El Estado dominicano de cara a las invasiones de terrenos registrados.  Segunda parte

Por Ramón Nina jueves 5 de diciembre, 2019

La presente es la continuación de un artículo en el que tratamos la primera parte de un tema en desarrollo concerniente a las invasiones de terrenos registrados en el Proyecto Brisas de las Américas, Kilómetro #19, Autopista Las Américas, Distrito Nacional, Sector La Ureña, Urbanización Los Frailes, Santo Domingo Este.  Parcela que, incluyendo la No. 204-B (Pte.) tienen un área de 1,157,891.93 M2.

Recordemos que luego de recibir la RESOLUCIÓN del Abogado del Estado No. 209 de fecha 3/07/19 sobre “AUTORIZACION DE INTIMACION CONFORME AL ART. 48.1 DE LA LEY 108-05 DE FECHA 23-3-05”, mediante la cual se otorgó 15 días a los ocupantes ilegales para que abandonasen nuestra propiedad, y tras su debida notificación, nosotros tuvimos que partir al exterior a honrar compromisos.

 

Días después de nuestro regreso al país, el 23 de octubre de 2019 nos apersonamos sorpresivamente a nuestra propiedad, encontrando abierta la puerta de acceso al interior.  Allí el pequeño local del proyecto de la barbería estaba vacío, pero mantenía las hojas de zinc colocadas por los delincuentes en el tejado, la ventana y la puerta. “¡Al fin los delincuentes respetaron las órdenes del Abogado del Estado!” -pensamos-.  Mas la felicidad no nos iba a durar mucho…

Apenas habían transcurrido unos tres o cuatro minutos de nuestra llegada a la propiedad cuando se aparecieron dos delincuentes en la motocicleta placa K1157157: “Usted va a tener problema por entrar a propiedad privada…” -nos amenazó uno de ellos-.  No teníamos por qué contestar a tal provocación, optando por abandonar el lugar en el vehículo en que andábamos.  Al día siguiente elevamos una instancia al Abogado del Estado expresándole el incidente y solicitando nuevamente la Fuerza Pública.

Esta vez nos recibió personalmente el Dr. Gedeón Bautista quien nos explicó que había que otorgar un nuevo plazo de quince (15) días a los ocupantes ilegales; tiempo que les fue dado mediante la “Concesión de Plazo para Entrega Voluntaria” No.895 de fecha octubre 28 de 2019.  A tales fines volvimos a requerir los servicios de la ministerial quien procedió con el debido proceso de notificación el día 30 de octubre.

El 13 de noviembre regresamos a nuestra propiedad en compañía de unos amigos, entre ellos un Teniente Coronel, PN, para verificar la ocupación de la misma… ¡Vaya sorpresa la que recibimos!: En el interior del pequeño local, una pareja de delincuentes dormitaba abrazados sobre un colchón tirado al suelo y, en el área verde contigua, otros tres ocupantes ilegales estaban construyendo a vapor una casucha en franco desafío a las órdenes del Abogado del Estado. Al notar nuestra presencia, la pareja acudió a cerrar la puerta mientras que los de la construcción alegaban que teníamos que ponernos de acuerdo con “Pecalá” …

Vale recordar, respecto a la primera entrega, que cuando realizábamos las indagaciones sobre la procedencia institucional de “Ricardito”, fuimos informado de que el nombrado “Pecalá” es hijastro de Martín Ferreras Ferreras alias El Cojo, quien se titula como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos (CODEHU) que opera en la Ureña.  Y que, según el mismo Martín Ferreras Ferreas, en conversación telefónica con nosotros en el 2017, además de expresarnos que él defendía a Ricardito ante nuestros alegatos, nos expresó que el nombrado Pecalá es su hombre de confianza para “resolver los problemas en La Ureña.”

