Los empresarios dominicanos, en su afán y egoísmo de ganar cada vez más y querer dirigir al país como una finca personal, sin reglas ni leyes; se olvidan que el Estado Dominicano es signatario de varios acuerdos internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2010. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos, ratificado en el 2002.
En nuestro país se han producido, a grandes rasgos, tres intentos de independencia. En muchas naciones, aún en las más antiguas y recientes, estos procesos de independencia, se dieron con el propósito de garantizar bienes y derechos para sus ciudadanos. Para lograr desarrollarse, progresar y para que los ciudadanos dirijan su nación, para dividir equitativamente la tierra, tener sus propios bancos, ferrocarriles, fábricas, o sea ser dueños de su destino.
En muestro caso, esos intentos de independencia han fracasado, me refiero al intento de Independencia en 1844, más tarde en 1863 la Restauración y más recientemente la Revolución y guerra patria en abril de 1965. En ninguna de estas ocasiones se ha culminado con las razones consecuentes que la han producido.
O sea, no se ha logrado un estado de derechos para los ciudadanos, no se han distribuido la tierra ni las riquezas de manera equitativa, tampoco se ha obtenido progreso y desarroll0 para las mayorías del país. Incluso los más recientes cambios políticos producidos en Europa, Asia y la transformación de muchas monarquías a repúblicas, se han dado con las características ya enumeradas.
A estas alturas, cuando nos ha costado tanta sangre, sudor y lagrimas, avanzar lo poquito que hemos logrado, nuestros empresarios pretenden quitarnos derechos adquiridos producto de leyes, acuerdos y pactos internacionales. Existe una relación directa entre derechos sociales y democracia, y uno de los derechos sociales más importantes es el derecho al trabajo y la seguridad social.
La directora del Banco Mundial para el Caribe a dicho (miércoles 1-10-014)- que las tendencias en la inequidad y la pobreza no monetaria han mejorado en la República Dominicana, pero el avance logrado en la prosperidad compartida ha sido más lenta que en el resto de la región. Sophie Sirtaine sostuvo que ha habido poca movilidad económica ascendente en los hogares dominicanos.
Evidentemente que lo que corresponde hacer y es ya la realidad en muchos países del Caribe y Centroamérica, precisamente es transformar el Código Laboral y la Ley 87-01 de Seguridad Social, pero para reducir la incertidumbre y la desigualdad social, para renovar los instrumentos de protección, para ampliar su alcance, efectividad y destinatarios.
Nuestros empresarios plantean todo lo contrario, quieren limitar y en otros casos desconocer derechos adquiridos, aumentar el sector informal promoviendo procesos de subcontratación, desconocer el derecho de sindicalización, destruir los sindicatos existentes y mantener bajos los salarios al acomodo de empresas extranjeras.
Pretenden que primero se realice un Pacto Eléctrico, que se reforme la Ley de Seguridad Social y también el Código Laboral, todo a favor de sus intereses y en desmedro de la clase trabajadora, sin que antes se realice una reforma de carácter fiscal que permitiría financiar, no sólo los compromisos citados, sino también todos los demás retos que tiene el Estado Dominicano, en materia de educación, salud, deuda pública/privada y otros ejes de desarrollo en los próximos 20 a 30 años. Se creen tan impunes…