fideicomiso sobre Punta Catalina debe ser rechazado por el Senado de la República por inconstitucional.

 

POR EL DR. VÍCTOR MANUEL PEÑA

*El autor es economista, abogado y miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo (FP).

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