El Colegio de Abogados inventó una nueva “jurisdicción“ (¿?)

Por Gregory Castellanos Ruano viernes 13 de julio, 2018

“…donde las leyes no gobiernan, no hay república…“
(Aristóteles)

La mercantilización que del Colegio de Abogados ha hecho la diarquía Dr. Miguel Surún Hernández-Dr. Diego José García tiene el siguiente modus operandi: se aprovechan de que entre dos partes exista un litigio, sea penal, sea civil, etcétera, y de que una de las partes considere que un abogado de la contra-parte ha incurrido en una supuesta falta a la Etica, y que ese “querellante“ (¿?) o su abogado conozca al Dr. Miguel Surún Hernández y/o al Dr. Diego José García o sepa de la venta en pública subasta de éstos: de inmediato el más falso de los expedientes es usado como una guillotina contra ése abogado falsamente acusado porque de lo que se trata es de aprovechar el vínculo pagado con el Dr. Miguel Surún Hernández y/o el Dr. Diego José García.

Así, abogados que van ganando un caso o, a lo menos, bloqueando que se cometa una arbitrariedad o una injusticia manifiesta contra su cliente, corren el riesgo de que su contra-parte haga contacto con personajes deleznables como éstos dos para que se les arme un expediente disciplinario artificioso, esto es, falso, para forzarlos a desistir de la defensa de los intereses que representa.

De esa manera les crean un traje artificiosamente para etiquetarlos como peces atrapados en sus redes para la conveniencia del cliente interesado que paga, del abogado de éste y del Dr. Miguel Surún Hernández y del Dr. Diego José García: las redes son precisamente de éstos dos últimos.

Eso está ocurriendo en el Colegio de Abogados que lamentablemente co-dirigen los Dres. Miguel Surún Hernández y Diego José García y para lo cual tienen de eunucos mentales y de títeres instrumentales: al Fiscal disciplinario, el cual responde al nombre de Dr. Ramón Mayobanex Martínez Durán; a la Junta Directiva, compuesta por los eunucos mentales-siervos feudales que responden a los nombres de: Josefina Batista Saviñón, Juan Pérez Roa, Selenne Mercedes, Elsa Alvarado, Ramón Mayobanex Martínez Durán, Robinson Fermín García Reynoso, Trajano Vidal Potentini, Leonardo Reynoso, Isael Rodríguez, Cristina Hernández, Juan Omar García Ovalles (hermano del Dr. Diego José García), Luis Rafael López Rivas; y al Tribunal Disciplinario. La complicidad de todos éstos es más fuerte que cualquier otra virtud.

Es decir, estamos en presencia de algo que le puede ocurrir a cualquier abogado en ejercicio al que ese grupo allí instalado se le ocurra buscar bloquearle el camino de su laboriosidad y ejercicio profesional exitoso.

En realidad, pues, en la falta a la Etica se co-incurre en el seno mismo del Colegio de Abogados por parte del Dr. Miguel Surún Hernández y del Dr. Diego José García y por parte de aquéllas otras personas que co-dirigen dicho Colegio de Abogados al prestarse a ese manejo instrumental interesado y aberrante que patrocinan y motorizan los Dres. Miguel Surún Hernández y Diego José García, los cuales manejan al Ministerio Público y al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados como instrumentos al servicio de sus negocios personales, de su acumulación de dineros: se aprovechan de la estructura judicial del Colegio de Abogados para esa acumulación originaria.

Tal es la economía obscura allí existente. Se trata de todo un núcleo corporativo de naturaleza comercial. Dicha economía obscura se cimenta en el aparato judicial del Colegio de Abogados, cuyas caras visibles son, por un lado, el infame Fiscal títere Dr. Ramón Mayobanex Martínez Durán, y los jueces del Tribunal Disciplinario, aparato judicial este que constituyen la guillotina que exhibe la diarquía Dr. Miguel Surún Hernández-Dr. Diego José García para obtener ganancias para sus bolsillos.

Pero la voracidad de dineros de éstos dos sujetos es insaciable: no les basta con negociar entre ellos y sus compañeritos grupales repartirse el presupuesto del Colegio de Abogados en cargos y empleomanía y ayudas como privilegios: sus ansias y su sed de dineros les quiere hacer llegar hasta el pleno hartazgo. Por eso ahora quieren hacer crecer la empresa, quieren hacer crecer el negocio, quieren maximizar la producción, quieren duplicar la producción, quieren acelerar la producción, quieren garantizarle el producto convenido al cliente que les pague para llenar sus bolsillos en el sentido de que el producto sale ahora más temprano que tarde: de ahí que, como se verá, se pretenda acudir a “la provisionalidad“ (¿?) en tanto sale o hasta tanto salga lo único que debe salir y que es la decisión de fondo.