Debido al nuevo incidente, el día siguiente, 14 de noviembre, volvimos a tramitar una instancia al Abogado del Estado, quien por segunda ocasión nos recibió cordialmente… Días más tarde, el 18 de noviembre, fue emitida la orden de “Auxilio de Fuerza Pública para Desalojo” No.972 al Oficial Enlace con la Policía Nacional, coronel, PN, Dionicio Eugenio García, con quien debíamos reunirnos a los fines de coordinar el desalojo.

Previo a la reunión con el coronel Dionicio, tuvimos que pasar por ante su asistente, el Primer Teniente, PN, Reyes… Luego, el coronel Dionicio asignó al Cabo, PN, Moreta para que realizara el descenso al lugar de nuestra propiedad, agente a quien el día 20 acompañamos a los fines de observar y tomar las fotos correspondientes para el informe a su superior.

El operativo de desalojo fue coordinado para salir de la Comandancia PN de Los Frailes a eso de la 6am del día martes 26. Nosotros, en compañía de un pariente, llegamos a las 5:30am. Luego vimos llegar a la Ministerial y así, sucesivamente, a los convocados para el operativo de desalojo. Nosotros no habíamos sido convocados al operativo, más quisimos estar presente en el punto de la reunión por motivos “logísticos”.

En el trayecto hicimos de flanqueador para facilitar la llegada al lugar. La Ministerial y su equipo procedieron al desalojo con la debida custodia formada por efectivos policiales del Enlace entre el Abogado del Estado con la Policía Nacional y de la Comandancia PN de Los Frailes.  Luego de iniciado el operativo pudimos ver llegar al Mayor, PN, Diego, del Destacamento de La Ureña, a quien acudimos a presentarnos por recomendaciones…  La Ministerial, por su parte, no tuvo inconveniente en concluir su trabajo.

En horas de la mañana del día siguiente al desalojo, nos comunicamos con el Mayor Diego quien nos informó que los delincuentes habían destruido parte de la pared frontal de nuestra propiedad dizque en reacción por los daños que le hicieron en el desalojo (¡!). Que él había hablado con Martín Ferreras Ferreras y que éste le había dicho que no tuvo participación en la destrucción de la pared… Finalmente el Mayor nos prometió que hablaría con los delincuentes…  O sea, que, a nuestro modo de entender el mensaje del Mayor Diego, el desalojo no consistió en nuestro derecho de propiedad ante el rol del Abogado del Estado y el de la Policía Nacional en cuanto la protección de vidas y propiedades, sino que se trataba de un mero aparataje que quedaba a merced de los delincuentes y sus asociados…

No obstante, aquel panorama, y debido a la proximidad de nuestra salida fuera del país para honrar compromisos en el exterior, coordinamos con personas nuestras para que acudieran a nuestra propiedad este lunes 2 de diciembre para evaluar y reparar los daños de los invasores en la cerca de piedras, además de la limpieza de maleza y escombros dejados en el lugar. Ello se lo habíamos notificado personalmente al Mayor Diego quien nos había prometido la asignación de uno de sus hombres para acompañar los obreros…

Efectivamente, este lunes acudieron tres personas nuestras al lugar.  Primero, tal como habíamos planeado, pasaron por el Destacamento PN de La Ureña donde conversaron con el Mayor Diego, dejándole saber que se dirigían a nuestra propiedad…  Pero el Mayor sólo se limitó a dar su teléfono celular diciéndoles que lo llamaran si lo necesitaban. Cuando llegaron a nuestra propiedad, allí encontraron la verja frontal totalmente destrozada…  El material que habían comprado no les iba a ser suficiente para reparar los daños…

Al observar las imágenes que nos hicieron llegar de los destrozos, por la vía del WhatsApp, les instruimos que solamente procedieran con la limpieza de maleza y escombros…   Pero poco tiempo más tarde recibimos la alarmante información de que al momento de abordar el vehículo público en que se trasladaban fueron atacados con piedras por invasores portando machetes y armas largas con las que realizaron disparos.  Los delincuentes los persiguieron hasta llegar cerca del Destacamento PN de la Ureña donde nuestros hombres no encontraron auxilio policial… Las llamadas que habían realizado al Mayor Diego no fueron respondidas…

