El ciberdelito una actividad rentable en la República Dominicana

Por Miguel Valdemar Díaz

Es innegable el desarrollo tecnológico y científico que ha vivido la humanidad en el presente y pasado siglo. El avance ha sido tan elevado que los logros alcanzados no eran posibles de ser visualizados en el siglo XIX. Invenciones que han permitido elevar la expectativa de vida humana, simplificar innumerables procesos y mejorar la forma en que vivimos. Algunos elementos a ser destacados son: la Invención de las aeronaves; el descubrimiento de la penicilina e invención de los antibióticos; Desarrollo de la electrónica e invención de electrodomésticos;) Energía nuclear o atómica; La invención de los cohetes y la conquista espacial; Desarrollo de la genética y descubrimiento estructura del ADN; y con especial énfasis podemos destacar el desarrollo, invención y masificación de los medios de comunicación y la creación de los ordenadores y consolas de videojuegos.

La globalización y tecnificación de la comunicación que existe en la actualidad nos ha permitido hablar de la red de redes, la interconexión, el internet de las cosas, las redes 5G y la inteligencia artificial. Hoy en día podemos ver posible la realización de una cirugía realizada por un doctor que se encuentra a distancia, siendo asistido de un robot que permita realizar con precisión las acciones necesarias para lograr el éxito en tan importante tarea. Por igual, disponemos de máquinas especializadas que pueden introducirse en nuestro organismo y determinar con amplios detalles la situación actual de uno de nuestros órganos. Por si fuera poco, una prenda centenaria como lo es el reloj, ahora encuentra un vinculo impresionante con la tecnología, donde algunas empresas han logrado que este pueda medir nuestro nivel de sueño, de oxígeno, determinar nuestro ritmo cardíaco, presión arterial y hasta brindar un reporte de electrocardiograma.

Sin embargo, este innegable avance tecnológico ha significado por igual la aparición de importantes riesgos que por igual no fueron previstos por la humanidad. No es para menos que en el 1970 ya advertía Ulrich Beck que la modernidad avanzada, va acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos, y por ello afirmaba que en la antigüedad la palabra «riesgo» tenía en el contexto de esa época la connotación de coraje y aventura, no la de la posible autodestrucción de la vida en la Tierra. La creación de estos desarrollos tecnológicos por igual ha creado un nivel de dependencia elevado de la humanidad en la tecnología.

Hoy en día no imaginamos una vida sin energía eléctrica, sin internet, sin celulares, sin computadoras. Pensemos en un momento en nuestras actividades diarias, de trabajo, de ocio e imaginemos que los elementos antes mencionados desaparecieran, ¿Sería posible mantener nuestro estilo de vida? Ante tal situación, el animo de lucro desmedido del ser humano y la tendencia al crimen ha encontrado un campo muy significativo y es el espacio que ofrece la tecnología. Bajo esta necesidad actual el delincuente ha encontrado en los medios tecnológicos una oportunidad de oro para desarrollar sus actividades y obtener de forma ingeniosa mayores recursos o lograr sus objetivos.

Así como hablábamos de la posibilidad de lograr realizar una cirugía de forma remota, nos enfrentamos a la triste realidad de que se pueda realizar un asesinato a distancia, con solo alterar la programación de un marcapasos o desconectar a distancia el ventilador que mantiene artificialmente respirando a una persona convaleciente.

Ante dicha realidad los distintos países del mundo han hecho uso del Derecho Penal como mecanismo de control de las actividades peligrosas y lesivas que son desarrolladas en los nuevos entornos creados por la ciencia y la tecnología. Respecto de esta realidad global, la República Dominicana no ha sido la excepción. En el 2007 se promulgó la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Se llamó así, debido a que para la fecha resultaba una propuesta legislativa vanguardista y de modelo a seguir en Latinoamérica, dicha ley contemplaba como delitos electrónicos situaciones que permitían adecuar la mayoría de las conductas lesivas a los verbos típicos de la precitada norma.

Luego de la promulgación de la ley 53-07, recordamos que fueron creados organismos como la Procuraduría Especializada de Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC) y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT). Organismos que tuvieron en su momento importantes logros en la persecución del Ciber Crimen.

Pese a lo antes enunciado muchas personas se preguntan si en un país tercermundista como el nuestro contamos con los insumos necesarios para perseguir esta modalidad tan sofisticada de delitos. Un país donde el uso de herramientas tecnológicas escasea, pese a los esfuerzos de la pasada gestión de gobierno con el plan de República Digital y los de estas con la tecnificación de la formación educativa y profesional.

Las preocupaciones no son para menos, ya que el Foro Económico Mundial (WEF) recientemente alertó sobre el aumento del cibercrimen, destacando que las empresas globales sufrieron un promedio de 270 ciberataques el pasado año, un 31 % más que en 2020, y aquéllos que tuvieron éxito costaron a las compañías víctimas unos 3.6 millones de dólares. Si a esto sumamos los continuos casos de ciber estafas, de extorsiones y suplantación de identidades digitales, la lista de daños aumenta.