Estos dos sujetos, que son un alter ego el uno del otro respectivamente: el Dr. Miguel Surún Hernández es un alter ego del Dr. Diego José García; y el Dr. Diego José García es un alter ego del Dr. Miguel Surún Hernández (¡Qué suerte tan lamentable ha tenido el Colegio de Abogados y su imagen con esta cáfila!), éstos dos sujetos, para esos propósitos precedentemente señalados, han modificado el instrumento de forcep en cuestión: han procedido a añadirle a esa guillotina, que exhiben para infundir miedo y sembrar el terror, otra cuchilla adicional.
La cuchilla original funciona en el ámbito de fondo; la otra, la nueva, el invento: la quieren poner a funcionar en el ámbito de “lo provisional“ (¿?). Es decir, ahora se han inventado que supuestamente el Tribunal Disciplinario también tiene la facultad de disponer “medidas cautelares“ (¿?) como la de “suspender provisionalmente“ (¿?) a un abogado del ejercicio de su profesión.

Dicha pretensión es insólita e inédita porque la normativa del Colegio de Abogados (Ley 91de 1983; Decreto No. 1290 ó Código de Etica; y el Decreto No. 1063 ó Estatuto Orgánico) no prevé tal cosa en ninguno de sus artículos y es por ello que nunca, en una nunquidad eterna, desde su creación en mil novecientos ochenta y tres (1983) por la Ley 91, nunca en el Colegio de Abogados se había intentado hacer un despropósito como este contra abogado alguno, nunca en el Colegio de Abogados se había llegado a tal nivel de `truculencia trucutuniana` motorizada por los intereses espurios de los bolsillos de la tristemente célebre diarquía Dr. Miguel Surún Hernández-Dr. Diego José García.

Un abogado sólo es suspendido cuando ése abogado es condenado a la sanción disciplinaria de suspensión y la sentencia que pronuncia dicha suspensión adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; la cual suspensión de un abogado está prevista como pena o sanción disciplinaria, es decir, como castigo disciplinario por el Artículo 73 del Código de Etica (Decreto No. 1290 de 1984) en los Numerales 2, 3, 4, 5, 9 y 11, los cuales, en efecto, prescriben respectivamente:
“CAPITULO VI
SANCIONES
A) Amonestaciones.
B) Disciplinarias.
Art. 73.- Los profesionales del derecho serán corregidos:
…2) Con suspensión de uno a dos meses, en el caso de que injurien a sus colegas por la radio, la prensa u otro medio de publicidad. En este y en los casos previstos en el inciso anterior, no se permitirá al defensor rendir prueba tendente a demostrar la veracidad de lo que hubiere afirmado y se estime injurioso.

3) Con suspensión o amonestación de uno a dos meses, si aconsejaren por malicia o ignorancia inexcusable, la iniciación de un pleito evidentemente temerario que hubiere ocasionado perjuicio grave al cliente.

4) Con amonestación o suspensión de uno a tres meses, si arreglan extrajudicialmente un negocio, en cualquier sentido, con la parte contraria a la que patocinan, sin el consentimiento expreso, escrito y firmado del profesional que defiende a esa parte.

5) Con amonestación o suspensión de uno a cuatro meses cuando sin intervención a un negocio, suministren oficiosamente informes a las partes acerca de la marcha del mismo, o censuren ante aquellas la actuación de los colegas.

…9) Con amonestación o suspensión de uno a seis meses, si se negaren a devolver dentro del término fijado al efecto y sin razón justificada, documentos o expedientes, entregados por las autoridades judiciales para la práctica de alguna diligencia.
…11) En general, con amonestación o suspensión de un mes a un año, si cometieren hechos que comprometan gravemente al decoro profesional.“

Ellos pretenden camuflar semejante acto de solemne vagabundería bajo el título de “medida cautelar“ (¿?), pero lo que se proponen es tan absurdo, tan disparatado y sin la más mínima base legal que dicha ausencia total de base legal queda al desnudo cuando se lee el Auto “habilitante“ (¿?) que dictó el Juez Presidente del Tribunal Disciplinario, Lic. Domingo Arístides Deprat Jiménez; dicho flamante Auto “habilitante“ (¿?) cita como base para conocer de “la medida cautelar“ (¿?) de “suspensión provisional“ (¿?) del ejercicio de la profesión a un abogado nada más y nada menos que al Artículo 82 del Decreto No. 1063-2003 ó Estatuto Orgánico del Tribunal Disciplinario, el cual lo que dispone realmente es nada más y nada menos que lo siguiente:
“ARTICULO 82.- Corresponde al Tribunal Disciplinario conocer y decidir de las acusaciones que sean formuladas contra los miembros del Colegio de Abogados por faltas en el ejercicio de su profesión y por violación a la ley 91 que instituye el Colegio de Abogados de la República Dominicana, del 3 de febrero de 1983, su Estatuto Orgánico, su Código de Etica y las Resoluciones de la Junta Directiva o de las Asambleas Generales, y pronunciar las sanciones correspondientes.“

Es decir, que, tal cual se puede observar, dicho Artículo 82 le atribuye facultad al Tribunal Disciplinario única y exclusivamente “para conocer y decidir de las acusaciones que sean formuladas“ y para “pronunciar las sanciones correspondientes“.

