Que una actriz, un fanático deportivo o una modelo se desnudez tras la fama, la euforia desenfrenada, indignación social -por cualquier causa-, sublimación del arte o el dinero, no es nada del otro mundo; pero que una ciudadana apele, como protesta o impotencia ciudadana, al desnudo público -y en el Día Internacional de la Mujer- es señal inequívoca de que no andamos bien como sociedad en término de respeto a derechos adquiridos por ley, pues la señora, que acaba de acaparar titulares no estaba haciendo exhibicionismo sino llevando a extremo una queja que debió atenderse en los tiempos que la ley consigna y sin dilación; o contrario y de justicia, haberle repuesto en su lugar de trabajo.
No me imagino lo que ha implicado para su dignidad humana y ciudadana, el haber tenido que apelar a ese recurso extremo para exigir unas prestaciones que ya debieron estar en sus manos, pero que no llegan como las de tantos desvinculados -de cumplimiento- de sus puestos en la administración pública. Lo que nos pone a preguntar: cuál o cuáles instituciones públicas -por ley- están obligadas a socorrer y hacer cumplir la ley 41-08 que rige al servidor público. Y más cuando se trata de ciudadanos infelices que no disponen de recursos para pagar abogados que les defiendan sus derechos adquiridos….
Esos excesos de abusos gubernamentales no deben tolerarse ni permitirse, sea cual sea el gobierno de que se trate -porque no es la primera vez que empleados públicos y hasta privados viven un calvario semejante o peor para recibir sus prestaciones una vez son desvinculados-.
Esos abusos a pobres infelices, hay que desterrarlos del contrato entre Estado-gobierno y servidores públicos. Esa humillación no genera más que rebeldía ciudadana y vergüenza-país. Y repito, el abuso no es nuevo ni tiene bandería política.
Autor: Francisco S. Cruz