El derecho a trabajar y su entorno jurídico

Por Francisco Cabrera Mata

Este tema enseña que el concepto derecho al trabajo y el que corresponde al derecho de trabajo llevan notorias diferencias. El primero está asociado a la prerrogativa de ganarse la vida a través de un medio libremente elegido, mientras que el segundo apunta hacia ese conjunto de disposiciones que regulan el ejercicio de este derecho[1]; es una actividad que, cuando se desarrolla en un marco de bilateralidad, nuestra ley laboral la hace descansar en el contrato individual de trabajo, donde logra una particular forma de realización. De modo que, el derecho a trabajar no nace del contrato de trabajo, es anterior a éste.

Así, hablamos de una prerrogativa común a todo ser humano y que potencializa al trabajador que interesa al vínculo laboral, en cuyo favor la propia ley reconoce otros derechos que, como la dignidad humana, también son previos al contrato. En esta perspectiva, siendo un atributo de tal naturaleza, la cuestión supone un trabajo libre y voluntario; de suerte que, su titular goza no solo de la facultad de elegir conforme a su mejor conveniencia la incorporación a una determinada actividad, sino que es soberano para decidir cuándo se incorpora a la misma.

No en vano ha sido elevado a categoría de derecho fundamental, consideración jurídica que se circunscribe dentro un compromiso asumido por los pueblos para promover este derecho que, gestado en el seno de las Naciones Unidas, exhibe la trascendencia de estar consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos[2]; misma ruta que desde la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre decidieron transitar las naciones de América[3]. Esto explica que más tarde haya aparecido en instrumentos llamados a imprimir vinculatoriedad, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia­les y Culturales[4] y el Convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la política de empleo [5].

A ese relevante cuadro normativo se agrega lo que sobre el particular predica nuestra norma sustantiva en su artículo 62. Dicho texto, visto en conexión con el preámbulo de esta regla suprema y con sus artículos 7 y 8, desde donde se habla del bienestar social como valor, el trabajo es declarado fundamento del Estado y la justicia social parte integrante del marco en el que éste debe cumplir sus fines esenciales, se traduce en uno de los principios rectores del Estado social y democrático de derecho. De esta concepción del Estado, a juicio de la Corte Constitucional de Colombia, la consagración constitucional del trabajo debe entenderse no sólo como factor básico de la organización social sino como  principio axiológico de la Carta[6].

Lógicamente, al exponerlo como un derecho de libertad y censurar toda práctica que vaya encaminada a impedir su ejercicio o a vulnerar la denominada libre elección, es materia que no escapa a la ley que implementa el Código de Trabajo[7]. Es que, en la medida que fue considerado un atributo del ser humano, por oposición al trabajo diseñado bajo el pensamiento esclavista, se hizo necesario proteger al trabajador a partir de valores que resultan antagónicos con el mundo de la autonomía de la voluntad[8]. En esto, una vez la persona se incorpora a la actividad que define este derecho bajo la subordinación de otro, queda indefectiblemente vinculado a una regulación de la que no puede disponer libremente.

De ahí que, la plataforma que garantiza su ejercicio enseña que está inspirado en un orden que conecta con la dignidad humana, pero que no es un derecho absoluto. A cambio de respetar su contenido esencial, el legislador puede intervenirlo y regularlo; máxime que, por descansar en todo un andamiaje jurídico configurado en función a principios a considerar insertos en el vínculo que podría surgir, la actividad pervive balanceada con circunstancias previstas en fórmula de derechos que pertenecen a la contraparte o a otros trabajadores del mismo entorno. Sirvan de ejemplo, la necesidad de preservar la seguridad, higiene y salud en el área de la prestación del servicio, así como las disposiciones que dan sentido al poder de dirección del empleador.

De esta manera, la protección que encierra el ejercicio del derecho al trabajo aparece dirigido contra el empleador y los poderes públicos. Al primero le prohíbe comportamientos arbitrarios y discriminatorios, mientras que a los segundos impone el mandato de desarrollar políticas de pleno empleo[9]; esto es, ejecutar tareas para resolver el problema del desempleo y del sub empleo, de cara a satisfacer las necesidades de mano de obra y elevar el nivel de vida de las personas. En fin, garantizar espacios adecuados para que el ser humano alcance cierta plenitud; pues, al ser derecho que conduce a la realización de otros derechos, es valor personal, social y familiar.

Por lo visto, sea una faena independiente o subordinada, se refiere a la facultad que tiene la persona de elegir y ejercer una labor productiva en condiciones dignas. Ahora bien, cuando el derecho se concretiza en la órbita del contrato de trabajo, cargado de obligaciones y deberes recíprocos de las partes, tales como la prestación de un servicio y la ocupación efectiva de las funciones para la cual se ha comprometido el trabajador, ha de ser una actividad mínima y celosamente regulada. En esto, si por alguna razón al trabajador se le impide acceder al trabajo o prestar efectivamente servicios, ciertamente estaríamos ante una restricción de la prerrogativa, cuya validez constitucional sólo estaría sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos y a la debida argumentación; pero, posible es.

[1] SALCEDO CAMACHO, Carlos. En: Constitución Comentada. 2da ed. Santo Domingo: FINJUS, 2013, p.157

[2] Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23.1.  Resolución 217 A (III). Proclamada en París, el 10 de diciembre de 1948.

[3] Organización de Estados Americanos. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Novena Conferencia Internacional Americana. Bogo­tá, 1948.

[4] Asamblea General de Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 6

[5] Organización Internacional de Trabajo. Convenio sobre la política de empleo, núm.122. Artículo 1, segunda parte. Adoptado en  Ginebra, 48ª reunión CIT, 09 julio de 1964.

[6] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-107/02, de fecha 14 de febrero del 2002.

[7] Código de trabajo, Principio Fundamental II

[8]CANTILLANO, Hubert May. El derecho constitucional al trabajo. Revista Jurídica IUS Doctrina, 2011, vol. 4, no 6, p.112. ISSN 1659-3707

[9] SATRUSTEGUI, Miguel. Derechos de ámbito laboral. En: LOPEZ GUERRA, Luis, y otros. Derecho Constitucional. 7ma ed. Volumen I, p 432. Valencia: Tirant Loblanch, 2007. ISBN 978-84-8456-962-6

Por Francisco Cabrera Mata

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