Cuando leí en la prensa la intención de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, doña Milagros Ortiz Bosch, de despejar números incógnitos en las finanzas de los servidores públicos salientes y entrantes entendí de inmediato el espíritu y propósito de la Ley 311-14.
Los límites de esa ley es la que compele a grandes y pequeños, a presidente y expresidentes, a civiles y militares, a empresarios y políticos, a todos funcionarios públicos sin excepción alguna a no pasarse de la raya y transparentar al chele y al detalle su patrimonio.
La referida ley consagra también, «que en la Constitución de la República establece en el numeral 3 de su Artículo 146, la obligación de los funcionarios de presentar declaración jurada de sus bienes y, (…) que a éstos corresponde probar siempre el origen de sus bienes, antes o después de haber finalizado sus funciones (…)«. ¡Más claro de ahí ni el agua!
Sólo falta la voluntad y eficiencia de la Cámara de Cuentas, ya que Ética e Integridad Gubernamental está en consonancia con la Ley 311-14, y por demás se ha expresado enfáticamente a través de su incumbente que están preparados para impulsar toda iniciativa de transparencia según el marco jurídico que lo promueve.
Doña Milagros, ha dejado entrever en diferentes intervenciones públicas, la imperiosa necesidad de diseñar los medios más eficientes de calidad para una rigurosa «verificación de cruce de información de la declaración jurada de patrimonio con la Dirección de Impuestos Internos (DGII), con el registro de títulos y los bancos¨ a los fines de una detección a tiempo, de errores, de inconsistencias, o defraudación.
De manera, que sin querer anticiparme al impacto que produciría estas medidas morales que auspicia el gobierno del Cambio de meter los dedos y la mano en el hígado y en los intestinos a sangre fría de aquellos que han amasado fortuna de la noche a la mañana, sin poder justificar un solo peso, podría ser la hecatombe y el peor dolor de cabeza para ese sector «político» del «olimpo».
Cruzar información, sin lugar a duda daría a conocer misterios; y por eso hay que estar revestido de una enorme voluntad férrea e inquebrantable. Estar dispuesto a contribuir al adecentamiento del erario. Ya que desarraigar los tentáculos de la corrupción pública, es una misión que necesitaría del concurso y respaldo de los poderes fácticos, la sociedad y del Gobierno.
Para nadie es un secreto que en ese tipo de declaración ¨jurada¨ históricamente se tuerce la verdad, algunos la abultan y otros la deprimen, y al final nadie sabe la motivación que lleva a hacer una cosa o la otra.
Sin embargo, por encima a todas estas motivaciones que normaron en el pasado, el Gobierno manda una clara y contundente señal de transparencia a la sociedad dominicana y en especial a todos los funcionarios (grandes y pequeños) a que pongan sus cartas sobre la mesa y además, que administren con juicio y buen orden el patrimonio público, porque de lo contario caerá sobre sus hechos todo el peso de la ley. Es decir, después de que cada funcionario (entrante o saliente) deposite en la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio, esos datos serán comprobados de arriba abajo.
A sabiendas de que «la ley es para darle seguimiento no para guardar el papel, por lo que ahora hay que verificar los documentos entregados por los funcionarios. (Ortiz, 2020).
¡Así sea!