Ni dicho Artículo 82 ni ningún otro artículo de la normativa del Colegio de Abogados faculta al Tribunal Disciplinario a conocer sobre medida cautelar alguna.

Todas las jurisdicciones que disponen medidas cautelares lo hacen porque sus respectivas normativas prevén esa facultad: el Código de Procedimiento Civil prevé la figura de los referimientos; la Ley que rige al Tribunal Administrativo prevé esa facultad; el Código de Trabajo prevé esa facultad; en materia Penal el Código Procesal Penal (CPP) se la otorga al Juez de Atención Permanente; la Ley de la Jurisdicción Inmobiliaria se la otorga al Juez de Jurisdicción Original apoderado del caso; y la Ley 137-11 se la prevé al Tribunal Constitucional. Pero la normativa del Colegio de Abogados no porque eso equivaldría a suspender a un abogado, lo cual sólo puede ser dispuesto a través de un juicio disciplinario y como sanción disciplinaria, es decir, como castigo.

Es evidente que la diarquía Dr. Miguel Surún Hernández-Dr. Diego José García y el grupo mafioso que encabezan y el infame Fiscal disciplinario Dr. Ramón Mayobanex Martínez Durán y los jueces del Tribunal Disciplinario desconocen que haber colocado a los jueces del Tribunal Disciplinario a conocer y a ventilar la “medida cautelar“ (¿?) de “suspensión provisional“ (¿?) de un abogado respecto del ejercicio de la profesión tipifica una serie de infracciones penales, correccionales y criminales, gravísimas cuyos tipos penales persiguen los pies de todos los implicados en tan solemne vagabundería.

De manera, pues, que la referida deleznable y execrable diarquía Dr. Miguel Surún Hernández-Dr. Diego José García pretende gobernar el Colegio de Abogados monárquicamente al no sujetarse a la ley, por lo que hay que recordarles que los gobernantes que no se sujetan a la ley se convierten en déspotas, que los déspotas lo que hacen es oprimir despóticamente, que eso es lo que está haciendo la tristemente célebre diarquía que ellos dos lamentablemente conforman; y que eso de poner a dichos jueces del Tribunal Disciplinario a conocer disque como “medida cautelar“ (¿?) la “suspensión provisional“ (¿?) de un abogado no es más que la expresión más neta de la vulgarización y de la caricatura, de la chabacanería y de la estupidez que ellos dos representan y que sólo el signo del peso que se refleja en los ojos de ellos dos es lo único que explica que hayan llegado a semejante extremo de cometer infracciones penales para instalarle esa otra cuchilla a la guillotina de su co-propiedad.

Les llamo poderosamente la atención a todos y cada uno de los abogados del país para que sepan que en el seno del Colegio de Abogados existe el grupo de mafiosos precedentemente señalado y que esa mafia allí entronizada está, de la manera indicada, amolando otra cuchilla que le ha puesto a la guillotina co-propiedad de la tristemente célebre diarquía Dr. Miguel Surún Hernández-Dr. Diego José García, la cual guillotina éstos dos manejan a su antojo y bajo el incentivo que a sus bolsillos le den partes interesadas para hacer desviar el curso normal de procesos judiciales forzando a abogados a desistir de los legítimos intereses que ellos representan.

Lo que éstos dos sujetos y la peonía a su servicio están haciendo en el seno del Colegio de Abogados no es algo bonito ni ético. Por eso exhorto a todos los abogados del país a que si sufren la desconsideración a que hago alusión en el presente tema no alberguen la más mínima de las dudas en someter penalmente a todo este grupo de mafiosos que se ha enquistado en el Colegio de Abogados desde donde están cometiendo toda suerte de atropellos, entre ellos el de violentar el Principio del Non bis in ídem lo mismo que el atropello aquí señalado de pretender “suspender provisionalmente“ (¿?) a un abogado del ejercicio de su profesión, movidos dichos mafiosos enquistados en el Colegio de Abogados por el interés mercurial de los bolsillos de la execrable diarquía Dr. Miguel Surún Hernández-Dr. Diego José García, bolsillos que han sido estimulados por un socio-cliente del Dr. Diego José García de nombre Luis Obdulio Beltré Pujols.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

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