En nuestro país no existen obligaciones de transparencia para la información relacionada con el patrimonio de los fideicomisos, por lo que se hace casi imposible determinar la cantidad de recursos a comprometer en estos instrumentos, ni la forma en que esos recursos son administrados.
Muchos patrimonios privados dominicanos, que antes salían del país a organizarse bajo la figura anglosajona de los trust, ahora se acogen a las previsiones de la ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso.
Pero, como se ha dicho en forma reiterada, en la República Dominicana no existe el Fideicomiso Público como figura de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que, si nos atenemos al Principio de Legalidad, el Estado no tiene potestad legal para promoverlos.
Al recibir los recursos públicos por distintas fuentes, en efectivo o en especie, estos fideicomisos que está creando el Gobierno para administrar recursos con fines de interés público, deben tener en sus responsabilidades la obligación de que sus operaciones y ejecuciones se realicen en el marco del acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Esto porque el dinero público pertenece a todos. Y porque todos tenemos derecho a conocer de su uso y destino.
Un inapropiado uso de los recursos públicos puesto en manos de un fideicomiso crea daños patrimoniales y la falta de controles de esa gestión potencializa las irregularidades y puede esconder prácticas corruptas y de enriquecimiento ilícito.
Por eso es que los ciudadanos tienen el derecho constitucional de acceso a la información respecto de las decisiones, uso y destino de los recursos del pueblo, que además deben servir para generar una mejor calidad de vida de los ciudadanos.
La transparencia que se predica debe abarcar a todos los recursos y bienes del Estado, y no limitarse a aquellos que no se pueden destinar a un fideicomiso.
Punta Catalina
Es en este sentido que se explica que la sociedad dominicana se haya crispado frente al a la decisión del gobierno de crear uh fideicomiso para la central termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), una obra realizada en la gestión del expresidente Danilo Medina, que fue altamente cuestionada, incluso tomada como tema de campaña política por quienes hoy nos dirigen.
Tantas y tan contundentes reacciones ha provocado el contrato de fideicomiso para esta obra – aprobado sin lectura y discusión en la Cámara de Diputados-, que las autoridades se han visto en la obligación de aclarar un panorama que luce muy turbio. Se alega que los Ministerios no pueden ser propietarios de empresas ni realizar operaciones comerciales con ellas. Y tienen razón, por eso la planta no fue integrada a Energía y Minas. En el lenguaje presupuestario se podría decir que Punta Catalina funcionó dentro de la estructura programática de la CDEEE como una unidad ejecutora.
El ministro de Energía y Minas ha dicho que Punta Catalina no fue creada como empresa, ni como una entidad especifica que le permitiera participar en el sector eléctrico. Pero resulta cuestionable que el estatuto jurídico que se le buscara fuera la figura del fideicomiso público, legalmente precario y sin realizar previamente vistas públicas ni la auditoria que certifique el monto real y gestión de esta obra.
El portal de la presidencia de la República en una publicación fechada del 15/01/2022 expresa que “el monto de la inversión hecha en la construcción de Punta Catalina será determinado e informado mediante una auditoria financiera que se iniciará este mes de enero”. Es decir, se creó un fideicomiso asumiendo como bueno y válido los 2,340.54 millones de dólares que estableció la señalada gestión de Medina, que, además, ahora serán auditados por la reacción de la población.
No estamos en contra de los fideicomisos públicos legalmente establecidos, lo que preocupa es que los comités técnicos que los integran respondan o estén vinculados al empresariado, justificando esas designaciones con un mejor desempeño, experiencia gerencial o alto nivel profesional. ¿Los integrantes de los comités técnicos participan del mercado eléctrico? ¿Son o han sido empleados de grupos vinculados al mercado eléctrico? Este es un tema que debería debatirse, porque en mercados tan imperfectos como el eléctrico, la transparencia debe ser una divisa innegociable.
¿Por qué este contrato de fideicomiso alteró a la sociedad? Se pudiera entender que es una razón puramente política, pero cuando se observa con detenimiento, el contrato establece una figura que bien pudiera endeudar al país sin la autorización del Congreso y eso debe explicársele a la gente.
El fideicomitente adherente, como se integra ahí, es una llave que abre la puerta hacia la “privatización” autorizando a terceros para ser accionistas de la planta, pudiendo así invertir bienes o derechos en el patrimonio de Punta Catalina mediante acto autentico. En un lenguaje más explícito, se estaría cediendo la administración discrecional del destino que marca esos fondos.
Si a través de este Fideicomiso un grupo empresarios del sector energético -o de otra rama- invierte en acciones en la planta, en el mediano plazo se puede reeditar la historia de algunas de las antiguas empresas de Trujillo, en las que algunos accionistas del sector privado (minoritarios), al serle confiada su administración tras la muerte del tirano, promovieron tantos aumentos de capital de esas sociedades que, al final, el Estado terminó siendo el “socio minoritario” .
“No se va a privatizar Punta Catalina”, han sostenido los voceros del Gobierno. Sin embargo, en el indicado contrato se sientan las bases de la privatización de la empresa mediante su control accionario.
Coherencia política
Durante años muchos dirigentes políticos nacionales han sostenido un doble discurso: el electorero, que genera olas de opinión que les favorecen en las urnas, y el de gestión, que en su mayoría solo justifica las acciones en el poder.
La importancia de hacer oposición responsable radica en que cuando se alcance el poder, nuestras acciones posteriores guarden coherencia con el discurso opositor, pero en el presente caso no es así. Y decimos esto, porque la propensión del actual gobierno a confiar la administración de recursos y activos públicos a fiduciarias, solo se va a traducir en una opacidad de la gestión de esos asuntos.
No debemos permitir que se continúe invalidando la democracia, restando vigor a la institucionalidad cuando se le cercenan a los entes públicos sus capacidades para administrar los recursos públicos que le son asignados en el Presupuesto General del Estado, o los que generen por sus propias actividades comerciales o de servicio.
Porque, incluso, el anuncio de que se pretende modificar la ley 189-11 para establecer los fideicomisos públicos como figura jurídica -para que no sigan operando al margen de la ley-, revela no solo la ilegalidad de la actual iniciativa con Punta Catalina, sino un deliberado desdén por transparentar las operaciones financieras de esa planta.
Es muy peligroso que en esa modificación a la carrera de la ley sobre el Mercado Hipotecario y los Fideicomisos no se transparenten la arquitectura y alcance de estos fideicomisos públicos. Y se pretenda que los ciudadanos no puedan exigir informaciones sobre el manejo de ese bien público.
Por Liza Collado