Sin embargo, es mi deber destacar que la República Dominicana cuenta con un nivel tecnológico adecuado para enfrentar el ciberdelito. En diversos estudios realizados en conjunto con la Escuela Nacional de la Judicatura y el programa Glace Plus + de la UE, pude verificar a fondo las herramientas con las que cuenta la PEDATEC y el DICAT, lo cual fue muy sorpresivo, ya que la realidad que se vive en las distintas provincias no refleja dicho nivel tecnológico.

Ahora bien, si contamos con herramientas tecnológicas avanzadas ¿por qué el ciber delito resulta una actividad rentable hoy en día en la República Dominicana? A más de 15 años de haberse promulgado la ley 53-07, el nivel de formación tecnológico que evidencian los oficiales, fiscales y personal de apoyo en las distintas dependencias fuera del distrito nacional de los entes de persecución son muy mínimos. Los profesionales bien instruidos, y sus importantes equipos no dan abasto para cubrir todo el territorio nacional y la mayoría de los ciberdelitos cometidos en el país.

El cibercrimen en la República Dominicana no es el más sofisticado de la región, actividades simples y descuidadas quedan prácticamente impunes en nuestro país por las deficiencias del sistema en su abordaje y persecución. Algunos ejemplos son las constantes ciberestafas realizadas por redes sociales y plataformas digitales. No es un secreto que Samaná se ha vuelto famosa por las constantes estafas por alquiler de villas. Por igual que operan desde las cárceles “call centers” dedicados a realizar llamadas telefónicas haciéndose pasar por empresas y bancos con el objetivo de obtener información personal o entregas de fondos.

Otro dato que no es un secreto, son los famosos “poteadores” quienes se dedican al “sextorsión” obteniendo inmensurables cantidades de dinero día a día. ¿Por qué afirmo que los ciberdelincuentes dominicanos no son los más sofisticados? En todas estas infracciones comunes, que dan tanto dolor de cabeza a los dominicanos, cuentan con un mismo modus operandi, la designación de una cuenta bancaría individualizada donde piden el deposito o transferencia del dinero, la utilización de números de teléfonos u ordenadores sin disfrazar el IP o celda desde donde se realizan las llamadas o se envían los mensajes, inclusive a veces realizados desde equipos personales registrados bajo el propio nombre de los perpetradores.

Muchas de las victimas de ciberestafa en la República Dominicana suelen afirmar que no creían que una persona que, dé su cédula de identidad, su cuenta de banco y su número de teléfono se prestaría a realizar un delito, ya que de inmediato podría ser apresado. Sin embargo, la realidad es distinta, aún con estas informaciones los casos quedan impunes, debido a un factor muy importante: la burocratización de las agencias de persecución, quienes dan el mismo tratamiento a estos delitos como si fueran delitos comunes, donde en estos el factor tiempo es vital en la persecución. Por demás, la falta de conocimiento en la identificación de los medios de prueba, evidentemente, en este tipo de delitos no contaremos con una prueba testimonial que demuestre la ocurrencia de los hechos, sino que las evidencias a utilizar se encuentran por lo general en el propio entorno digital.

Cuando por fin se logra ser una víctima afortunada y se consigue el sometimiento a la justicia de los perpetradores, se evidencia la realidad de que en muchos de los casos no se da el tratamiento adecuado a las evidencias digitales. Se suele alterar por falta de pericia las evidencias, logrando inconsistencias mínimas que son utilizadas por una defensa técnica sagas que logra su exclusión del proceso, otro factor es el inicio de la persecución en tiempo inoportuno, lo que permite que las evidencias más fuertes del delito se hayan diluido y el proceso no cuente con un estándar de prueba suficiente.

En estos últimos días se ha hecho eco la sociedad y los medios de comunicación de una operación a gran escala, titulada: “Operación Discovery” realizada por el Ministerio Público en colaboración con agencias de investigación de los Estados Unidos. Lo enunciado en hechos por la “Operación Discovery” hace alusión a situaciones que siempre estuvieron en el ojo de la sociedad y que nunca habían sido perseguidas. Hoy que son perseguidas, la investigación de entrada adolece de las mismas criticas que ocurren con estos tipos de casos. La falta de manejo adecuado de las evidencias digitales, la correcta identificación de las victimas (dado de que se trata de procesos de acción pública a instancia privada) y la falta del uso de las herramientas idóneas para la determinación de las conductas típicas imputadas. Puesto que, no solo basta la identificación de los perpetradores, sino también la adecuada instrumentación de un proceso penal que garantice al final de cuentas la condena de quien haya infringido la norma.

En conclusión, pese a contar con una ley que tiene más de 15 años, la misma resulta suficiente para la persecución del cibercrimen en la República Dominicana, sin embargo, de nada vale contar con importantes herramientas si al final no las sabemos o usar o si quienes saben usarlas no cuentan con la capacidad de cubrir la mayoría de los casos que día a día laceran a nuestra sociedad y hacen del ciberdelito una actividad lucrativa e impune en la República Dominicana.

 

Miguel Díaz 

 

 

 

 

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