El fallo, publicado este 31 de julio, determina que el Estado mexicano debe procesar, juzgar y castigar «con penas adecuadas» a las responsables de las violaciones de los derechos humanos de Cacho tras revisar el caso que Article 19 le presentó en 2014.
El Estado mexicano debe «ofrecer compensación adecuada» a Cacho y evitar futuras violaciones de los derechos de periodistas y defensores de derechos humanos para ejercer sus derechos mediante la despenalización del delito de difamación y calumnia.
Article 19 dijo que el dictamen «cobra especial relevancia en razón de que se pronuncia a favor de la libertad de expresión» y señala que amenazas, detenciones arbitrarias y torturas como las ocurridas a Cacho «constituyen un ataque» a la misma.
Aseguró la organización que el comité de la ONU «identificó que en México existe un patrón de violencia sexual contra las mujeres detenidas», conductas que de manera regular «quedan impunes».
A Cacho se le acusó en 2005 de los delitos de difamación y calumnia por denunciar en su libro «Los demonios del edén» la existencia de una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes.
Cacho fue detenida en diciembre de 2005 en Cancún, caribe mexicana, por una decena de policías sin que fuera exhibida una orden de captura y llevada a Puebla en un vehículo del empresario textilero Kamel Nacif, señalado en el libro y su principal acusador.
Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales, ser amenazada de muerte de manera verbal y física, recordó Article 19.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en 2007 que no se violaron «de forma grave» las garantías individuales de Cacho y después de 13 años de buscar justicia, solo se ha sentenciado a un policía por tortura y siguen libres los perpetradores e instigadores de las violaciones de derechos humanos, precisó la organización.
«Toda agresión a periodistas en razón de su labor es una agresión contra la libertad de expresión, toda violencia sexual contra mujeres a manos de agentes del Estado no debe quedar impune», destacó la organización.