El disfraz de la protesta ante la JCE

Por Enrique Alberto Mota jueves 20 de febrero, 2020

Protestar en el marco de la ley y el orden es un derecho que el pueblo dominicano ha ganado a costa de muchos sacrificios y dolor a lo largo de décadas plagadas de episodios sangrientos, de muestras de coraje y de vocación democrática.

Es un preciado bien que protege a la sociedad dominicana de las ambiciones de aquellos que pretenden anteponer sus intereses personales a las naturales necesidades y deseos de bienestar y desarrollo, en todos los órdenes, de un pueblo que aspira a vivir en paz y armonía, en el marco de las leyes de Dios y de los hombres.

Pero no debe ser nunca una herramienta al servicio de desaprensivos que subordinan el imperio de la ley y el orden a que sean complacidas sus expectativas de poder, aun cuando ellas no se correspondan con el deseo expreso de los electores ni mucho menos con los métodos democráticos ni estén en consonancia con la razón y el ordenamiento jurídico de un país.

Ese es precisamente el caso de las protestas que se vienen realizando en las inmediaciones de la Junta Central Electoral, utilizando, en muchos casos,  una juventud pujante que busca desesperadamente abrirse espacios hacia un futuro mejor, que precisamente le ha obstaculizado quienes, tras bastidores, patrocinan el absurdo movimiento en que están envueltos esos jóvenes.

El fin encubierto de esas protestas, modelo Puerto Rico, no es otro que, a costa de las vidas de algunos de esos incautos protestantes, pescar en mar revuelto, y sus patrocinadores resurgir como héroes del caos y el dolor, sin importar las consecuencias que esta situación suponga para un país que, como el nuestro, aspira y necesita de instituciones fuertes e igualdad de derechos.

Para alimentar esas protestas se usa como pretexto el absurdo propósito de que renuncien los integrantes de la Junta Central Electoral, luego de que fracasaran las elecciones municipales convocadas para el 16 de febrero posible.

¿Pero es esa realmente la razón? Obviamente, no. Nadie puede pretender que en el plazo que fija la Constitución de 30 días para la celebración de nuevas elecciones, el Senado de la República, que es la instancia a  la que corresponde, pueda elegir, con la ecuanimidad que requiere el caso, una JCE que actué con el acierto y la responsabilidad que exige el momento histórico que vive el país.

Una cosa es que se conmine a las autoridades por los métodos que establece la ley a que se lleve hasta las últimas consecuencias la investigación o investigaciones que se realizan para determinar los culpables de la barbaridad del 16 de febrero pasado, y otra caer en exigencias absurdas.

Eso no es más que un disfraz que persigue impunidad para quienes “sabichosamente”—como decimos los dominicanos—se escudan en esas protestas para instaurar la anarquía, pero son los verdaderos responsables de todo lo que dicen abominar, esos magos de la fabulación, la hipocresía y la farsa.

Por Enrique Mota

 

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