Cuando los hombres nos informaron sobre dicha agresión, les dijimos que se trasladaran al Comando PN de Los Frailes donde el coronel Milton Nova.  Debido a que el Coronel Nova no se encontraba al momento de su llegada, les sugerimos procurar al Teniente Coronel Victorino, Asistente del Coronel Nova, quien sí se encontraba, a quien pudimos explicar, por la vía telefónica, los acontecimientos y a quien pedimos amablemente que recibiera la denuncia de los hombres que habían acudido a la limpieza de la propiedad cuyo desalojo había contado con la protección de esa misma comandancia policial…

Más tarde nos enterábamos de que en esa Comandancia Policial no les tomaron la denuncia que nos prometió recibir el coronel Victorino…  En cambio, les dijeron a mis hombres que fueran a poner la denuncia a la fiscalía del GAPRE en Santo Domingo Este.  O sea, que se reforzaba en nuestra mente la razón de la ausencia de un régimen de consecuencia ante tal actitud de los miembros designados para actuar en la defensa de vidas y propiedades…

De los acontecimientos de marras, vemos que el DERECHO pierde espacio ante el DESORDEN que empodera una delincuencia organizada apadrinada por extorsiones y prácticas de “dame lo mío” en detrimento de una acción pública eficaz en pos de un régimen de consecuencia… En una tercera entrega podríamos dar detalles sobre el particular…

De manera que, insistimos, la debilidad de un régimen de consecuencia en materia de las invasiones de terrenos, tiende a obligar al propietario común a “ponerse de acuerdo” con el “posesionado” en la propiedad invadida por el jefe de los invasores y/o su asociado.  Sin embargo, tales acuerdos suelen conllevar, entre otros modos de extorsión, al pago de mensualidades para el “cuidado” de la misma propiedad que fuera invadida.

Mientras las pandillas de delincuentes mantienen en zozobra a los propietarios de los terrenos, nos preguntamos: ¿qué están haciendo al respecto, y en virtud de sus respectivas funciones, el Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, Ministro de Defensa; el Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte, director de la Policía Nacional, y el Dr. José Ramón Fadul Fadul, Ministro de Interior y Policía?

En relación con Paulino Sem, en su ARTÍCULO 1ro. la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana establece: “…El objeto de su creación es defender la independencia e integridad de la República Dominicana, mantener el orden público y sostener la Constitución y las leyes”.

Sobre Bautista Almonte, la Ley Institucional, en su Artículo 2 establece: “El objeto de la Policía Nacional es proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades, prevenir el delito, preservar el orden público y social y el medio ambiente, velar por el cumplimiento de la Ley y el desempeño de sus funciones, con la colaboración y participación interactiva de la comunidad en la identificación y solución de los problemas, a fin de contribuir a la consecución de la paz social y el desarrollo económico sostenible del país.”

Con respecto al rol de José Ramón Fadul Fadul, la Misión del Ministerio de Interior y Policía reza: “Garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos de la población, promoviendo el orden público a través de una cultura de paz, y una política de integridad institucional que involucre la sociedad para mantener los valores democráticos”.

Es obvio que la mayoría de los dominicanos confunden el DERECHO con los FAVORES, que por ello no reaccionan en reclamo al respeto de su dignidad ciudadana… De nuestra parte, tras el operativo de desalojo que a tal efecto el Abogado del Estado se acogió al Artículo 51 de la Constitución de la República; al Artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; a los Principio IV, Artículo 91, Artículo 92 y Artículo 47 modificado por la Ley 51-07 de la Ley 108-05, y demás sobre Registro Inmobiliario, reclamamos de estos funcionarios y de su superior la garantía constitucional. ¿Cómo se explica que las autoridades no garantizan la protección de vidas y propiedades tras un desalojo que contó con todo lo de la Ley?…  Necesitamos que se haga justicia en nuestro país.

Por Ramón Nina T.

 

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